Renovación Popular solicita impugnar ejecución de eutanasia de Ana Estrada
El partido señaló que la Defensoría del Pueblo ha usado recursos públicos para "promover la muerte de la señora Estrada".
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Desde el 2019, Ana Estrada Ugarte, quien padece de una enfermedad degenerativa desde los 12 años, lucha por obtener el derecho a eutanasia en Perú. Tras años de activismo, el último 13 de febrero, el Poder Judicial exhortó al Ministerio de Salud (Minsa) y al Seguro Social de Salud (EsSalud) hacer efectiva la decisión de Estrada Ugarte. Sin embargo, la bancada de Renovación Popular rechazó tal solicitud y propuso impugnar el fallo judicial.
Asimismo, Renovación Popular rechazó el acompañamiento que la Defensoría del Pueblo ha brindado a Ana Estrada y señaló que “ha utilizado recursos públicos para promover la muerte de la señora Estrada”, tal como se lee en un comunicado publicado vía Twitter.
Otro de sus alegatos es que al ordenar a EsSalud hacer efectiva la decisión de la activista se está “obligando al personal médico a violar su juramento hipocrático”, que hace referencia al respeto a la vida humana.
En respuesta, Josefina Miró Quesada, abogada de Estrada desde Defensoría, indicó para RPP que la sentencia protege la objeción de conciencia de los médicos, de modo que “nadie va a obligar a practicar la eutanasia si es irreconciliable con sus convicciones”.
Además, enfatizó que “la vida no es solo biológica, sino biográfica y en condiciones de dignidad”. Argumentó, en ese sentido, que la salud de su representada se ha deteriorado.
“Conforme han ido pasando los años, de acuerdo con la naturaleza de la enfermedad que ella padece, que es la polimiositis, la enfermedad —en tanto degenerativa— ha ido empeorando con los años y eso implica un mayor debilitamiento muscular, razón por la cual ella ya no puede hablar. Ella ahora se comunica principalmente a través de las redes sociales: puede escribir con un dedo”, explicó.
Por ello, ante el pronunciamiento de Renovación Popular expresó que “es realmente patético que a estas alturas estén pidiendo impugnar un fallo. Si realmente estuvieran preocupados por la vida, estarían exigiendo que se investigue y sancione a los responsables de las muertes del estallido social”.
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