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Economía

Gobierno asumiría S/4.875 millones por morosidad en Reactiva Perú

Proyecciones. Monto de default esperado del programa crediticio disminuyó en más de la mitad frente a la anterior previsión del MEF. Actualmente, los préstamos garantizados por el Estado superan los S/28.742 millones.

larepublica.pe
MEF y BCRP evalúan la extensión del periodo de gracia de Reactiva Perú, indicó el titular del Produce. Foto: Composición

Producto de la pandemia de la COVID-19, el Poder Ejecutivo creó -desde el 2020- diversos programas crediticios con garantía estatal para apoyar a las empresas más afectadas, con el objetivo de evitar que se rompa la cadena de pagos en la economía nacional.

Así, en total el Gobierno aprobó garantías hasta por S/76.500 millones entre todos sus programas implementados. Sin embargo, a la fecha, se mantiene un aval de S/28.970 millones, siendo Reactiva Perú el que más destaca, ya que concentra el 99% (S/28.742 millones), según detalla el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2023-2026 publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Asimismo, de acuerdo a la Dirección General del Tesoro Público y la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado del MEF, a junio del 2022, el monto potencial de honramiento que tendría que cubrir el Gobierno nacional por las garantías otorgadas alcanzaría los S/4.931 millones, equivalente al 0,6% del producto bruto interno (PBI) del Perú.

Kurt Burneo

Arturo García, profesor de Finanzas de ESAN Graduate School of Business, explica que los cerca de S/5.000 millones sería lo que tendría que asumir el Estado por el no pago de los créditos otorgados.

Sin embargo, a diferencia de las proyecciones previas del MEF, el monto de default ha disminuido en más de la mitad, pues anteriormente se esperaba un honramiento estimado de S/11.406 millones en todos los programas garantizados, según el MMM para el periodo 2022-2025.

Default por programa

Reactiva Perú fue el programa más ambicioso que lanzó el Gobierno para apoyar a las empresas con un fondo de S/60.000 millones con aval del Estado, de los cuales se usaron alrededor de S/58.000 millones.

Tras dos años de haberse implementado el programa crediticio, a junio de este año, el monto garantizado del total de la cartera de créditos superó los S/28.742 millones. Del total de número de empresas beneficiarias (433.975), 85,3% cuenta con garantía del 98% en los préstamos concedidos, y el 96,5% son micro y pequeñas empresas.

Además, las reprogramaciones de los créditos otorgados ascendieron a S/15.713 millones (49,9% del saldo de cartera total); de este monto, S/14.404 millones cuenta con garantía del Gobierno nacional, beneficiando a 128.181 empresas.

Asimismo, el MEF ha estimado que, del total de default, unos S/4.875 millones serían por morosidad en Reactiva Perú, el cual considera los créditos reprogramados y no reprogramados. Además, a junio del 2022, ya se honró S/2.005 millones de los préstamos.

“Estamos hablando de un 8,5% de Reactiva, que es menor al que estimaron inicialmente. El MEF estimó que podría haber un no pago de entre el 10% al 15%; se sabía que era un costo que el Estado iba a asumir porque era una medida para evitar quiebras masivas de empresas”, apuntó García, quien señaló que esta menor previsión se debe también a las facilidades que se les ha dado a las empresas para pagar, como son las reprogramaciones.

En el FAE-Agro, el monto garantizado del total de la cartera de créditos ascendió a S/22,5 millones (96% del total de S/23,4 millones). En este caso, se espera una pérdida probable máxima de S/6,5 millones.

En tanto, en el PAE-Mype el monto garantizado del total de la cartera de créditos ascendió a S/205 millones (95,5%) del total de S/214,7 millones; estimándose un monto de default de S/6,5 millones.

Finalmente, en el Programa de Garantías COVID-19, se prevé un default de S/3,5 millones. En este caso, el monto garantizado del total de la cartera de créditos fue de S/29,6 millones (27.986 beneficiarios).

Se buscará recuperar la deuda

De acuerdo al MEF, el default estimado no implica la pérdida final y real que el Estado afrontará por el programa, ya que se procederá a recuperar las deudas. Ante un escenario de incumplimiento, el primer frente de acción es la gestión activa de recuperación y cobranza que efectúa la entidad financiera.

Luego de que las entidades agotaron todos los esfuerzos posibles, proceden a su castigo e informan al Cofide a fin de honrar las garantías emitidas por el crédito.

Luego del honramiento de las garantías a través del Cofide, se continúa con un proceso activo de recuperación por parte del Estado, con lo cual la pérdida real asumida resultaría menor debido a las recuperaciones logradas.

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