A fines de julio, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) modificó varios artículos de la Ley de Relaciones Colectivas con el fin de repotenciar la actividad sindical.
De esa manera, se apunta a facilitar la afiliación de la mano de obra en organizaciones, garantizar el ejercicio de la huelga y la negociación colectiva que, pese a estar reconocidas en el artículo 28 de la Constitución como una obligación estatal, son —en la mayoría de casos— resistidas por las grandes empresas que operan en nuestro mercado.
El abogado laboralista Javier Mujica explica que la tasa de sindicalización en el Perú llegó a superar el 20% a principios de los años noventa; sin embargo, con las políticas instauradas del régimen de Alberto Fujimori, la labor sindical fue perdiendo fuerza al virar hacia los intereses del gran empresariado.
Así, la tasa de afiliación sindical peruana, que actualmente oscila entre el 5% para el sector privado y 13% para el público, está alejada del 16% que recomienda la OCDE, grupo al que el Perú pretende ingresar (ver infografía).
“El uso abusivo de la contratación temporal y liberalización de condiciones para despedir trabajadores se dan para disciplinarlos e impedir que se organicen sindicalmente. Hoy, 7 de cada 10 trabajadores están vinculados a un contrato temporal. Estos se renuevan constantemente, pero cuando alguien pide un aumento o se integra a un sindicato, corre el riesgo de perderlo”, dijo Mujica a La República.
El experto advierte que los contratos temporales no son perjudiciales siempre y cuando se aplique a actividades de esa naturaleza, y lamenta que se le haya sacado la vuelta a la ley.
Entre las consecuencias de la desnaturalización de los vínculos laborales encontramos el estancamiento de las remuneraciones reales para los empleados y, por ende, una mano de obra barata, mientras que, del otro lado, la riqueza de las empresas continúa creciendo, menciona el abogado laboralista Adolfo Ciudad.
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“Solo 5 de cada 100 trabajadores pueden ejercer la sindicalización. Eso no es democracia ni aquí ni en ningún país. Y, de 1.800 convenios colectivos registrados en 1988, aproximadamente tenemos 300 al 2020. No cubre ni al 3% de los trabajadores. Ahora que se quiere modificar el modelo, saltan”, expuso.
Diversos gremios empresariales —entre los que destaca la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de Exportadores (ADEX)— se retiraron del Consejo Nacional del Trabajo (CNTPE) y no retomarán el diálogo con los trabajadores y el Gobierno hasta que no se derogue el decreto que nutre a los sindicatos, así como el que elimina la tercerización laboral en actividades nucleares de una empresa, dado que “no tienen soporte en la ley, la Constitución y acentuarán la rigidez de la regulación laboral”.
En esa línea, Confiep presentó una queja al MTPE ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque esta misma entidad ha ratificado que es una obligación garantizar el correcto ejercicio de las libertades y el respeto por los derechos.
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El abogado laboralista Ricardo Herrera alega que la decisión unilateral del MTPE atenta contra el principio de jerarquía normativa, seguridad jurídica e incluso el derecho a la resolución de conflictos en las empresas, ya que —por ejemplo— ahora solo los trabajadores podrán acudir al arbitraje.
“Se está siguiendo una agenda de la CGTP que es tan condenable como una agenda Confiep (…). Los contratos temporales abundan, sí, creo que muchos contratos están desnaturalizados, pero es tarea de Sunafil verificarlos. Responde ello a una situación: el empleador teme a la estabilidad laboral porque la desvinculación es sumamente rígida”, refirió.
La congresista Adriana Tudela (Avanza País) presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto el decreto que nutre la actividad sindical. “Si bien el derecho a la huelga y sindicatos son reconocidos, estos no son absolutos. Se tienen que ponderar con otros derechos como la libertad de trabajo y empresa. El problema es la calidad de la regulación. Creemos que este (DS) genera mayor inseguridad e desincentivos a la contratación formal”, argumentó para La República.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, Sigrid Bazán (Cambio Democrático), manifestó su respaldo al fortalecimiento sindical. “Algunas empresas no quieren cumplir y no lo vamos a permitir. Tenemos que hacer respetar la ley le guste o no le guste a la derecha”, adelantó.
Javier Mujica, abogado laboralista
“La mentalidad empresarial es poco moderna. Creen que los sindicatos son factor de conflictividad y no un medio. Hay cierto sector que los considera peligrosos haciéndoles la vida imposible”.
Ricardo Herrera, abogado laboralista
“Hay falta de integridad al no ser concertada porque iba a discutirse en el CNTP (...). Los contratos temporales abundan, sí, creo que muchos están desnaturalizados, pero es tarea de Sunafil verificarlos”.
Infografía La República
Infografía La República
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