Obras educativas millonarias se adjudicaron a empresa con línea de crédito no autorizada por la SBS
Lambayeque. La Contraloría detectó que la Municipalidad Distrital de Olmos contrató a 2 empresas de forma irregular. También identificó responsabilidad penal en 7 funcionarios.
La rehabilitación de los colegios César Abraham Vallejo Mendoza y Jesús Teodoro Serrato Mío, en el distrito de Olmos (Lambayeque) está en riesgo, debido a la adjudicación irregular de S/ 7,6 millones que ejecutó el ayuntamiento de esta jurisdicción a empresas que presentaron carta de línea de crédito no autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). La Contraloría General identificó responsabilidad penal en siete funcionarios.
De acuerdo al informe n.° 031-2022, los miembros del comité de selección otorgaron la buena pro para la rehabilitación del local escolar César Abraham Vallejo Mendoza, valuada en S/ 3 808 438, a un consorcio que tenía como integrante a una empresa que no presentó una línea de crédito acorde al porcentaje de su participación.
De esta manera, el ente de control determinó que se incumplió el requisito de admisibilidad establecido en las bases integradas y el reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial n.° 003-2021.
Aunque no fue el único caso, ya que la comuna de Olmos, en el Procedimiento de Contratación Pública Especial n.° 004-2021, para la rehabilitación del colegio Jesús Teodoro Serrato Mío, otorgó la buena pro a un consorcio por S/ 3 841 103.
Según DREP la mitad de los colegios no cuentan con psicólogos en la región. Foto: La República.
De la revisión de la documentación, la Contraloría verificó que las dos empresas integrantes del consorcio presentaron una línea de crédito de una financiera no autorizada para otorgar avales y fianzas orientadas a procesos de contratación con el Estado, según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
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Cabe indicar que la firma de ambos contratos se realizó sin que la entidad efectúe la verificación física del equipamiento estratégico y su disponibilidad inmediata, conforme a lo establecido en la norma de contrataciones.
Debido a los hechos detectados, la entidad contralora identificó responsabilidad penal y administrativa en siete funcionarios y exservidores; por ello, ordenó el procurador anticorrupción que inicie las acciones legales.
