Tres policías son condenados por abuso de autoridad tras agredir a ciudadanos en San Juan de Lurigancho: pagarán reparación civil de S/44.000
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial comprobó que las detenciones fueron arbitrarias y sin justificación legal, con agresiones durante el traslado.
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Tres efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron sentenciados por abuso de autoridad tras comprobarse que detuvieron de manera arbitraria y agredieron físicamente a cuatro ciudadanos en la Comisaría Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió el 16 de febrero de 2021 y fue acreditado por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.
El fallo judicial impuso un año de prisión suspendida a los policías Jhon Alarcón, Christian Acosta y Elvis Salcedo, además de su inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo. Asimismo, deberán pagar una reparación civil de S/ 44.000 a favor de las víctimas: Vladimir y Augusto Valencia, así como los hermanos Adrián y Augusto Gutiérrez.
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Fiscalía argumentó que ciudadanos fueron intervenidos sin justificación legal
Según la investigación fiscal, a cargo del fiscal adjunto Rubén Anicama Medina, los ciudadanos fueron intervenidos sin justificación legal y posteriormente golpeados durante su traslado y permanencia en la dependencia policial.
Además, los agentes omitieron registrar la detención, manteniéndolos retenidos de forma irregular hasta la madrugada del día siguiente.
¿Qué sanciones recibe un policía por abuso de autoridad en el Perú?
En el Perú, el delito de abuso de autoridad está tipificado en el artículo 376 del Código Penal y se aplica a todo funcionario o servidor público, incluidos los efectivos policiales, que, abusando de su cargo, cometen actos arbitrarios en perjuicio de terceros. La norma establece una pena de hasta tres años de prisión o, de manera alternativa, la prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación para ejercer función pública, sanción que queda a criterio del juez según la gravedad del hecho.
En la práctica judicial, la pena no siempre implica cárcel efectiva. Cuando no existen agravantes ni antecedentes, los jueces suelen imponer prisión suspendida; sin embargo, si el abuso de autoridad va acompañado de violencia, lesiones u otras vulneraciones graves de derechos fundamentales, el caso puede derivar en delitos más graves, lo que eleva considerablemente la sanción penal y puede conllevar varios años de prisión efectiva.
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