Casi un año después de que el Tribunal Constitucional resolviera condonar los millonarios intereses generados por empresas que logran llevar sus controversias tributarias ante el Poder Judicial, la nueva conformación de la Quinta Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema podría empañar aún más los procesos en este tipo de conflictos e inclinar la balanza para los malos contribuyentes.
La Sala se creó en noviembre del 2020 para atender temas tributarios y aduaneros que llegan al Poder Judicial cuando, dentro de las administraciones (Sunat o Tribunal Fiscal), subsiste algún tipo de controversia por parte de las empresas. Es en esta etapa en la que una empresa, en caso se excedan los plazos previos, puede tramitar la condonación de intereses generados por la deuda impaga.
El problema se da el pasado 4 de enero, cuando se establece una conformación que incluye a tres jueces provisionales de los cinco que integran la Sala, quienes carecerían de la especialización requerida en el cargo.
Para el gerente de asuntos legales y regulatorios de Comex, Jaime Dupuy, esta conformación resta predictibilidad sobre cómo resolver temas tributarios y podría “incrementar el nivel de conflictividad”.
Dupuy explica que una tribunal idóneo “resolverá de manera justa a favor de una u otra parte”, pues pueden darse controversias con “empresas que, sin mucha causa, llevan sus casos ante el Poder Judicial”. Pero también pueden existir fallos administrativos “desproporcionados que deberían corregirse y sentar precedente”.
“Se afecta tanto al contribuyente como a la administración cuando no tienes jueces especialistas en materias concretas de derecho aduanero o tributario. Salen fallos no homogéneos o poco sustentados, es un elemento negativo para el sistema de administración de justicia, que es relevante para promover las inversiones”, resalta Dupuy.
El exministro de Justicia Francisco Eguiguren coincide en que, aun cuando los jueces inferiores que ocupan estas salas tengan experiencia, la provisionalidad ha sido un problema de larga data en el país, esta vez en un escenario que complica negativamente la emisión de fallos ante los reconocidos retrasos a nivel de Tribunal Fiscal.
“Hay demasiadas salas por el volumen de causas. Son demasiados casos que llegan a la Corte Suprema y no hay suficientes magistrados titulares. Entonces, la provisionalidad es algo que se debe superar, pero hace más de 20 años seguimos hablando de lo mismo”, acusa.
Los cinco magistrados de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Transitoria son Ulises Yaya Zumaeta (presidente), César Proaño Cueva, Yuri Pereira Alagón, Yenny Delgado Aybar y Luis Gutiérrez Remón.
Cuando un contribuyente pierde una controversia tributaria con Sunat, puede llevar el caso ante el Tribunal Fiscal, donde se tardan hasta 6 u 8 años. De volver a perder, puede llevarlo al Poder Judicial, donde los intereses de su deuda impaga son condonados.
El MEF cuestionó en su momento la decisión del TC, pero no aumentó el presupuesto para aliviar los plazos en el Tribunal Fiscal.
“Sunat demanda muy poco y selectivamente, pero con buen fundamento. Los contribuyentes demandan mucho, pero con débil fundamento”, explica un extitular de la Sunat.
Francisco Eguiguren, exministro de Justicia
“Los plazos se han ido reduciendo a favor del contribuyente. Cuando un proceso demora más que eso en el contencioso administrativo, ya no se puede cobrar intereses a la empresa”.
Jaime Dupuy, gte. Asuntos Legales Comex
“No solo las grandes empresas, sino cualquier contribuyente que no esté de acuerdo con el pronunciamiento fiscal de la administración puede llevar el caso a la Sala, incluso mypes”.