Cusco: Vuelve a frustrarse diálogo por el bono de 1.000 soles en Espinar
Autoridades, organizaciones sociales, minera Antapaccay y comitiva del Ejecutivo debían reunirse ayer, pero los viceministros decidieron no viajar a Yauri debido a la continuidad de las protestas. El paro ya dejó un herido de bala y perdigones, así como daños materiales a bienes de las mineras Antapaccay y MMG Las Bambas.
José Víctor Salcedo.
El diálogo se volvió a suspender en Espinar para resolver el paro indefinido por el bono de 1.000 soles a cada uno de los electores de esta provincia cusqueña. La comisión de siete viceministros, la Alta Comisionada para el Corredor Vial Sur y el secretario de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) decidió no viajar a Yauri, capital espinarense, para reunirse con autoridades y dirigentes de organizaciones sociales.
Ayer por la mañana, la comitiva del gobierno central decidió suspender su viaje de Cusco a Espinar, porque “los diferentes actores no han llegado a un acuerdo para que el proceso de diálogo se desarrolle con la comisión de alto nivel”.
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Según el comunicado que sacó la PCM, también tomaron conocimiento “que diversas organizaciones de la sociedad civil desconocen a la comitiva de alto nivel enviada por el Gobierno. Además, sostienen que “se recibió información que dichas organizaciones han convocado a bloqueos y manifestaciones, lo cual va en contra del compromiso de paz social”.
La cita se debía desarrollar en el local del colegio Coronel Ladislao de la ciudad de Yauri, capital de esta provincia. Al inicio había dudas sobre el inicio de las conversaciones, porque las organizaciones habían pedido la llegada de una comisión de alto nivel, integrada por ministros y presidida por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.
La población demanda la entrega del bono usando dinero del Convenio Marco, un fondo económico constituido por el aporte “voluntario” de la minera Antapaccay del 3% de sus utilidades anuales para “obras y proyectos de desarrollo sostenibles” en los 8 distritos de Espinar.
Así empezó el conflicto
En 14 de mayo pasado, el Comité de Gestión del Convenio Marco, ente que administra los fondos y que está integrado por 8 miembros (7 representantes alcaldes y dirigentes, y uno de la minera), aprobó por mayoría el uso de 50 millones de soles para la entrega de un bono de 1.000 soles a cada elector.
El dinero, dijeron, servirá para que las familias puedan afrontar la crisis provocada por la pandemia en sus economías. El representante de Antapaccay, Livio Paliza, y luego el gerente general Carlos Cotera, se mostraron en contra de la propuesta de bono bajo el argumento de que esta “no cumple con la finalidad del convenio”.
La minera sostiene que entregar dinero en efectivo está lejos de cumplir la finalidad del convenio y “resta recursos a proyectos de desarrollo sostenible ya aprobados”. Los 50 millones de soles representa el 38% del monto total de los 31 millones de soles que la minera ha comprometido para ejecutar proyectos de inversión. La minera alega que el dinero del fondo está comprometido, pero las organizaciones sociales plantean que se deje sin efecto para disponer el dinero para el dar bono.
El presidente del Comité de Lucha, Rolando Condori, y el vicepresidente de ese grupo, Fredy Llayque, precisan que los espinarenses están en su derecho de disponer ese dinero. Desde aquel 14 de mayo hubo varias reuniones para implementar el bono a través del “proyecto mejoramiento de las capacidades socioeconómicas de las familias” en los 8 distritos de Espinar. Antapaccay propone el plan “Reactiva Espinar” con iniciativas que considera “más sostenibles y eficaces” para mitigar el impacto del COVID-19.
“Reactiva Espinar” consiste en la entrega de alimentos, medicinas y Equipos de Protección Personal (EPP), reactivación de comedores populares, microcréditos con cero por ciento de interés para empresarios y emprendedores, entre otros.
Las otras demandas
El vicepresidente del Comité de Lucha, Fredy Llayque Llayque, dice que la demanda de Espinar no se limita a la entrega del bono sino también incluye la reformulación de los términos del Convenio Marco, rechazo al proyecto de ampliación Integración Ccoroccohuayco de Antapaccay, atención médica a las personas afectadas por metales pesados, etc. Esa es su plataforma de lucha completa.
De igual forma, reclaman la revisión del proyecto minero Integración Ccoroccohuayco. Cuestionan la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA) del proyecto minero.
El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el MEIA en diciembre de 2019 sin considerar a las comunidades de influencia directa e indirecta del proyecto. Además, la aprobación se dio días después de que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) asumiera el compromiso de aplicar la consulta previa para continuar con el proyecto cuprífero.
Un tercer pedido es la atención inmediata a toda la problemática de afectación por metales pesados. La demanda viene desde el 2012. Aquel año de la Digesa un análisis detectó la presencia de 23 metales y minerales, de los cuales el arsénico, hierro, manganeso y aluminio se encontraban con una concentración mayor a la establecida por el Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano de la Digesa y por el Estándar de Calidad Ambiental (ECA).
Dos años antes, el 2010, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) analizó la exposición a cuatro metales altamente tóxicos: arsénico, mercurio, plomo y cadmio. El 100% de la población evaluada tenían niveles por encima de los permitidos de los metales mencionados, pero estos resultados se conocieron el 2012.