El terrible caso de los 2 jóvenes que trabajaban encerrados y murieron en el incendio de la Galería Nicollini: uno de los culpables sigue libre
El incendio en la exgalería Nicolini, ocurrido el 22 de junio de 2017 en Lima, dejó dos jóvenes muertos y expuso la explotación laboral en condiciones inhumanas.
- Serpentín de Pasamayo: desde el 1 de enero se prohíbe el paso de buses y combis
- Al menos 30 mil m² de áreas verdes serían removidas por obras viales impulsadas por la Municipalidad de Lima
A casi ocho años del trágico incendio que cobró la vida de dos jóvenes trabajadores en la exgalería Nicolini, ubicada en el conglomerado comercial Las Malvinas, este caso continúa siendo uno de los más emblemáticos de explotación laboral en el país. El siniestro, ocurrido el 22 de junio de 2017 en el Cercado de Lima, evidenció las condiciones inhumanas en las que laboraban decenas de jóvenes. Entre ellos estaban Jovi Herrera Alania (20) y Jorge Luis Huamán Villalobos (19), quienes murieron calcinados tras quedar atrapados en un contenedor cerrado con candado por sus empleadores.
Ambos jóvenes trabajaban en un ambiente sin ventanas ni salidas de emergencia, donde la única puerta era cerrada con candado para “evitar robos”, según los dueños del contenedor. La tragedia expuso una red de explotación laboral encubierta bajo actividades comerciales ilícitas, como la falsificación de marcas en productos eléctricos.
TE RECOMENDAMOS
RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
¿Cómo ocurrió el incendio de la Galería Nicollini?
El incendio ocurrió al mediodía del 22 de junio de 2017, en una de las zonas más concurridas del Cercado de Lima. El siniestro, considerado uno de los más devastadores en la historia reciente de la capital, se inició en el edificio conocido como galería Nicolini. En el lugar, varios contenedores metálicos funcionaban como talleres improvisados, donde jóvenes de escasos recursos eran empleados en condiciones precarias.
Dentro de uno de estos contenedores se encontraban Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos. Ambos quedaron atrapados por las llamas al encontrarse encerrados bajo llave. Según testigos y sobrevivientes, los empleadores cerraban con candado la única puerta del contenedor, con el argumento de “proteger la mercadería”. Los jóvenes no lograron escapar y murieron calcinados.
Hasta el momento, Vilma Zeña Santamaría sigue prófuga y ofrecen recompensa por alguna información de su paradero. Foto: Mininter
Intentaron rescatar a los jóvenes de la Galería Nicollini
Durante los intentos de rescate, uno de los jóvenes logró sacar la mano por una rendija del contenedor para pedir auxilio, mientras que el otro agitó un objeto fluorescente con la esperanza de ser localizado. En los minutos previos a su fallecimiento, ambos enviaron mensajes de texto a sus familiares. Los cuerpos fueron recuperados siete días después, el 29 de junio. El incendio tardó cinco días en ser controlado por los bomberos, debido a la gran cantidad de materiales inflamables y explosivos acumulados en el lugar.
Unos de los culpables está prófugo
Los dueños del contenedor, Vilma Zeña Santamaría y su esposo, Jhony Coico Sirlopú, fueron hallados culpables del delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud. En 2018, ella fue condenada a 32 años de prisión, y él, a 35 años.
Sin embargo, en la sala donde se leyó la sentencia solo estuvo presente Jhony Coico Sirlopú, mientras que se desconocía el paradero de Vilma Zeña Santamaría. Días después, fue declarada prófuga, y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) de la Policía Nacional del Perú solicitó su inclusión en el Programa de Recompensas. En 2019, la Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima redujo la condena de Zeña a 15 años de prisión y la de Coico a 30.
Jhony Coico Sirlopú fue el único que se presentó a la lectura de la sentencia. Foto: Poder Judicial
Jovi Herrera y Jorge Huamán trabajaban en pésimas condiciones laborales
Varios jóvenes que trabajaron en la galería denunciaron que las condiciones eran extremas. Por sus labores, recibían apenas S/200 mensuales. Su trabajo consistía en retirar etiquetas chinas de productos eléctricos y reemplazarlas por marcas comerciales reconocidas, en un esquema claramente ilegal. Para evitar ser detectados por las autoridades, los responsables retiraban a los jóvenes del lugar cada vez que se anunciaba una inspección, y los encerraban nuevamente una vez que los fiscalizadores se retiraban.
