
El Banco Mundial, en un informe elaborado junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señala que más del 80% de la población venezolana en el Perú se encuentra económicamente activa. Además, precisa que más del 30% cuenta con estudios superiores y experiencia profesional, lo que refleja una alta capacidad de inserción en el mercado laboral peruano.
Según el informe “Un encuentro de oportunidades: la movilidad humana de Venezuela y el desarrollo del Perú” indica que el 70% de esta población está en edad de trabajar y una de cada tres personas cuenta con estudios universitarios.
El análisis del Banco Mundial y ACNUR estima que los venezolanos en el país aportan cerca de US$530 millones anuales a la economía nacional, cifra equivalente al 1.3% del Producto Bruto Interno (PBI). Este dato se enmarca en el impacto económico que genera su participación activa en distintos sectores.
Asimismo, el informe detalla que por cada sol invertido por el Estado peruano en esta población, se genera un retorno fiscal de S/2,6. Laura Almirall, representante de ACNUR en el Perú, señaló que “estos datos ayudan a mirar la integración con más evidencia, pero el valor de una persona refugiada no se mide solo por su aporte económico. Cuando accede a documentación, educación, salud y empleo, puede reconstruir su vida y contribuir a la comunidad que la acoge”.
Con esto se puede entender mejor cómo se integran las personas refugiadas, pero que su valor no debe reducirse a lo económico. También resalta que tienen acceso a derechos básicos y al rehacer sus vidas pueden portar a la sociedad que los recibe.
ACNUR indica que alrededor de 7.9 millones de venezolanos salieron de su país en busca de protección y mejores condiciones de vida, de los cuales 6.7 millones permanecen en América Latina y el Caribe. Este flujo migratorio posiciona a la región como principal espacio de acogida.
En el caso peruano, residen aproximadamente 1.64 millones de venezolanos, quienes acceden al empleo formal, el emprendimiento y la estabilidad económica como mecanismos para integrarse. Según el informe, estas condiciones permiten su participación activa en las comunidades de acogida y la reconstrucción de sus proyectos de vida.
El informe destaca que gran parte de esta población se encuentra en edad de trabajar y con altos niveles de formación, lo que favoreció su inserción en sectores como comercio y servicios.
Sin embargo, también evidencia la necesidad de fortalecer la formalización laboral y el reconocimiento de estudios profesionales, ya que muchos migrantes con educación superior no logran ejercer plenamente sus carreras.
Asimismo, indica que la integración de esta población no depende solo del empleo, sino también del acceso a la regularización migratoria. Precisa que con ello se podría reducir situaciones de vulnerabilidad y facilita una participación más estable en la sociedad.





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