“Paquetazo ambiental”: facultades de Keiko Fujimori abren alerta por retrocesos en protección ambiental y derechos indígenas

El borrador del pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo de Keiko Fujimori prepara para enviar al Congreso encendió las alarmas entre especialistas ambientales y organizaciones indígenas. La propuesta plantea cambios que, bajo el argumento de destrabar inversiones, podrían reducir controles, flexibilizar evaluaciones y debilitar salvaguardas para áreas naturales protegidas, territorios indígenas y ecosistemas estratégicos.

Aunque el documento aún no es definitivo y podría modificarse antes de llegar al Parlamento, el capítulo ambiental propone otorgar facultades para modificar reglas sobre certificación ambiental, reducir plazos, simplificar procedimientos, aplicar el silencio administrativo positivo y revisar las restricciones para actividades económicas dentro de áreas naturales protegidas.

Para los especialistas consultados por La República, estas medidas profundizarían una tendencia de flexibilización iniciada hace más de una década. José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, sostiene que la propuesta no plantea un verdadero equilibrio entre inversión y protección ambiental. "Inclina la balanza para que supuestamente las inversiones fluyan", afirmó.

Según explicó, desde 2013 distintos gobiernos han impulsado reformas para reducir la llamada "permisología", pero estas terminaron debilitando estándares ambientales e institucionalidad.

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Menos controles

Uno de los puntos más cuestionados es la incorporación del silencio administrativo positivo en procedimientos ambientales. La medida permitiría que, si la autoridad no responde dentro del plazo previsto, determinadas solicitudes puedan considerarse aprobadas.

Para el abogado ambientalista Richard O'Diana, trasladar esta figura al ámbito ambiental supone un riesgo porque podría favorecer actividades económicas sin una evaluación suficiente de sus impactos.

"El silencio administrativo es una figura válida para simplificar procedimientos, pero en materia ambiental tiene otro cariz porque busca proteger un bien común, que es el medio ambiente", explicó.

De Echave advirtió además que, según una de las versiones del borrador, este mecanismo podría alcanzar instrumentos de gestión ambiental vinculados con proyectos ubicados en áreas naturales protegidas, territorios indígenas o zonas con restos arqueológicos. "Eso es realmente un despropósito y además nos aleja de las recomendaciones de la OCDE", señaló.

Otra observación recae sobre la propuesta de exigir "evidencia científica objetiva y clara" para restringir actividades dentro de áreas protegidas. Para O'Diana, esa redacción debilita el principio precautorio, que permite prevenir daños ambientales antes de que exista certeza absoluta sobre sus efectos. "Si no hay información clara, se va a privilegiar la actividad privada", advirtió.

"Es luchar entre la vida y la muerte"

Las preocupaciones no se limitan al plano jurídico. Desde los territorios indígenas, las organizaciones temen que una mayor flexibilización facilite el ingreso de actividades extractivas y aumente los riesgos que ya enfrentan quienes defienden sus comunidades.

Olivia Bisa Tirko, lideresa del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, afirmó que el eventual "paquetazo ambiental" significaría "más extractivismo, más contaminación y más impunidad contra el ambiente y, por consecuencia, contra la vida de los pueblos indígenas".

La dirigente brindó estas declaraciones desde Washington, donde participa junto a otras cuatro lideresas amazónicas en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las amenazas que enfrentan las mujeres indígenas por el avance de economías ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala y el tráfico de tierras.

Bisa sostuvo que las comunidades ya enfrentan asesinatos, amenazas y criminalización de defensores ambientales, y advirtió que una mayor flexibilización normativa podría agravar ese escenario. "Para nosotros es luchar entre la vida y la muerte. El bosque, los ríos y el territorio son nuestra vida", afirmó.

En la misma línea, Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), cuestionó que temas de esta magnitud sean regulados mediante delegación de facultades. "La delegación de facultades tiene carácter excepcional. Las normas que nos van a regir deben debatirse públicamente", sostuvo.

Aunque el borrador no modifica expresamente la Ley de Consulta Previa, Ruiz Molleda y O'Diana coinciden en que la reducción de plazos podría afectar mecanismos de participación ciudadana vinculados a proyectos extractivos, como las audiencias públicas y la evaluación de estudios de impacto ambiental.

Riesgo de más conflictos

Los especialistas advierten que una menor protección ambiental podría traducirse en mayor conflictividad social. De Echave recordó que más de la mitad de los conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo son de naturaleza socioambiental y alertó que una menor protección de territorios y derechos indígenas incrementaría las tensiones.

O'Diana añadió que reducir controles no resolverá los problemas que hoy retrasan las inversiones y consideró que el Estado debería fortalecer los mecanismos de participación y el trabajo con las comunidades antes que flexibilizar estándares ambientales.

Aunque el pedido de facultades aún puede modificarse antes de llegar al Congreso, el debate ya está abierto. Para especialistas y organizaciones indígenas, lo que está en discusión no es solo la agilización de inversiones, sino el alcance que tendrá la protección de los territorios y de una institucionalidad ambiental que, advierten, viene debilitándose desde hace más de una década.