Sociedad

Aimaras en Puno rechazan acusación de las Fuerzas Armadas sobre los 6 soldados muertos

Comuneros de Juli e Ilave indagaron sobre lo sucedido en el río el 5 de marzo. Con el apoyo de videos y fotografías, determinaron que ningún poblador atacó a los uniformados antes de cruzar el cauce.

Ciudadanos aimaras rechazan imputaciones del Ejército. Foto: Créditos: Liubomir Fernández / URPI-LR
Ciudadanos aimaras rechazan imputaciones del Ejército. Foto: Créditos: Liubomir Fernández / URPI-LR

Las comunidades aimaras de Juli e Ilave, en la región Puno, desmintieron el comunicado oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) sobre las circunstancias de la muerte de los seis soldados en el río Ilave el pasado 5 de marzo.

“El Gobierno y sus mandos militares deben saber que nos ha ofendido al emitir un comunicado con mentiras. Es falso todo lo que se ha dicho de nosotros. Los soldados entraron al agua porque quisieron, porque su jefe les ordenó, incluso hubo disparos previamente. Nadie los atacó, en ese momento. El mayor Josué Frisancho Lazo era un abusivo y tenía a los soldados sin comer. Si hubo problemas fue por él. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar mentiras”, aseguró Claudio Quispe Hilari, dirigente de la zona alta de Ilave.

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Las comunidades hicieron su propia investigación sobre lo sucedido aquel fatídico día. Recabaron varias versiones para desacreditar la versión oficial. Los convocados les contaron lo que sucedió. Hubo recabo de video y fotografías.

“Hemos hablado con nuestros hermanos. La versión es única. Los soldaditos tenían como destino Juli y, en medio camino, fueron obligados a retroceder. No hubo violencia. Solo los hemos botado porque constituían provocación. Nosotros les hemos acompañado incluso con apoyo de un auto. ¿En qué momento les hemos pegado? Ese capitán se puso agresivo varias veces y fue él quien disparó primero. Los pobres soldados no habían comido y nosotros, incluso, les hemos dado agua. Por eso, nos ofende lo que informan. Los soldados no sabían nadar y fueron abandonados en medio del río. Por eso, murieron”, aseguró José Yujra, poblador de Ilave que participó en la reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Ilave para esclarecer los hechos.

Sin embargo, según CCFFAA, “antes de llegar a su destino, fueron interceptadas por, aproximadamente, 400 manifestantes radicales que les impidieron el paso, abruptamente y de manera violenta, amenazando y atacando al personal militar con piedras, huaracazos y otros objetos contundentes, sin darles ninguna posibilidad de diálogo”, señaló.

“Eso es el colmo. Por mentir y traer medios de comunicación para desmentir la versión dada por el único periodista que llegó a la zona, nosotros estamos radicalizando nuestras protestas desde el lunes. Y es el colmo. Nosotros tenemos las pruebas y vamos a mostrarlas a organismos internacionales y a medios internacionales porque acá mienten con descaro. Nos quieren mostrar como asesinos y eso no lo vamos a aceptar. No vamos a permitir que manchen el nombre de la nación aimara. La respuesta va a ser con paros. Por mentirosos, se van a ir de Ilave y (la protesta a favor de) la renuncia de Dina Boluarte no cesará”, dijo.

Los comuneros recabaron al menos 20 pruebas testimoniales, videos y fotos. Las imágenes son pruebas contundentes. La República pudo ver dos videos. El material fílmico prueba que los soldados al mando de Josué Frisancho cruzaron sin violencia a su alrededor el río Ilave y que fueron los comuneros los que ayudaron a salir a quienes se ahogaron.

“El Gobierno, a través de los militares, ha traído prensa de Lima. Por cada mentira que se difunda, vamos a tomar medidas radicales de protesta. Nosotros no tenemos canales de protesta. Por lo tanto, vamos a expresarnos por medio de nuestras protestas. Estamos indignados porque, incluso, emitieron un video en el que nos tildan de asesinos. Ahora no nos van a conocer por manchar nuestra honra cultural y la huelga continua”, sentenció Claudio Quispe.

El deslinde de responsabilidad fue refrendado en actas comunales, empero hicieron un llamado para que la Defensoría del Pueblo adopte medidas para que la Fiscalía de Derechos Humanos inicie investigación a toda la cadena de mando por la muerte de seis soldados.

“Están presionando a los soldados para que declaren faltando a la verdad. Entendemos a nuestros hijos y sabemos las presiones a las que están sometidos, pero el problema son los oficiales quienes los obligan a declarar de una manera”, dijo Antonio Condori, poblador de la zona media de Pilcuyo.

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