Ejército tipifica agresión a la mujer como ‘daño a imagen de la institución’
Entre 2020 y lo que va del 2022, la Inspectoría del instituto castrense ha recibido 194 denuncias contra efectivos militares por parte de sus parejas. Pero las sanciones que se aplican son leves y no reducen el promedio de episodios.
A los 27 años ya le tocó sentir de cerca la muerte. Era domingo y ella descansaba en su dormitorio. De pronto, Patrick Mercado Ángeles (23) entró, en estado de ebriedad, y empezó a insultarla.
Sacó su arma de fuego y le apuntó a la altura de su abdomen. “¡Si me denuncias, te mato!”, le advirtió. No se trataba de un caso más de violencia contra la mujer. Patrick Mercado es un sargento en actividad del Ejército.
Es muy difícil el acceso al registro de episodios de violencia de efectivos militares en agravio de las mujeres. Sin embargo, La República tuvo acceso a documentos del Ejército en los que se acreditan preocupantes casos cuya repetición no se ha reducido.
El técnico de segunda del Ejército Félix Villalba Condori protagonizó uno de los incidentes más graves. Su esposa sirvió la cena para su hijo y para un electricista que estaba en la casa haciendo un arreglo a un desperfecto. En un ataque de celos, Villalba irrumpió en la cocina y empezó a tirar tazas al piso. Cuando la mujer lo cuestionó, Villalba le tiró una taza con agua caliente en la cabeza. “Seguramente, él viene todos los días y lo atiendes. Ya te fregaste, te voy a matar”, gritó el efectivo, además de lanzarle improperios. La mujer logró escapar gracias a que lo golpeó con una jarra y a que su hijo pudo sacarlo de la casa donde, hasta hoy, viven juntos.
Estos hechos violentos figuran en las actas de denuncia verbal que realizaron las víctimas y fueron elevadas a la Inspectoría del Ejército. Este diario tuvo acceso a la información por intermedio de los correos electrónicos filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya. La República identificó en total 31 casos de violencia contra la mujer entre 2021 y lo que va del 2022.
Muchos son casos de violencia física y psicológica a parejas, convivientes o esposas, y se presentan con insultos, ahorcamientos, puñetazos, rodillazos o amenazas de muerte, de reducción económica o de quitarles a sus hijos menores de edad.
Sin embargo, este tipo de episodios de violencia suman una cifra mayor. Según la Inspectoría del Ejército, en 2020 la oficina recibió 65 casos de violencia contra la mujer. En 2021 fueron 77, y en lo que va del 2022 son 52. La tendencia se mantiene.
El Ejército comunicó a este diario que los 194 casos que llegaron a Inspectoría fueron sancionados administrativamente. Esto es, los agresores recibieron entre uno y cinco días de arresto de rigor. Su castigo fue permanecer en sus habitaciones de las dependencias o cuarteles donde laboran, durante ese tiempo. Es todo lo que pueden hacer, afirman las fuentes.
Se respaldan en lo estipulado en la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. El Ejército confirmó que en estos casos las sanciones se definen por “el daño a la imagen institucional” que generan dichas denuncias y no por la agresión por género. Es decir, no existe tipificación específica de sanción por violencia contra la mujer.
La ausencia de un castigo equivalente al daño se explica porque el Ministerio de Defensa, órgano rector del Ejército, aún no se adecúa a la ley nº 30364, que busca prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer.
Han pasado siete años desde la aprobación de dicha norma legal y el Ministerio de Defensa ni el Ministerio de la Mujer han solicitado la adecuación del régimen especial de las Fuerzas Armadas, como sí se aplica en la Policía Nacional.
La institución policial reconoce la violencia de género en su régimen de sanción. Además, sus penalidades disciplinarias son más rigurosas. Van de seis meses a un año, y en algunos casos son expulsados.
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La adecuación de esta ley en la normativa del Ejército hace que tampoco cuente con una política de medidas de protección para las víctimas. La República comprobó que varias de las víctimas siguen conviviendo con sus agresores. Y, según el reglamento, tampoco le corresponde a la institución retirar el arma que porta el agresor.
La representante del Ministerio de la Mujer Liurka Otsuka indicó que las entidades públicas deben garantizar la atención de las víctimas por violencia contra la mujer en el marco de la ley 30364. Pero el Ministerio de Defensa tarda en hacerlo.
“Todas las entidades tienen que hacer una ficha de evaluación de riesgo: si se tiene que dar asistencia psicológica o que aparten del hogar a tu agresor, o que te lleven a un hogar de refugio temporal. Esto porque son víctimas de violencia física, pero además tienen riesgo de feminicidio. Es preocupante cuando no se toma ninguna medida de protección”, declaró.
Sin embargo, para el jefe de Informaciones del Ejército, general Juan Monzón Córdova, el problema es otro: “Entenderás que nosotros no estamos vigilando todo el tiempo las casas de los miembros del Ejército”.
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“Todos los casos son resueltos”
De acuerdo con el jefe de Informaciones del Ejército, general Juan Monzón, todo caso de violencia contra la mujer es considerado como una falta grave en el cuadro de sanciones. Precisó que la Inspectoría del Ejército castiga todos los casos que recibe, incluso si la víctima decide retirar la denuncia que presentó en la comisaría.
En un principio, el Ejército informó que el 60% de los casos habían sido desestimados por la Inspectoría. Luego aclararon que todos habían sido resueltos.
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Edición Impresa - La Republica | Lima - Jueves 21 de Noviembre del 2024