145.000 repartidores de aplicativo ganan menos de S/1.025

Una de las grandes deudas del Gobierno es la regulación del servicio de reparto a través de los aplicativos móviles. La República advirtió hace meses que 9 de cada 10 conductores se sienten desprotegidos porque desconocen cuál es su vínculo con estas empresas.

Un informe de Fairwork en Perú brinda más nociones sobre un problema poco explorado: 145.000 personas, entre motorizados y conductores, reciben un salario por debajo del mínimo (S/1.025) pese a trabajar más de 50 horas semanales.

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Se normalizó el abandono

El estudio visibiliza las condiciones en las que operan los conductores de las apps de delivery y taxi más demandadas: Uber, Cabify, Didi, InDrive, Didi Food, Rappi, PedidosYa, InDrive Entregas, Urbaner y Chazki.

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Ninguna de estas empresas cumplen con los cinco pilares que, para Fairwork, deben regir este nicho: salarios, condiciones, contratos, gestión y representación justa.

Apenas la transnacional Cabify y la peruana Urbaner garantizan contratos justos a sus motorizados, ya que con una semana de anticipación avisan sobre los cambios que harán en sus términos y condiciones con un “lenguaje de fácil comprensión”; además de detallar la gestión y tratamiento de datos para identificar a su personal.

No obstante, las apps de delivery siguen en falta y dejan a su personal fuera del sistema de protección social y laboral; por lo cual urge regular adecuadamente al sector.

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Alejandra Dinegro, investigadora principal del proyecto Fairwork en Perú, recuerda que no existen datos oficiales sobre el universo de repartidores y conductores en aplicativos, y los 145.000 mencionados responden solo a Lima metropolitana.

“Hay un sentimiento de orfandad. Las plataformas deben demostrar protocolos para ayudar a los trabajadores. Se exigen condiciones justas como el compromiso (de la empresa) para mitigar riesgos o darles capacitación o seguros”, comentó para La República.

Dinegro recordó que un motorizado gana en promedio S/0,70 por kilómetro y S/1,20 por pedido, y están a merced del criterio de las empresas, las cuales pueden seguir reduciendo las tarifas unilateralmente.

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No es una prioridad su regulación

Paul Véliz, secretario de Organización y Defensa del primer Sindicato Nacional de Trabajadores de Plataformas Digitales del Perú (Sintrapladi), considera frustrante no tener un espacio para reclamar que se respeten —o establezcan— derechos. “Simplemente, tenemos que seguir trabajando y pasar la página”, dijo a Fairwork durante la presentación del reporte.

El también motorizado asegura que su consigna no es alejar a las empresas de delivery del mercado peruano, sino que sean justos en el trato.

La Comisión de Trabajo en la anterior legislatura aprobó un proyecto de ley que fija beneficios como CTS, vacaciones, pensiones y seguro a los repartidores de estas apps, además de establecer cuotas para grupos dependientes e independientes. Dinegro señaló que falta una segunda opinión de la Comisión de Economía, mas la de Trabajo actual puede avanzar pese al silencio, aunque “ahorita la prioridad son otros temas”, lamentó.

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Sindicato se creó sin apoyo del Congreso

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo brindó hace unos días el permiso para la inscripción del Sindicato Nacional de Trabajadores de Plataformas Digitales del Perú (Sintrapladi Perú). Son casi 7.000 personas las que integran esta agrupación.

Harvey Buitrago, secretario general de este frente, reconoció que no fue un camino fácil, y ahora buscan que las empresas atiendan su pedido para restaurar las tarifas, que anteriormente estaban entre S/1,60 y S/1,50. “No se requirió del Congreso para lo del sindicato pese a que se tocaron puertas”, complementó Dinegro.

La palabra

Alejandra Dinegro, investigadora principal de Fairwork en Perú

“Muchos de nosotros vemos a estos jóvenes, pero nadie sabe dónde trabajan y quiénes son sus jefes (...) Hay un sentimiento de orfandad. Se exigen condiciones justas como el compromiso para mitigar riesgos”.

Cifras

• S/0,70 por km y S/1,20 por entrega ganan los repartidores.
• 90% de los motorizados desconoce la naturaleza de su vínculo laboral.