Senmache afirma que no hubiera aceptado el Mininter si no confiara en la inocencia de Castillo

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, manifestó que cree en que el presidente Pedro Castillo es inocente de los delitos que se le imputan, luego de que el último 29 de mayo el mandatario fuera incluido por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en la investigación preliminar del caso Puente Tarata III, junto con algunos congresistas de Acción Popular denominados ‘Los Niños’ y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

Al ser cuestionado en Exitosa si creía en la inocencia del jefe de Estado, Senmache respondió: “Yo sí creo. Si yo estuviera convencido de que el presidente esta involucrado (en actos de corrupción), yo no hubiera aceptado (el cargo como ministro del Interior)”.

Además, consideró que los investigados del entorno de Castillo Terrones deberán responder por los actos que se les acusa, y que no debieron ingresar a la Casa de Pizarro.

“Hubo personas que no debieron pisar Palacio de Gobierno, pero la historia está clara, esta persona (Zamir Villaverde) y el secretario general (Bruno Pacheco) están siendo investigados porque se les halló 20.000 dólares. Ahora están siendo investigados, tendrán que probar las fuentes del dinero y lo que se les imputa”, añadió.

Al presidente Pedro Castillo se le investiga por presuntamente haber cometido los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, por lo que el 17 de junio ha sido citado por la Fiscalía para tomar sus declaraciones acerca de su supuesta vinculación con Juan Silva, Zamir Villaverde y Karelim López.

Senmache considera que la Fiscalía es responsable por la fuga de Silva

Senmache explicó que, pese a que la resolución de detención del investigado fue emitida el 4 de junio, “por estrategia fiscal” se decide remitir el documento el 6 de junio a la Policía. Por ello, los agentes del orden no pudieron retener a Silva, ya que no conocía la orden judicial y, de haberlo capturado o seguido, hubiesen violado la ley.

“Desde nuestra visión, hay una responsabilidad que debería estar sentado acá también el Ministerio Público para informar por qué se demoraron dos días en avisar a la Dircocor. Por qué no —teniendo todas las pruebas— más bien de pedir un pedido de videovigilancia, ya tenían los audios, ya tenían la transcripción. Por qué no pidieron al juez la orden de descerraje, de detención de la persona. El allanamiento se tiene que hacer con una orden. Esa orden la tiene que pedir el Ministerio Público”, dijo en Latina.