Caso suboficial Cuba Lara: ¿qué pasará con los conductores que cobren pasaje a policías en Perú?

El pasado 7 de octubre, un video viral en redes sociales generó la indignación de miles de usuarios al observar cómo un conductor de un bus de transporte público era detenido por más de nueve policías que llegaron inmediatamente luego de que la suboficial de la Dirección de Turismo de la Policía Nacional (PNP), Judith Cuba Lara, los llamara para intervenir el vehículo porque no quiso pagar su pasaje de S/2.

José Villafuerte, el chofer de la empresa Urano Tours, indicó que le negó el pase libre —de acuerdo a ley— al efectivo tras un "supuesto trato" que habían realizado sus colegas junto con los transportistas. Según comentó, esta decisión se habría tomado conjuntamente a raíz de las muertes y a la falta de resguardo policial ante los crímenes ocurridos contra sus compañeros.

Tras el incidente, el conductor fue trasladado a la comisaria de Montserrat, donde estuvo detenido alrededor de 28 horas por presuntamente haber incurrido en los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad al no acatar la Ley N.° 26271, norma que establece el pase gratuito para efectivos de la PNP y a miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Este hecho causó las discrepancias de especialistas sobre si la Policía debería continuar con el beneficio de pase libre en un sector que atraviesa una grave crisis de inseguridad por el incremento de extorsiones y asesinatos. La República se contactó con el abogado Ciro Cancho, especialista en defensa jurídica penal, quien analizó el paso de una intervención desproporcional con base en la Constitución Política del Perú.

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¿Sanción o delito?

Ciro Cancho Espinal, aclaró que a pesar de que la ley es criticada debido al contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa el país, la norma aún está vigente y se debería respetar. Sin embargo, el incumplimiento de este conlleva un proceso administrativo, más no a una detención.

"Por un lado, puede discutirse un proceso administrativo, por ejemplo, que la policía levante un acta, una papeleta para la imposición de una multa o suspensión contra el conductor. Por el otro, la policía afectada, a quien se le obligó a pagar su pasaje, llame a sus colegas para que detenga al chofer, es una conducta completamente cuestionable, censurable", expuso.

El especialista aclaró que la "desobediencia a la autoridad", según especifica el artículo 368 del Código Penal, para que se tipifique como un delito como tal tendría que requerir una resolución judicial o administrativa dirigida a un ciudadano para que se pueda cumplir una respuesta en un plazo determinado, pero si no se realiza una manifestación, este "podría ser pasible de investigación por desobediencia a la autoridad".

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En ese sentido, detalló que el escenario de detención al chofer por impedirle el pase libre a la suboficial Cuba Lara está en discusión, porque según la "comisión de delitos se estaría cometiendo secuestro y abuso de autoridad".

"Privar a una persona sin razón, sin motivo fundado, porque aquí no existe motivo fundado que se esté cometiendo un delito en flagrancia es secuestro. Y el otro delito, posible de discusión, vendría a ser abusó de autoridad... Las únicas dos razones para quitar o privar la libertad a una persona es si está cometiendo un delito en flagrancia o cuando hay un orden judicial debidamente motivado por un juez magistral", sostuvo el especialista.

Detención excesiva

Ciro Cancho explicó que una detención de 28 horas es desproporcional porque "visiblemente no había cometido ningún delito". Además, puntualizó que según el procedimiento, la PNP debió dar parte a la Fiscalía.

"Los policías están obligados a dar cuenta al Ministerio Público, como defensor de la legalidad. Debieron proceder con el control de legalidad y haberlo dejado (a Villafuerte) en libertad rápidamente... No había ningún rastro de delito para que sea detenido en flagrancia, sino de una infracción administrativa. Entonces, la Fiscalía debió darle libertad inmediatamente", agregó.

El penalista acotó que dadas las circunstancias que estamos viviendo, en donde la Policía está muy involucrada en muchos actos de corrupción, criminalidad, considera que no merece ningún pase libre, pero que ello debe regir a partir de una reforma o derogación de ley por parte del Congreso de la República.

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