Estado de emergencia fracasó en La Libertad
Son frontales. Alcaldes de esta región expresaron su inconformidad con las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la inseguridad ante los altos índices de criminalidad, que a la fecha superan las 200 muertes, la mayoría producto de sicariato. A ello se suman las extorsiones, robos, entre otros delitos penales.
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En el silencio de la noche, unos sujetos detonaron un artefacto explosivo y dejaron una carta dirigida al presidente del mercado de Puente Virú para exigir el pago de S/5,00 diarios por cada comerciante. Marcas interceptan camioneta y arrebatan S/20.000 a empresario, asesinan a joven de ocho balazos… son algunas de las noticias que día a día se registran en La Libertad, una región que vive en zozobra producto de extorsiones, sicariato y demás hechos de la ola delictiva.
Estos índices de criminalidad siguen en aumento y la población se pregunta ¿cuáles fueron los resultados de la declaratoria de emergencia de la seguridad ciudadana?, tema que ha vuelto a comentarse tras la medida adoptada por el Gobierno para combatir la criminalidad en Sullana (Piura), San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres (Lima).
En enero de este año, las provincias de Trujillo, Ascope, Virú y Pataz entraron en el mismo régimen de excepción, el cual se fue prolongando hasta julio, que fue la última ampliación de esta medida; sin embargo, autoridades y expertos de seguridad determinan que no sirvió de mucho.
En lo que va del año, se han registrado 244 asesinatos en La Libertad, de los cuales 118 pertenecen a la provincia de Trujillo, 42 a Virú y 37 a Pataz.
“El problema no es declarar en emergencia, se suspenden las garantías constitucionales, inviolabilidad de domicilio, derecho al libre tránsito y puedes ser detenido por la PNP si hay una orden policial. La Policía tiene su área de inteligencia, conoce dónde está el mapa de calor delincuencial, pero quizás no tiene el equipamiento o los efectivos suficientes para realizar los operativos”, indicó a La República el gerente de Seguridad Ciudadana de El Porvenir, teniente coronel en retiro José Alvarado Mondoñedo.
“La solución requiere de otras medidas, las comisarías no tienen efectivos policiales, equipamiento y recursos para afrontar esta ola delincuencial. El estado de emergencia debe venir acompañado de presupuesto, el Gobierno podría incrementar el presupuesto para que las municipalidades puedan contratar más serenos. Se necesita tener un plan estratégico adecuado para que se den los resultados esperados”, agregó.
Rol del Ejército
Alvarado Mondoñedo también se refirió al pedido de diversas autoridades y la población en general para que las fuerzas armadas salgan a la calle y apoyen a los policías en la lucha contra la criminalidad.
“La fuerza armada tiene el control externo y la policía, el interno. Ante la desesperación por el caos que se está viviendo, solicitan que el ejército peruano intervenga, pero no se dan cuenta de que ellos tienen armas de guerra y no tienen como la policía armas no letales, la preparación de un soldado es para la guerra, no para el control del orden público. Tiene que prepararlos o equiparlos si no va a suceder lo que hemos visto en el sur con la intervención que hicieron tras el desorden público ocasionado por las protestas, que tuvo como saldo muertes que lamentamos”, detalló el militar.
Levantan su voz
Quienes también están cansados de que las medidas adoptadas por el Ejecutivo en la lucha contra la criminalidad no funcionen son los burgomaestres, quienes han indicado que todo fue un "saludo a la bandera" y "firma de papeles".
Juan Carranza Ventura, alcalde del distrito de El Porvenir, el cuarto a nivel nacional más golpeado por la delincuencia, refiere que la solución a este problema está en el toque de queda. “Debe darse el toque de queda para establecer los horarios y el control con el apoyo de fuerzas armadas”, afirmó, tras exigir la declaración en emergencia de su distrito por su alta cifra delincuencial.
En esa misma línea, el alcalde del distrito de La Esperanza, Wilmer Sánchez Ruiz, fue enfático en señalar que las declaratorias de emergencia en Trujillo han fallado. “No han respondido como corresponde, ha faltado tener plan de contingencia (…), tienen, entonces, que replantearse las estrategias de seguridad. Que el Ejército salga a la calle a apoyar a la Policía, también las autoridades deben comprometerse al trabajo en conjunto", refirió la autoridad esperancina.
