Fiscalía logra condena de 11 años para trabajadora bancaria por fraude en el Bono 600
La sentenciada utilizó indebidamente su cargo como cajera para acceder al sistema, falsificar documentos y beneficiarse del programa social.
- Alberto Otárola declaró ante la fiscalía como testigo por el caso Cofre: "Espero que se llegue a la averiguación de la verdad"
- Fiscalía dispone investigación preliminar contra grupo violentista La Resistencia por acoso y coacción
La Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, bajo la dirección del fiscal provincial Jonathan Portillo Vela, obtuvo una condena de 11 años de prisión efectiva para una trabajadora de una reconocida entidad bancaria, tras ser hallada culpable de fraude informático agravado y falsificación de documentos.
El caso, que pone en evidencia una grave violación de la confianza, ocurrió en una sucursal bancaria en el distrito de Surquillo. La sentenciada, quien se desempeñaba como cajera, cobró de manera indebida el Bono 600, un apoyo económico otorgado por el Estado para personas en situación de vulnerabilidad debido a la crisis de la COVID-19. Para ejecutar el fraude, la trabajadora utilizó el sistema del banco para realizar operaciones sin la presencia del beneficiario, falsificó su firma y desvió los fondos hacia una tercera persona.
TE RECOMENDAMOS
EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
El Bono 600, equivalente a S/ 600, es una medida de protección económica dirigida a hogares en alerta extrema por la pandemia, especialmente en las provincias. En este contexto, la Fiscalía subrayó que el uso indebido de su cargo y el acceso a información privilegiada por parte de la cajera constituyeron agravantes en el delito de fraude informático.
Como parte de la sentencia, la acusada deberá pagar una reparación civil de S/ 2.600, así como una multa de S/ 3.416, correspondiente a 400 días de multa.
"De esta manera, el Ministerio Público reafirma su compromiso de prevenir y sancionar la conducta delictiva que afecta los sistemas y datos informáticos cometidos mediante el uso de la tecnología de la información con el objetivo de proteger el patrimonio de las personas", se lee en su comunicado.
