A dos meses de la masacre de Juliaca: organizaciones de DD. HH. condenan represión violenta en Puno
La masacre de Juliaca dejó 22 muertos y 300 heridos. Así, doce organismos de derechos humanos se pronunciaron en contra de la represión y exigieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
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La Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) compartió en sus redes sociales un documento escrito en conjunto con otras once instituciones de derechos humanos de Puno, a raíz del saldo de fallecidos y actos de violencia que han ocurrido en la región desde la masacre en Juliaca. "Condenamos enérgicamente la represión violenta, desproporcionada y continua del Gobierno de turno, causando miedo y zozobra en la población, constituyendo así terrorismo de Estado", señalan en su comunicado.
¿Quiénes son los que murieron en Puno?
Con respecto a los fallecidos de la masacre en Juliaca, los reportes sostienen que son 22 muertos (21 civiles y un PNP). Asismismo, hubo 39 heridos con proyectil de arma de fuego, 45 heridos con perdigones, 23 heridos graves por fracturas, y otros 77 civiles y 20 policías heridos.
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Posteriormente, en los primeros días de marzo, seis soldados de las fuerzas armadas fallecieron luego de intentar cruzar el río Ilave.
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¿Qué señalaron las organizaciones de derechos humanos?
Por otro lado, las organizaciones de DD. HH. denunciaron las acciones del Gobierno en este contexto. Asimismo, reafirmaron que la población de Puno "se identifica en un 90,5% con diversos pueblos originarios", además de señalar que son la "primera región del país con mayor cantidad de comunidades campesinas", un total de 1.352, según CENAGRO.
Del mismo modo criticaron el accionar de las instituciones del Estado. Se refirieron al "silencio" de Ministerio de la Mujer, que calificaron de “incoherente”, y la actitud del Ministerio de Educación, del que afirmaron que es "denigrante". "Alertamos que la democracia está en peligro por las graves afectaciones que se imponen desde el Congreso en complicidad con el Tribunal Constitucional y el Poder Ejecutivo", agregaron.
Por último, las organizaciones se sumaron al deseo de la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales demandando justicia para las víctimas y exigiendo la derogatoria del decreto supremo N.° 018-2023 PCM, que declara el estado de emergencia y la militarización de Puno. "No queremos ni un muerto más", indicaron en uno de sus puntos.
