
Según el Código Civil peruano, las deudas bancarias prescriben después de 10 años, contando desde el momento en que se pudo exigir el pago de la deuda. Al cumplirse este plazo, el acreedor ya no podrá iniciar acciones legales para recuperar el monto adeudado.
La prescripción se presenta como una herramienta legal que salvaguarda los derechos de los deudores, lo que proporciona un entorno de seguridad jurídica que facilita la planificación de su situación económica. Este mecanismo no solo otorga claridad a los deudores, sino que también actúa como un estímulo para que las entidades financieras realicen sus procesos de cobranza de forma adecuada y eficaz.
Después de un período de diez años sin que el acreedor haya tomado acciones legales para reclamar una deuda, el deudor puede presentar una solicitud ante un tribunal para que se declare la prescripción de la misma. Si el juez aprueba esta petición, la deuda se considera extinguida legalmente, lo que exime al deudor de cualquier responsabilidad de pago relacionada con dicho compromiso financiero.
Es crucial entender que, a pesar de que una deuda pueda extinguirse legalmente, su rastro puede permanecer en el historial crediticio del deudor. Esta circunstancia puede tener un impacto adverso en su calificación financiera, lo que complicaría la obtención de nuevos créditos o servicios bancarios por un tiempo adicional, según las normativas de las entidades de riesgo. Por esta razón, es esencial que los deudores conozcan no solo sus derechos legales, sino también las repercusiones prácticas que esto conlleva en su perfil crediticio.
Por otro lado, el Código Civil detalla una serie de bienes que están exentos de embargo, incluso en casos de deudas verificadas. Es fundamental que los ciudadanos se familiaricen con estas regulaciones para entender sus derechos patrimoniales y reconocer cuándo un procedimiento de embargo podría estar infringiendo la legislación actual. Los activos que no pueden ser embargados son:
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La función del Código Civil peruano es regular las relaciones jurídicas entre las personas dentro del ámbito del derecho privado, lo que establece normas que rigen los derechos y deberes de los ciudadanos en sus vínculos personales y patrimoniales. En concreto, el Código Civil del Perú cumple con las siguientes funciones principales:
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