Pataz: la tragedia minera que expone el fracaso del Reinfo y el avance del crimen organizado en La Libertad

A casi una semana del hallazgo de los trece trabajadores secuestrados y asesinados en el distrito de Pataz—quienes laboraban para la empresa R&R, contratista de la minera Poderosa—, las acciones del Ejecutivo se han centrado en el reforzamiento de medidas restrictivas, como el control de tránsito y la suspensión temporal de actividades mineras. No obstante, lejos de atacar la raíz del conflicto, estas decisiones no abordan el problema estructural: el avance de la minería ilegal, una economía criminal que ha provocado al menos 30 muertes violentas en los últimos tres años, solo en la región de La Libertad.

El núcleo del problema, como coinciden varios expertos, radica en el uso indebido del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una herramienta creada para facilitar que los pequeños productores mineros accedan a la legalidad, pero que hoy, tras varias ampliaciones, se ha convertido en un refugio para actividades ilegales. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, desde 2015 hasta febrero de 2025, solo 306 mineros artesanales han logrado formalizarse. A nivel nacional, en más de una década de existencia de este proceso, solo el 1.5 % de los mineros ha conseguido su registro.

“La lógica de ampliar indefinidamente el Reinfo no ha funcionado. Lo que ha generado son situaciones de desborde como esta, donde mineros ilegales se escudan en el proceso de formalización. Están inscritos, pero no cumplen con los requisitos”, explica Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui, asociación que defiende los derechos de comunidades y el desarrollo sostenible frente a la actividad minera en el país.

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A esto se suma un incentivo poderoso. Actualmente, el precio del oro ha superado los 3,000 dólares la onza, una cifra récord frente a los 270 dólares de hace dos décadas. “No existe hoy en el Perú —y quizás en el mundo— una actividad más rentable que la explotación de oro”, sostiene para este medio José de Echave, economista y exviceministro de Gestión Ambiental .

Sin embargo, los impactos de su expansión en el país han generado serios daños ambientales que han vinculado a la minería con actividades ilícitas, criminalidad y contaminación. Mientras tanto, las comunidades y personas que residen en las proximidades de la actividad minera padecen sus efectos.

La MAPE en Pataz: una actividad informal y peligrosa

Tras la noticia del hallazgo de los 13 trabajadores asesinados en Pataz, quienes habían sido reportados como desaparecidos el 25 de abril por sus familiares, una de las medidas anunciadas por la presidenta Dina Boluarte fue la suspensión, por 30 días, de toda actividad minera en el distrito de Pataz. Sin embargo, analistas sostienen que la inseguridad que se vive en esta provincia de La Libertad no se resuelve con medidas como las anunciadas por la mandataria. “El estado de emergencia no resuelve nada. Hace más de un año estamos en emergencia y la violencia no ha cesado”, afirmó Máximo Franco Becker, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), en declaraciones a RPP.

Becker resalta que el problema fundamental de situaciones como lo ocurrido con los trabajadores de la Minera Poderosa radica en los trámites burocráticos que se imponen a los mineros artesanales para inscribirse en el Reinfo. Sumado a la informalidad en la que están sometidos por las grandes mineras, pues, los acuerdos que alcanzan son, en muchas ocasiones, pactos verbales, desprotegiendo en gran medida sus derechos laborales.

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"Somos un mal necesario para la gran minería, para grandes mineras o para quien sea. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos como los que descubrimos las vetas, porque hacer un proyecto de exploración cuesta mucho dinero y muchas empresas no quieren invertir y lo más fácil es llamar a la gente o a los mineros que hacen este tipo de trabajo ancestral y dicen ‘búsquense las labores, te doy la concesión, vayan a buscarse y trabajen’. Siempre hemos hecho eso dentro de su concesión de ellos", sentenció.

