Condenan a exjefe policial por cobrar cupos de hasta S/200 para no reportar infracciones de efectivos en Puno
José Gutiérrez aprovechó su cargo como jefe del grupo Halcones de la PNP en Juliaca para exigir pagos indebidos a efectivos bajo su mando, a cambio de no reportar sus presuntas faltas ante la Inspectoría General.
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El Poder Judicial condenó, en primera instancia, a seis años de prisión efectiva a José Gutiérrez, exjefe del grupo Halcones de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Juliaca, región Puno, tras determinar que exigió el pago de cupos a sus subordinados a cambio de no reportar sus presuntas infracciones ante la Inspectoría General.
Según la investigación fiscal, Gutiérrez solicitó en noviembre de 2019 sumas de S/50 y S/200 a los efectivos bajo su mando para no registrar las faltas, incurriendo en el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno (Segundo Despacho).
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Pruebas implican a exjefe policial en el cobro de cupos a su personal
El fiscal adjunto provincial Juan Elías Jamachi Cueva presentó durante el juicio oral las declaraciones de uniformados sobre los cobros formulados por el acusado. Asimismo, estos testimonios fueron corroborados con otros elementos probatorios que permitieron acreditar su responsabilidad penal.
El representante del Ministerio Público también verificó que las sanciones disciplinarias impuestas por el sentenciado fueron posteriormente anuladas por la Inspectoría de la Policía Nacional por carecer de sustento, lo que permitió concluir que su conducta estuvo orientada a obtener beneficios económicos mediante el ejercicio indebido de su función.
Exjefe policial no irá a prisión hasta que la pena sea confirmada en siguiente instancia
Según la Fiscalía, si bien la pena para Gutiérrez es efectiva, su ejecución quedó suspendida de manera provisional hasta que la resolución sea confirmada en segunda instancia. No obstante, durante este periodo el condenado deberá cumplir de forma obligatoria estrictas reglas de conducta. Además, se le impuso seis meses de inhabilitación y el pago de S/10.000 de reparación civil a favor del Estado.
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