Obras educativas millonarias se adjudicaron a empresa con línea de crédito no autorizada por la SBS
Lambayeque. La Contraloría detectó que la Municipalidad Distrital de Olmos contrató a 2 empresas de forma irregular. También identificó responsabilidad penal en 7 funcionarios.
La República en GoogleLa rehabilitación de los colegios César Abraham Vallejo Mendoza y Jesús Teodoro Serrato Mío, en el distrito de Olmos (Lambayeque) está en riesgo, debido a la adjudicación irregular de S/ 7,6 millones que ejecutó el ayuntamiento de esta jurisdicción a empresas que presentaron carta de línea de crédito no autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). La Contraloría General identificó responsabilidad penal en siete funcionarios.
De acuerdo al informe n.° 031-2022, los miembros del comité de selección otorgaron la buena pro para la rehabilitación del local escolar César Abraham Vallejo Mendoza, valuada en S/ 3 808 438, a un consorcio que tenía como integrante a una empresa que no presentó una línea de crédito acorde al porcentaje de su participación.
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De esta manera, el ente de control determinó que se incumplió el requisito de admisibilidad establecido en las bases integradas y el reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial n.° 003-2021.
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Aunque no fue el único caso, ya que la comuna de Olmos, en el Procedimiento de Contratación Pública Especial n.° 004-2021, para la rehabilitación del colegio Jesús Teodoro Serrato Mío, otorgó la buena pro a un consorcio por S/ 3 841 103.
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De la revisión de la documentación, la Contraloría verificó que las dos empresas integrantes del consorcio presentaron una línea de crédito de una financiera no autorizada para otorgar avales y fianzas orientadas a procesos de contratación con el Estado, según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Cabe indicar que la firma de ambos contratos se realizó sin que la entidad efectúe la verificación física del equipamiento estratégico y su disponibilidad inmediata, conforme a lo establecido en la norma de contrataciones.
Debido a los hechos detectados, la entidad contralora identificó responsabilidad penal y administrativa en siete funcionarios y exservidores; por ello, ordenó el procurador anticorrupción que inicie las acciones legales.