Del mismo modo, Wilson Toribio Vereau, alcalde de Florencia de Mora, aseguró que las declaratorias no funcionan y la solución la tiene el Ejecutivo. “(…) La política nacional de seguridad lo tiene que tomar de manera inmediata el Poder Ejecutivo, emitiendo una norma de prohibición de lo que es el uso de arma de personal civil, estableciendo plazos de entrega y una condena… y con eso nos va a dar la tranquilidad y la seguridad del ciudadano", apuntó.
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A ellos se unió Santiago Cerna, alcalde del distrito de Santiago de Cao, quien fue víctima de extorsión semanas atrás. Él pide reformar las leyes del Código Penal. “Aquí se deberían reformar las leyes acerca del Código Penal. Por ejemplo, el ciudadano que denuncia, quien investiga directamente ya no es la Policía, sino ya es el Ministerio Público y la carga procesal que tiene no lo deja investigar, y si lo hace, ya muy tarde. Ahí el Congreso debe ver esa situación", enfatizó.
Pese a todas cifras de alta incidencia delictiva, el Ministerio del Interior determinó trasladar efectivos de Dinoes de La Libertad a Sullana.
"Por disposición de mi Comando, 50 Dinoes de Pataz ya están en camino a Sullana. Nosotros, para suplir esa deficiencia, estamos subiendo 50 efectivos de servicios especiales", expresó el jefe policial de La Libertad, Augusto Ríos Tiravanti.
Ríos Tiravanti también se refirió si pediría que se declaren en emergencia algunos distritos.
“El estado de emergencia está en Pataz. Mi comando lo evalúa, yo puedo proponer qué distritos, qué provincias se declaran en estado de emergencia, pero es una decisión que mi comando propone a través del ministro del Interior a la PCM. No es una decisión mía, yo solo presento la propuesta”, dijo.
El Gobierno nunca ha tenido un plan por regiones
Enfoque.Juan Gamarra Nieto, antropólogo
Estas declaratorias de emergencia por la inseguridad ciudadana son más de lo mismo, y peor todavía, no vemos un plan orgánico bien estructurado, que se base en un contexto de acuerdo a cada región, porque hay una situación diferente de este problema en cada zona y se está generalizando. Se necesita de un plan que se ajuste a cada realidad.
Todos han fracasado una y otra vez, porque se han elaborado desde afuera. Tampoco hubo recursos para potenciar las acciones que se habían trazado como parte de alcanzar objetivos.
Es una suma de piezas que se quiere armar, se recogen acciones de un plan y de otro, y no hay una visión clara de lo que es la seguridad ciudadana. Esta tiene varias dimensiones, pero solo vemos lo punitivo. No hay prevención. Aquí se piden más motos, más camionetas. Lo que se requiere son más agentes de inteligencia y que se den los golpes a estas bandas.
Ahora también vemos que los ciudadanos tienen temor de ir a una comisaría a denunciar los hechos delictivos, porque hay muchos policías que están ligados a las bandas criminales.
Urgen medidas eficaces para frenar delitos
En 2022, el 22,9% de la población de 15 años o más en áreas urbanas indicó haber sido víctima de un hecho delictivo. De acuerdo con una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 80% de peruanos se sienten expuestos a la delincuencia.
En 2019, se identificó que 29,8% de comisarías a nivel nacional no ejecutaban el servicio de patrullaje integrado con municipalidades y el 55% no contaba con plan integrado de patrullaje.
El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) plantea que es necesario llevar a cabo una reforma del sistema de formación de la PNP.
Reacciones
Javier Mendoza Torres, alcalde de Virú
“Las anteriores declaratorias de emergencia no tuvieron restricciones y fueron un papel firmado, sin acciones desde el Ejecutivo y siempre se encarga la toma de decisiones al Gobierno local".
María Cortijo Izquierdo, alcaldesa de Ascope
“Falta más apoyo para los operativos integrales, restricciones en locales donde se hacen bailes o venden licores y también servicio de inteligencia para poder descubrir las bandas detrás de las extorsiones".
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César Acuña Peralta, gobernador La Libertad
“Pediré al general que me explique cuáles son los lugares críticos y de acuerdo a esa información pedir al Consejo de Ministros que se intervenga esos distritos críticos que hay en la región La Libertad”.
