El congresista Américo Gonza, de la bancada Perú Libre, propone autorizar a los afiliados el retiro de hasta el 70% de sus fondos en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) con el objetivo de mitigar los efectos de las crisis económica. Además, se precisa que la rentabilidad de las AFP ha sido negativa en los últimos años, lo cual no garantiza que los afiliados tengan una pensión digna.
Con esta se suma la cuarta propuesta legislativa que tiene por objetivo abrir el paso a un séptimo retiro de las AFP. Cabe precisar que Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, señaló en una entrevista a La República, que aprobar un nuevo retiro de los fondos previsionales sería irresponsable.
"Hablar de un séptimo retiro extraordinario es contradictorio, sobre todo en un contexto en el que ya no estamos en una crisis pandémica (...) Si se retiran estos fondos, va generar más dinero para los que tienen trabajo y por ende, va a aumentar la inflación, que terminará afectando a los que no tienen fondos por retira. El efecto sería completamente contrario a lo que se busca", opinó Ferrini.
El PL 4378 plantea que el procedimiento de retiro sea mediante solicitudes dirigidas a las AFP. El pedido se podrá formular desde los 30 días hasta un año de entrada en vigencia de la norma. El afilado podrá elegir la forma de desembolso, ya sea en una sola armada, ya sea prorrateada en partes.
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) deberá aprobar y difundir el procedimiento operativo para el retiro por parte de los afiliados de sus fondos de pensiones en el plazo de 15 días de promulgada la norma.
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“La propuesta de liberar hasta el 70% de los fondos de cada afiliado a las AFPs se basa en que la economía, a la fecha, presenta signos de contracción, es decir, que el incremento de la inflación por encima de 8,5%, que se traduce en un incremento de precios de los alimentos, bienes y servicios (…), haciendo fuerte la necesidad de contar con recursos económicos que permitan a la población afrontar el aumento de precios (...)”, señala el documento en la exposición de motivos.
La propuesta legislativa fue presentada el viernes 3 de marzo y debe pasar por la evaluación de las comisiones del Congreso antes de su debate y votación en el Pleno. De aprobarse, la norma podría ser observada por el Ejecutivo, para lo cual tiene un plazo de 15 días.