La pérdida de áreas de sembríos en sus valles y la progresiva reducción de la fuerza laboral agrícola en Lima agravan la vulnerabilidad alimentaria de la capital peruana, que luego de alcanzar picos de pobreza en 2023 solo puede abastecer al 3% de su población con cultivos propios, revela un nuevo estudio de la ONG Cesal, realizado en alianza con el Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo (Ecosad).
La investigación, elaborado bajo un enfoque MuSIASEM (Análisis Integrado Multiescala del Metabolismo Social y Ecosistémico) con el apoyo financiero del Ayuntamiento de Madrid en el marco de su proyecto Ciudades Sostenibles, señala que la capital peruana es "altamente dependiente" de la oferta alimentaria que llega desde el interior del país, pues solo genera en sus tres únicas cuencas (Rímac, Chillón y Lurín), el 3% de los alimentos que consume. El 97% restante llega desde otras regiones.
El estudio se desarrolló en la cuenca baja del río Rímac y la microcuenca baja del río Huaycoloro, al que se suman estudios similares realizados por Ecosad, junto a Rikolto y la Red de Agricultura Ecológica (RAE), en las cuencas de los ríos Lurín y Chillón, obteniéndose un análisis completo de los tres valles.
La reducción permanente del suelo agrícola es el resultado de la alta especulación inmobiliaria, los cambios de zonificación y las ocupaciones ilegales, los cuales son, entre otros, los principales problemas que enfrentan los valles productivos de Lima. Es así que, en la cuenca baja del río Rímac, ha ocurrido una marcada reducción del 58% de la producción agrícola total en el distrito de Lurigancho.
Esto explica, en buena medida, la vulnerabilidad alimentaria de Lima, en donde vive poco más del 30% de la población del país y donde la pobreza, según el INEI, creció en el año 2023 al 26,4%. Debido a este déficit, la provisión de alimentos se encuentra a merced de las importaciones, los intermediarios o en riesgo frente al cierre de carreteras por problemas ambientales o conflictos sociales. A ello, habría que sumarle la escasez de productos debido al cambio climático, que obligaría a las regiones a reducir sus envíos de productos a la capital para garantizar el suministro propio.
Otro aspecto clave es la disminución de la fuerza laboral agrícola de la metrópoli, la cual está migrando hacia el sector servicios. Por este motivo, el número de trabajadores del agro en Lima Metropolitana hoy representa menos del 1% de su PEA ocupada. Del mismo modo, el estudio alerta de un incremento exponencial en el uso de fertilizantes (90% importados) que gatillan el precio de los alimentos.
“Un estudio desarrollado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) revela que la inseguridad alimentaria en el Perú bordea el 50%. Es en base a ese diagnóstico que, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), se está trabajando una política de seguridad alimentaria nutricional para fortalecer nuestros sistemas alimentarios sostenibles y reducir esta inseguridad alimentaria en la población hacia un periodo del 2050”, menciona José Luis Alarcón, especialista de la Dirección General de Políticas Agrarias de Midagri.
Para corregir esta situación, el estudio, único en Lima, plantea trabajar bajo un enfoque colaborativo, multisectorial, que asegure la participación de las comunidades y se adapte a las características de cada cuenca, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de sus sistemas alimentarios.
En las cuencas bajas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín existen Plataformas Multiactor del Sistema Alimentario, lideradas por instituciones locales y conformadas por todos los actores del sistema. El estudio resalta que las ollas comunes y los comedores populares son aliados de gran importancia en la promoción del consumo de la producción local en los valles, la generación de hábitos alimenticios saludables y la prevención de la anemia infantil, además de “garantizar a muchas familias de escasos recursos económicos el acceso a la alimentación”.
“Como parte de las iniciativas comunitarias, se han implementado biohuertos verticales en ollas comunes para fomentar una alimentación saludable y el autoconsumo en estos espacios. También se realizan las ventas directas de la chacra a la olla, con lo cual se logra la recuperación económica de los productores y que las ollas puedan acceder a productos saludables a un precio justo. Estas iniciativas comunitarias pueden ser trasladadas a cualquier territorio ya que muestran resultados y son sostenibles”, comenta Paola Cárdenas, coordinadora de procesos urbanos de Cesal.
Cabe precisar que los vecindarios alimentarios tienen el potencial de generar “anexos alimentarios” saludables que conecten con cadenas cortas a los productores, los comerciantes y los vecinos.
“Proyectos como el de Cesal son importantes porque logran conectar actores del sistema alimentario: productores, el municipio, academia, entre otros, con actores productivos y hacer iniciativas como la venta directa de la chacra a ollas comunes. Ese tipo de acciones busca superar las limitaciones que tiene el propio sistema alimentario”, destacó Alain Santandreu, Presidente Ejecutivo del consorcio Ecosad.