El crimen organizado, un peligro para la sociedad y la vida democrática
Mininter, PJ, MP y PNP se comprometen a resolver medidas limitativas en 6 horas, reforma constitucional para incluir a bandas criminales en detención de 15 días, que laboratorios de criminalística atiendan pericias en menos de 24 horas, e impulsar modificaciones al Código Penal para establecer penas más efectivas contra la extorsión y delitos conexos.
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Las autoridades del Ministerio del Interior, Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía Nacional firmaron un acuerdo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en todas sus modalidades.
El entendimiento extiende la importancia de la reciente promulgación de la norma que establece mecanismos de protección a víctimas de extorsión, como la reserva de identidad, el botón de pánico antiextorsión y el patrullaje estratégico policial.
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Son siete puntos clave que buscan soluciones eficaces para la planificación y la ejecución de operaciones de inteligencia. “Nos permitirá ser más efectivos en el desmantelamiento de organizaciones criminales y el blanqueo de capitales”, dijo el hasta ahora Mininter, Carlos Malaver.
Asimismo, destacó la publicación del estudio ‘Cobro y silencio: la dinámica de la extorsión en el Perú’, elaborado por ese sector. Este documento profundiza el análisis de esta modalidad criminal, sus características, expansión territorial y la respuesta institucional frente a este delito.
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Por su parte, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, nombrado nuevamente coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, celebró los acuerdos alcanzados, al señalar que permitirán viabilizar acciones conjuntas contra las extorsiones no solo en el transporte público, sino también en otros sectores económicos del país.
Los acuerdos suscritos
En la mesa de trabajo que se realizó en el Ministerio del Interior se acordó resolver medidas limitativas en un plazo máximo de 6 horas. Asimismo, proponer una reforma constitucional que permita incluir a las bandas criminales en el plazo de detención de 15 días.
También disponer que los laboratorios de criminalística de la PNP atiendan las pericias en casos de extorsión y sicariato en un plazo no mayor a 24 horas, e impulsar modificaciones al Código Penal para establecer penas más efectivas contra la extorsión y delitos conexos.
Otros de los acuerdos fue incorporar al armero de la PNP (oficial o suboficial) como personal certificado para emitir informes técnicos sobre la operatividad de armas de fuego y municiones; atender con celeridad los casos de detención judicial en flagrancia por extorsión y sicariato y, finalmente, realizar una nueva reunión de seguimiento el 18 de octubre de 2025.
La reunión contó con la participación del viceministro de Orden Interno, Maxfredid Pérez Rodríguez; del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro, Juan Mendoza Abarca; del director nacional de Orden y Seguridad de la PNP, teniente general PNP Samuel Peralta; así como de otras altas autoridades del sistema de justicia.
“Mayor desborde criminal”
Rubén Vargas, exministro del Interior, criticó la gestión gubernamental de la seguridad ciudadana, calificando la situación actual como “el mayor desborde criminal de toda nuestra historia”.
En una entrevista para El Constructor, programa informativo de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), detalló que la violencia actual se diferencia de épocas pasadas y se alimenta principalmente de las economías ilegales, como la cocaína, la minería ilegal y el contrabando, que movilizan unos 15 mil millones de dólares anualmente, y de la violencia urbana, manifestada en extorsiones que usan sicarios para amedrentar a sus víctimas.
Para revertir esta crítica situación, Vargas planteó la necesidad de “ordenar la casa” en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, recuperar el principio de autoridad, asignar “presupuestos frescos” y priorizar la inteligencia policial enfocada en el crimen organizado.
Además, instó a fortalecer la colaboración entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, revisar y derogar la legislación que favorece al crimen organizado -como la que ha debilitado la colaboración eficaz y la pérdida de dominio-, y establecer alianzas con operadores de telefonía y bancos para cerrar las vías de extorsión.
Un punto crucial es controlar los penales, evitando que funcionen como lo que llamó los “call center de las extorsiones”.
