Días de furia en Piura: “¡Febre no murió, lo mató el Estado!”

El asesinato de Víctor Febre, alcalde de Veintiséis de Octubre, en la región Piura, y las muertes de otras 51 personas, la mayoría de ellas por sicariato, desataron una ola de protestas no solo en las calles, sino también a través de distintas plataformas digitales.

También, desde el corazón de la ciudad, estalló este 27 de mayo una noticia que remeció a la Policía Nacional en la zona norte del país: el comando de la PNP pasó al retiro al coronel Julio Garcés Solano, jefe de la División de Investigación Criminal de Piura.

Dicho oficial deja el cargo en medio de cuestionamientos por las investigaciones en curso sobre casos relacionados con muertes violentas que no han sido esclarecidas.

Mediante la Resolución Directoral N.° 2026, el coronel Garcés pasó a la situación de retiro.

PUEDES VER: Detectives siguieron la pista digital para capturar a presuntos asesinos del alcalde Víctor Febre

La medida fue resuelta tras las duras críticas surgidas durante el avance de las pesquisas sobre el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle.

Pese a que ya hay seis detenidos, este homicidio calificado aún no ha sido esclarecido totalmente, pues los presuntos autores intelectuales permanecen libres. “¡Febre no murió, lo mató el Estado!”, dijo, indignado, uno de sus hermanos.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que no se habría solicitado a tiempo una orden de detención preliminar, pese a la confesión preliminar de uno de los sicarios detenidos implicados en el atentado.

Esta situación ha generado alarma entre la población debido al incremento de hechos delictivos y asesinatos por encargo registrados en Piura durante los últimos meses.

La noche del último domingo, Sergio Joel Ojeda Córdova (33), jefe del staff técnico de la reconocida agrupación musical Hermanos Chapoñay, fue asesinado en la UPIS Pueblo Libre (Veintiséis de Octubre). La víctima fue interceptada y atacada a balazos por delincuentes a bordo de una motocicleta mientras realizaba compras en una bodega.

A pesar de que los peritos de criminalística y la Policía de Homicidios acudieron al lugar para iniciar las investigaciones, el entorno de la víctima teme que el caso quede en el olvido debido a un repentino freno en las diligencias.

Ante esta situación, el abogado de la familia, José Luis Mejía, exigió un cambio radical en el manejo de la investigación.

El lunes y el martes demandó directamente al exjefe de la Divicri Piura, coronel Julio Garcés Solano, mayor empeño, rapidez y celeridad en los procedimientos orientados a capturar a los responsables del homicidio.

Detalló que, si bien el lunes se avanzó con la visualización del celular de la víctima, la declaración del hermano mayor del occiso y el interrogatorio a los testigos, la indignación de la familia creció tras confirmarse que las autoridades no programaron ninguna diligencia para el martes ni el miércoles.

Desde el Ministerio del Interior señalaron que "no se puede permitir que el crimen organizado le gane terreno a las instituciones".

El caso de la médica pediatra Minoska Pinto Lazo tampoco ha sido esclarecido plenamente.