Minería ilegal en Loreto ahora capta y explota a mujeres
Terror e impunidad. En la cuenca del Nanay, mujeres de comunidades se ven obligadas a trabajar en los campamentos mineros a falta de oportunidades. Muchas sufren abusos que no denuncian porque el Estado no está presente.
La República en GoogleEn la cuenca del río Nanay, a varias horas de Iquitos, en la región Loreto, se registra una guerra no declarada entre la minería ilegal y las mujeres de comunidades nativas como Seis Hermanos. Ellas sufren las consecuencias de las actividades ilegales que contamina sus aguas y tierras, y que además las exponen a la violencia, explotación sexual y exclusión, mientras el Estado permanece ausente.
Un reciente estudio de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) llamado Oro Sombra, revela que desde hace años, a causa de la minería ilegal, en Loreto se vive una crisis social, ambiental y de género.
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Desde el año 2000, la fiebre del oro comenzó a ganar terreno en la cuenca del Nanay, una zona formada por los ríos Pintuyacu, Nanay y Chambira, alentada por la creciente demanda internacional del metal.
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Hoy, al menos 41 infraestructuras mineras ilegales (dragas) operan en esta región, y con ellas llegaron el mercurio, la violencia, la contaminación, la informalidad y la trata de personas que agravan la situación de las comunidades locales.
Explotación y silencio
La minería ilegal ha transformado la vida de las mujeres y niñas en esta cuenca. Muchas son madres solteras o jóvenes sin alternativas económicas, que se ven forzadas a aceptar trabajos en condiciones precarias, como cocineras o ayudantes en los campamentos. Reciben pagos ínfimos en oro, muchas veces a cambio de soportar propuestas de explotación sexual encubiertas.
“Les ofrecen hasta tres gramos de oro por noche a cambio de atender a un grupo de hombres, lo que equivaldría entre 570 y 690 soles. Estas mujeres, especialmente las madres solteras, se ven obligadas a aceptar este tipo de trabajos debido a la extrema necesidad económica y la falta de otras alternativas laborales en la comunidad”, detalla el informe.
De acuerdo al estudio, los casos de abuso rara vez se denuncian, ya que la comunidad más cercana a un puesto policial está a dos horas de viaje por río, y no existe ningún caso registrado oficialmente en las plataformas del Ministerio de la Mujer.
campamento. Se estima que en los alrededores de la cuenca del Nanay operan al menos 41 dragas que extraen oro. Estas contaminan las aguas. Foto: Gisella Valdivia / DAR
Abandono del Estado
Sobre el tema, Iris Olivera, coordinadora del Programa de Derechos de DAR, advierte que la minería ilegal en el Nanay se presenta como una opción aparentemente ventajosa, pero en realidad genera una economía paralela con altos costos sociales, económicos y ambientales para las comunidades.
“Digo ‘supuestamente’ ventajosa porque no lo es. Esta economía informal hace que los precios suban en la zona y que los riesgos aumenten aún más”.
Olivera denuncia el abandono del Estado en las zonas afectadas. Señala que no existen registros oficiales sobre acciones de prevención, atención o monitoreo de parte del Estado, ni siquiera en las bases de datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
“Lo que queremos evidenciar es que, si bien han habido intervenciones para frenar la minería ilegal desde el enfoque del orden público, no hay ninguna respuesta articulada frente a los impactos diferenciados que esta actividad tiene sobre las mujeres, que también son población vulnerable”, precisa.
En ese sentido, criticó la ausencia del MIMP, que no ha implementado mecanismos de atención específicos para mujeres expuestas a la violencia, explotación o riesgo en estos territorios.
“Por ejemplo, la participación del Ministerio de la Mujer con un mecanismo de atención a esta población vulnerable es prácticamente inexistente”.
Ante ello, la investigadora solicita al Estado que incluya la lucha contra la minería ilegal en la agenda pública nacional, y que esta se aborde con enfoque de género y derechos humanos.
A esto se suma una educación deficiente y pobreza extrema. Los jóvenes, al no encontrar opciones educativas o laborales, terminan atrapados en la explotación de la minería ilegal.
Iris Olivera indica que en la zona se ha identificado un 70% de deserción escolar en el nivel primaria, mientras que en secundaria la cifra se eleva a 80 %. “Esto quiere decir que, de cada diez estudiantes, solo dos logran continuar con la secundaria, mientras que los otros ocho abandonan sus estudios de forma definitiva”, precisa.
Asimismo, señala que las oportunidades para continuar con estudios técnicos o superiores son casi inexistentes. “Quienes deseen acceder a una formación técnica deben desplazarse al menos tres horas para llegar al instituto más cercano. Es una situación que refleja claramente las condiciones estructurales que enfrenta esta población, tanto hombres como mujeres”, concluye.
