Sunedu: APP busca reelección exprés del Consejo Directivo bajo fachada de la Ley de Crédito Suplementario
La Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó un dictamen que podría extender el mandato de autoridades de la Sunedu hasta 2028, generando polémica en el ámbito educativo.
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La contrarreforma universitaria continúa. Esta vez, mediante la aprobación del dictamen de la Ley de Crédito Suplementario, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de La República, liderada por la congresista Lady Camones, del partido Alianza para el Progreso (APP), busca, a través de una disposición complementaria, extender por tres años más el mandato de cuatro de las siete autoridades que conforman el Consejo Directivo de la Sunedu, gestión que vence el 24 de febrero del próximo año.
El dictamen del Proyecto de Ley 11923/2024-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, propone otorgar créditos suplementarios para distintos gastos públicos. No obstante, como si de contrabandear se tratara, durante el debate del mismo, las congresistas del APP Nelcy Ballesteros y Magaly Ruiz pidieron incorporar la cuadragésima sexta disposición final del dictamen, la cual altera artículos de la Ley Universitaria.
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Este hecho que, según ha advertido la propia Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Legislativo, presidida por Segundo Toribio Montalvo Cubas, de Perú Libre, representa una amenaza para el orden constitucional, ya que "incluye una disposición que pretende extender hasta el 2028 el mandato de los actuales directivos de la Sunedu": Manuel Castillo (superintendente y elegido por los rectores de las universidades públicas), Andrés Ramos (designado por el Minedu), Miguel Vallejos (elegido por los colegios profesionales) y Manuel Hernández (designado por los rectores de las universidades públicas).
"Créame que para mí ha sido una sorpresa enterarme de esto, ya que no soy parte de la Comisión de Presupuesto (...) Como congresistas, estamos para hacer respetar la ley. Nos guste o no, debemos respetar la Constitución y las normas vigentes", enfatizó Montalvo en diálogo con La República.
Rechazo de las universidades públicas y privadas: defensa de la autonomía
La Asociación de Universidades Nacionales del Perú ha rechazo este dictamen, el cual, bajo el título de "Disposiciones para el fortalecimiento de la Sunedu", vulneraría los principios de legalidad de la Constitución Política del país, que establece, bajo la Ley Universitaria, que los miembros del Consejo Directivo sean designados por un periodo de tres años sin reelección.
"El mandato de los actuales miembros del Consejo Directivo y del Superintendente ya está en curso. Con esta Ley se buscaría impedir que las universidades públicas nombres a sus dos representantes ante el Consejo este 19 de agosto (...) Dicha disposición legal no puede ser modificada mediante una "precisión" ni mucho menos a través de una Ley Presupuestal que no tiene por objeto reformar el régimen legal de designación de autoridades", se lee en su pronunciamiento.
Por su parte, el Consorcio de Universidades del Perú, conformado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Cayetano Heredia (UPCH), la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima también rechazaron la iniciativa y expresaron su "compromiso con la defensa de una educación superior de calidad".

La Sunedu es el organismo autónomo del Estado peruano encargado de supervisar y garantizar la calidad del servicio educativo superior universitario en el país.
"Instamos al Congreso a desestimar esta propuesta legislativa, en tanto contraviene procesos institucionales en marcha, y compromete la legitimidad de los órganos responsables de la supervisión de la educación superior", menciona el comunicado por los rectores de las casas de estudios.
Asimismo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), cuya rectora, Jerí Gloria Ramón Ruffner de Vega, ha sido cuestionada por su cercanía Juan Antonio Bazán Chávez —actual director general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación y férreo crítico de la Sunedu—, se ha pronunciado en contra del dictamen impulsado por Alianza para el Progreso, señalando que la medida "pretendería una reelección encubierta sin un nuevo proceso de designación ni ley expresa, lo cual constituye un acto abiertamente inconstitucional".
Próximas elecciones en riesgo
En tanto, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) ha expresado su rechazo a esta medida, señalando que “cualquier intento de legislar para prorrogar el mandato de la actual Sunedu constituye una clara injerencia política que busca instrumentalizar una institución técnica y autónoma”, sentenciaron. No obstante, cabe señalar un dirigente estudiantil confirmó a este medio que dicha agrupación no representa ni guarda relación con la totalidad del gremio de estudiantes de universidades públicas. Aunque desde las bases estudiantiles siempre han expresado su rechazo al debilitamiento de entidad fiscalizadora por parte de algunos partidos políticos.
En esa línea, la propia UNMSM ya habría convocado elecciones para designar a los nuevos representantes de las universidades públicas. Por ello, el rechazo a la propuesta también se sustenta en que "se consolidaría una situación de privilegio, contraria al principio de meritocracia y de renovación democrática de autoridades".
Por su parte, el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú también ha expresado su preocupación "el intento antidemocrático de prolongar irregularmente el mandado del actual Consejo Directivo de la Sunedu". Asimismo, recuerdan que la designación del representante del CDCP es potestad exclusiva del propio Consejo de Decanos.
"Esta decisión definitivamente contraviene y no representa en absoluto el interés de cada una de las instituciones que salvaguarda la educación universitaria (...) Los distintos partidos políticos pueden tener una serie de intereses, pero es importante que se respete el mandato legislativo. Garantiza su autonomía e independencia [de la Sunedu], sentenció en diálogo con este medio el presidente del Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú y del Colegio Médico, Pedro Riega
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"Los colegios tenemos un rol fundamental para maximizar el aporte de las profesiones hacia el desarrollo nacional y del país (…) Defendemos incuestionablemente la calidad en la formación universitaria. Estas deben ser respetadas e incluso deben ser recuperadas porque algunas también se han ido perdiendo", precisó.
Por su parte, La República se intentó contactar con las tres congresistas de Alianza para el Progreso; no obstante, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Los cuestionamientos al superintendente Manuel Castillo
En julio del 2022, fue aprobada, por insistencia del Congreso, la Ley 31520, conocida como la 'contrarreforma universitaria'. Con 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones, en su mayoría por bancadas como Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular, la norma modificó cinco artículos clave de la Ley Universitaria. Uno de los más significativos fue la reconfiguración del Consejo Directivo de la entidad, incorporando a representantes de las propias universidades, lo que, según los opositores a esta modificación, comprometía su autonomía para desempeñar fiscalizaciones efectivas.
En ese polémico contexto fue elegido Manuel Castillo, quien en febrero del 2024 le entregó un reconocimiento al congresista Esdras Medina (Renovación Popular) y a la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, por haber sido los mayores impulsores de la ley n° 31520 que, según él, “restituye la autonomía universitaria”.
Asimismo, en mayo de ese mismo año, Manuel Castillo concretó la eliminación de las direcciones de Licenciamiento, Supervisión y Fiscalización, áreas clave que debía liderar su entidad. La República consultó sobre la actual postura del congresista Segundo Montalvo, quien hoy se opone al nuevo dictamen impulsado por Alianza para el Progreso, pese a haber respaldado la contrarreforma universitaria de 2022. Cabe precisar que, ese mismo año, Perú Libre —junto con Renovación Popular— fue una de las bancadas que promovió dicha iniciativa, la cual redujo la autonomía y las funciones de la Sunedu.
"He trabajado incansablemente por luchar contra la corrupción que hace daño en las universidades (...) No solamente Perú Libre aprueba proyectos, también tenemos otras bancas (...) que la población saque sus propias conclusiones. Si eso ha sido positivo hemos votado a favor, pero eso no se está cuestionando ahora", finalizó.
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