El problema también se manifiesta en el abandono de los ecosistemas. Aunque el Reinfo exige la elaboración de estudios de impacto ambiental, en la práctica estos son inexistentes o deficientes. El uso de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro en las labores mineras ilegales e informales contribuye a la contaminación de ríos y suelos, lo que afecta gravemente la salud de los habitantes y la fauna local.

Sumado a ello, la informalidad también se traduce en condiciones laborales precarias y en la exposición a mafias de extorsión, hecho que ha quedado evidenciado tras lo ocurrido en Pataz. “Basta que tú seas minero y ya es sinónimo de plata, entonces están todos extorsionados. Lo informal o ilegal no está necesariamente relacionado con la actividad criminal, pero justamente porque está en condiciones de ilegalidad e informalidad, ¿quién se va a quejar cuando venga la extorsión?”, advierte Nury García Córdoba, coordinadora del grupo de minería artesanal de la Red Muqui.

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Entre lo ilegal o lo informal: un problema ambiental que necesita participación de las MAPE

Según el Banco Central de Reserva del Perú, en La Libertad, el 98.9 % de la actividad minera corresponde exclusivamente al oro, lo que ha desplazado otras economías como la ganadería y la agricultura, y ha agudizado los conflictos por el uso del suelo. Asimismo, el uso de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro en las labores mineras ilegales contribuye a la contaminación de ríos y suelos, lo que afecta gravemente la salud de los habitantes y la fauna local. Según las autoridades locales, la actividad minera también ha disminuido considerablemente la disponibilidad de agua en las zonas afectadas, empeorando las condiciones de vida de los pobladores.

“Más del 50% del territorio de Pataz está concesionado a la Minera Poderosa. El problema es que no se han diseñado políticas con participación ciudadana. En los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, las empresas deben demostrar que afectarán lo menos posible el entorno, pero eso rara vez ocurre", advierte Nury García Córdoba. En esa línea, en zonas como en Huamachuco, zona que queda a casi 8 horas de Partaz, la especialista afirma que existen comunidades como la llamada Juan Velasco Alvarado, que ha decidido no permitir la actividad minera. "Están defendiendo sus 27 lagunas", acota.

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Frente a este panorama, los expertos coinciden en la necesidad urgente de implementar una política pública que no solo aborde la minería ilegal desde el punto de vista de la seguridad, sino que también fomente alternativas económicas sostenibles en las regiones afectadas. Jaime Borda de Red Muqui señaló que, para combatir la minería ilegal, es fundamental que el proceso de formalización minera se realice bajo un marco más estricto y con mayor control estatal, y que se promuevan otras fuentes de ingresos para las comunidades, como la agricultura ecológica y el ecoturismo.

En definitiva, la minería ilegal sigue siendo una de las principales amenazas para la seguridad y el medio ambiente en el Perú. Pese a las medidas de emergencia adoptadas por el gobierno, la falta de una estrategia integral y la corrupción persistente en el sector dificultan cualquier intento de solución efectiva. Las comunidades y organizaciones sociales continúan luchando por un futuro en el que la minería se realice de manera responsable y sostenible, pero los desafíos parecen ser mayores que nunca.

En tanto, el fracaso del Reinfo ha evidenciado la necesidad de replantear completamente el proceso de formalización minera. Para José de Echave, esto implica dejar atrás las extensiones ilimitadas y establecer mecanismos reales de fiscalización y control territorial. Además, enfatiza la necesidad de que las comunidades participen activamente en las decisiones sobre la actividad minera en sus territorios. “Las políticas públicas no pueden seguir centradas en medidas represivas. Se requiere un enfoque integral que incluya planificación territorial, protección ambiental y derechos de las comunidades”, afirma.

El caso de Pataz, al igual que el de Madre de Dios, muestra cómo el oro —fuente de riqueza— se ha convertido en combustible para el crimen organizado. La minería ilegal no solo es fuente de recursos económicos del país, sino que también debilita sus instituciones, fractura comunidades y destruye ecosistemas.

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