13 años de engaño y frustración por Majes Siguas II en Arequipa

Arequipa. Trece años de frustración y engaño, así como de creer que Majes Siguas II sería posible. Este fue el calificativo que usó el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, a lo ocurrido con el megaproyecto, luego que la concesionaria Angostura Siguas S.A, integrada por la empresa española Cobra, resolvió unilateralmente el contrato de construcción, operación y mantenimiento.

Para Sánchez, el proyecto debe continuar pero no con ese "tipo de empresas". El exgerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Isaac Martínez, sostuvo que con este paso está cantado el arbitraje internacional que solicitará Cobra.

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Así también lo considera el exgerente de Autodema, Arturo Arroyo, quien estuvo al frente de dicha entidad cuando se suscribió la adenda 13 del contrato. Para el exfuncionario, es ahora cuando el Estado peruano debe
actuar con diligencia y armar un equipo de abogados de gran expertiz para defender los intereses, ante la posible controversia.

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Arroyo dice que "con todo lo que se conoce, el Estado tiene todas las de ganar". Se basa en lo ocurrido con el proyecto Chavimochic en La Libertad en el norte peruano. La concesionaria que estuvo integrada por la brasileña Odebrecht, así como Graña y Montero; también interpusieron un arbitraje en contra del Estado, cuya pretensión era que desembolse 118.5 millones de dólares. Sin embargo, el tribunal arbitral no acogió el pedido del consorcio y resolvió el contrato; también resolvió que el Estado pague 247.000 dólares a Odebrecht.

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Mal proceder

Según Arroyo, las exigencias de Cobra eran irrealizables, dado que prácticamente solicitaban que se les haga entrega del 100% de las tierras, sin una persona ni ganado de por me dio. En base a su experiencia y a la idiosincrasia peruana, el exfuncionario sostiene que la empresa podía avanzar sin que tenga el total control de los terrenos. "Eso debió entender la empresa, pero son unos sinverguenzas que buscan cualquier pretexto para abandonar la obra", dijo.

Arroyo resaltó que el Gobierno Regional de Arequipa, ya desembolsó un total de 162 millones de dólares y, sin embargo, no hubo avances significativos en la construcción. "Dónde está ese dinero", cuestionó.

Ayer, el gobernador Sánchez también cuestionó los millonarios montos. Sostuvo que a ese dinero ya desembolsado, se suma la cifra de 205 millones de dólares que Cobra dice haber invertido. "Si sumamos sería 367 millones de dólares. Con eso, la obra ya estaría ejecutada al 70% (…) y entonces nos amenaza, que se vaya", dijo.

Entre los puntos que Arroyo considera a favor del Estado está la modificación del anexo 20 de la adenda 13 del contrato. En este, se encuentran los cronogramas de desembolso y según Arroyo, fue modificado por Cobra a su conveniencia. A tal punto que del primer al quinto desembolso se acumuló el pago de casi el total de dinero.

Para el exfuncionario, se aprovecharon de la falta de conocimiento de los especialistas de la región y del desinterés del Ministerio de Economía y Finanzas. Al cuestionarle sobre la adenda 13, Arroyo indicó que es mejor llegar al arbitraje con ese documento suscrito. De esa manera, la concesionaria ya no argumentaría que el Estado peruano rechazó seguir o puso trabas.

No obstante, el especialista remarcó que el perjuicio para el Estado es grande, pues el proyecto estará paralizado por un tiempo indefinido.