Familiares de víctimas asesinadas durante protestas en Puno exigen a la Fiscalía agilizar investigaciones

Los deudos conformaron la Asociación de Víctimas del 9 de enero. Observaron que, hasta la fecha, no se identifiquen a los responsables de la masacre perpetrada en Juliaca.

Parientes de ciudadanos fallecidos en protestas marchan en Juliaca. Foto: Kleber Sánchez/URPI-LR/referencial
Parientes de ciudadanos fallecidos en protestas marchan en Juliaca. Foto: Kleber Sánchez/URPI-LR/referencial

Puno. Los familiares de las personas asesinadas durante las protestas contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte exigen a la Fiscalía que se agilicen las investigaciones para que se determinen a los responsables de los crímenes. Este miércoles 5 de abril, los deudos de las víctimas realizaron un plantón en el frontis de la sede del Ministerio Público, en la ciudad de Juliaca.

"Son casi 90 días. Hasta el momento, no vemos a los policías, al menos en una prisión preventiva. Sin embargo, para un simple ciudadano, la respuesta es inmediata del Estado, pero para la Policía, que ha asesinado el 9 de enero, no hay (justicia), para nosotros no hay", lamentó uno de los parientes de los fallecidos.  

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Los ciudadanos, quienes perdieron a uno de los miembros de su familia a causa de la represión policial en los exteriores del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, conformaron la Asociación de Víctimas del 9 de enero, con el fin de exigir justicia de manera colectiva.

Por otro lado, los deudos rechazaron la conformación del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales. Consideran que, con esa iniciativa, la fiscal Patricia Benavides busca centralizar las indagaciones y que no les permitirá acceder a la justicia.

Fiscal de la Nación pidió confianza

La fiscal de la Nación pidió a los familiares que tengan confianza en el equipo especial. Refirió que el objetivo del grupo no es que los ciudadanos vayan al Ministerio Público, sino que este se acerque a ellos. No obstante, la conformación de este grupo de fiscales fue cuestionado, puesto que solo tendría vigencia por tres meses y ponen en duda que, en ese tiempo, se determinen a los responsables de las masacres registradas en el ámbito nacional.

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