Medidas insuficientes contra la criminalidad y la corrupción
Evaluación. Jefa de Estado anunció medidas contra delincuentes extranjeros, pero expertos dicen que estos no son el principal problema. También planteó acciones contra corrupción gubernamental, ¿y la del sector privado?
Así como el exmandatario Pedro Castillo prometió en su primer discurso a la nación duras medidas contra los extranjeros que cometen crímenes, su sucesora, la jefa de Estado Dina Boluarte, ha repetido el guion.
“A efectos de frenar la acción delictiva cometida por extranjeros en nuestro país, anuncio que incorporaremos en el Código Penal, como pena restrictiva, la figura de la expulsión en casos de flagrancia. De esta manera, cubriremos un vacío que existe en nuestra legislación”, dijo Boluarte.
Y añadió: “Asimismo, se ha contemplado la modificación del artículo 30° del Código Penal, que permitirá aplicar como pena la figura de la expulsión a los extranjeros que hayan sido condenados a una pena suspendida o condicional”. Aparte mencionó otras tres propuestas relacionadas con los extranjeros que cometen delitos.
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Boluarte asume el punto de vista del populismo de derecha, que falsamente atribuye el aumento de la delincuencia a la mayor presencia de extranjeros, especialmente venezolanos. Según varios especialistas, la explicación de dicho incremento es la aparición de nuevos “mercados criminales”. De hecho, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en las cárceles, solo el 4% de los reclusos es extranjero.
Antecedente. Boluarte se refirió a la corrupción del gobierno de Pedro Castillo. Foto: John Reyes/La República
La jefa de Estado indicó que ha presentado una solicitud de facultades legislativas por 120 días para enfrentar con mayor determinación y eficacia a la delincuencia y criminalidad, en cuyo marco se esperan iniciativas decisivas contra los emergentes “mercados criminales”, que no son exclusivamente extranjeros.
La presidenta también dedicó amplio espacio a la lucha contra la corrupción, y fue muy crítica con los casos que involucran al Gobierno de Castillo. Sin embargo, omitió mencionar la participación del sector privado en este tipo de delitos. Resaltó que “la gran corrupción” se registra en el aparato estatal: “La corrupción está presente en todos los niveles del Estado y en todo linaje, y ha convertido en una especie de normalidad burocrática inaceptable que debe ser combatida frontalmente”, señaló.
En esa línea, ha presentado proyectos de ley para fortalecer la lucha anticorrupción en el sector penitenciario, así como incorporar un “modelo de integridad” en el sector público para prevenir actos ilícitos.
No planteó ninguna iniciativa con relación a la corrupcción en el ámbito privado, que es donde se originan los más graves y sonados casos, como el que protagoniza la empresaria Sada Goray Chong. A cambio del pago de sobornos a funcionarios gubernamentales, Goray tomó el control del Fondo Mivivienda, de la Superintendencia de Bienes Estatales y de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, entre otras entidades, para beneficio propio y de sus socios, quienes todavía no han sido comprendidos en la investigación fiscal.
En el mismo ámbito de la lucha contra la corrupción, Boluarte abordó el cada vez más preocupante incremento del narcotráfico. De acuerdo con el último informe de Devida, los cultivos de hoja de coca destinado a la producción de droga saltaron de 80.681 hectáreas en 2021 a 95.008 hectáreas. Este aumento del 18% representa una magnífica noticia para el narcotráfico porque hay mayor disponibilidad de materia prima para el procesamiento de cocaína para la exportación. Especialmente para los que trabajan en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), que concentra el 37,6% de los cocales del país.
Amenaza. Los cultivos de hoja de coca ilegales crecieron el último año. Foto: John Reyes/La República
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Al respecto, Dina Boluarte solo hizo una referencia genérica al problema, no habló de un plan específico para golpear al narcotráfico: “Anuncio que la lucha contra el narcotráfico se incorpora desde este momento a la agenda central de mi Despacho, y que enfrentaremos el crimen organizado y los delitos conexos generados por el tráfico de drogas. Para ello, produciremos nuevas metas de erradicación e incrementaremos el presupuesto destinado al desarrollo alternativo integral y sostenible”.
