El 30% de conflictos sociales en Perú surgen por la defensa al agua
Sector minero. A octubre, existen 184 conflictos latentes en el país, de los cuales el 43% están ubicados en las regiones del sur como Arequipa, Cusco y Puno. Éste último por el litio. ¿Qué soluciones se proponen ante esta problemática?
El 2019 ha sido un año de picos de conflictos sociales vinculados a la minería: en marzo se retomó la huelga contra el proyecto minero La Bambas (Apurímac), para agosto, iniciaron las protestas contra Tía María (Arequipa), y en noviembre, contra el proyecto minero Quellaveco (Moquegua).
Pero dichos proyectos son solo algunos. En Perú, sólo entre mayo y octubre, se registraron 11 nuevos conflictos. Así, en total - según información de la Defensoría del Pueblo - se tienen registrados 184 conflictos, de los cuales, el 43% está ubicado en la macroregión del sur (Ica, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Moquegua y Tacna).
Si se analiza los motivos de dichas problemáticas, José De Echave, investigador de CooperAcción, señala que el 30% de los 184 conflictos están directamente relacionados al recurso hídrico: por ejemplo, en Áncash - la región que lidera el ranking de conflictividad social -, el 44% de proyectos mineros estaría afectando el agua.
En su último Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, CooperAcción también recuerda que pese a que proyectos como Conga (Cajamarca) están paralizados, las poblaciones siguen vigilantes para evitar su reactivación. En este proyecto, las poblaciones apelaron a la protección de sus fuentes de agua. En Moquea, con Quellaveco, la población de Tumilaca también pidió la paralización del proyecto de cobre ante la posible contaminación del río Asana.
Caso en Lima
La región Lima que cuenta con el mayor número de población es a su vez la segunda con mayor producción de plomo a nivel nacional. El 43,3% de su territorio está concesionado y la mayoría de sus conflictos vinculados a la minería, tiene relación con el derecho al agua.
El reciente caso reportado es el proyecto minero Ariana, que - según la organización - afectaría toda la infraestructura que abastece de agua a las 10 millones de personas que viven en Lima y Callao. El caso ha sido denunciado y aunque la empresa a cargo del proyecto ha descartado una posible afectación al recurso hídrico, una jueza constitucional dictaría su sentencia en las próximas semanas.
Concesiones con Consulta
En medio de la propuesta para que se elabore una nueva Ley de minería - y que tiene aceptación del Gobierno y hasta un documentos presentado por los Gobiernos Regionales del sur -, la Organización manifiesta que debe plantearse una política “con carácter de urgencia” de ordenamiento territorial, para evitar que se sobrepongan concesiones mineras con la propiedad de comunidades indígenas y nativas, o zonas arqueológicas.
Asimismo, señalan que la nueva ley del sector extractivo debe contemplar la realización de la Consulta Previa para el proceso de concesión. Hoy sólo se realiza dicho proceso para la etapa de explotación.
Asimismo, indican que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene pendiente revisar el real costo - beneficio de los beneficios tributarios al sector minero. Subrayan que la reciente aprobación de un decreto de ugencia que amplía la devolución del IGV a las exploraciones mineras no ayudan “realmente” a incentivar dicha actividad.