El mismo informe de Devida menciona un aumento descomunal de los cultivos de hoja de coca en Ucayali y Loreto, y que los narcotraficantes asesinan a los dirigentes de las comunidades indígenas que se oponen a su presencia, pero Boluarte pasó por alto esta manifestación de la criminalidad.
Lo que sí destacó es que, para vencer al narcotráfico en el Vraem, se debe eliminar a la banda terrorista de Víctor Quispe Palomino, camarada ‘José’: “Un importante componente de la paz social plena es acabar con los remanentes terroristas de Sendero Luminoso en el Vraem, gavillas que llevan años actuando en esta zona del país, ejecutando acciones contra la Policía, los productores y la ciudadanía, en alianza con las bandas de narcotraficantes”.
En la misma materia de seguridad, la presidenta Boluarte destacó la decisión de su Gobierno en invertir en la rehabilitación de aviones y helicópteros. Sin una flota disponible, es muy difícil emprender operaciones contra el terrorismo, narcotráfico, mineros y taladores ilegales, entre otros. Explicó que se le ha asignado a las FFAA S/486 millones para financiar la operatividad de 364 vehículos terrestres, 43 helicópteros, 14 aviones y tres embarcaciones navales. Además, dijo que se comprará un avión radar y un sistema de radares para enfrentar la pesca ilegal y el narcotráfico. Estos procesos deben ser públicos, como señala la ley. Por el secretismo promueve la corrupción.
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Inversión. Habrá masiva reparación de helicópteros y aviones. Foto: Andina
“Es un error centrarse en 7% de los delincuentes”
Enfoque. Ricardo Valdés, exviceministro del Interior
Lo positivo del mensaje es que la presidenta reconoce que la inseguridad es el principal problema del país y ha dado diversas medidas para combatirla. Pero las soluciones que propone son a largo plazo, no hay una sola solución que resuelva la emergencia actual, no ha mencionado qué se puede hacer como respuesta rápida.
Nos ha querido convencer de que se va a hacer cargo de la seguridad y ha mencionado que ha presentado 33 proyectos de ley, y varios de ellos se concentran en el migrante extranjero y en los venezolanos. En su diagnóstico menciona que, entre enero y junio de este año, 10.000 venezolanos han sido denunciados por delitos, pero también indica que hay 144.000 capturados por delitos.
El problema es que hay un 93% de peruanos delinquiendo contra un 7% de extranjeros. Entonces, centrar su discurso en ese 7% de delincuentes me parece un error porque está descuidando el otro 93% de delincuentes que son peruanos. Hay una narrativa que nos quiere hacer sentir que se hace cargo echándole la culpa a los venezolanos, diciendo que va a actuar contra ellos paras aminorar el problema, pero en realidad no resuelve el problema de fondo.
“No hubo plan contra la gran corrupción”
Enfoque. Antonio Maldonado, exprocurador
Su diagnóstico fue limitado a los casos de corrupción de Pedro Castillo, del que la señora fue parte del gobierno y en su momento no dijo nada, se quedó callada. No es consistente con su propia versión de que el Perú enfrenta el cáncer de la corrupción. Nada ha dicho de la corrupción en otros poderes, como la corrupción del sistema penal de justicia; del patrón de peculado doloso, como el robo de sueldos de trabajadores del Congreso, los viajes internacionales (de congresistas) pagados con dinero del Estado.
Su discurso estuvo ausente de un análisis integral, fue inconsistente con su declarado compromiso de enfrentar la corrupción. No hubo una definición programática ni un plan estratégico de lucha contra la gran corrupción en términos de mitigación y de prevención de ella. Nada ha dicho de la corrupción en el sector Salud, en el que hay casos gravísimos en su Gobierno. Tampoco ninguna relación a la gran corrupción del poder y su obstáculo al desarrollo económico y social.
El dato
Iniciativa. La presidenta solicitó al Congreso la aprobación del proyecto de creación de la categoría “policía de orden y seguridad”.
Efectivos. Tendrán dicha categoría los reservistas de las FFAA que, luego de un entrenamiento de 6 meses, patrullarán las calles. El propósito es cubrir la necesidad de 50.000 efectivos. Los reservistas representarían 7.000 plazas.
