Van casi seis años y el Congreso aún no discute la Ley de Identidad de Género

—¿Qué significa ser una persona trans en el Perú?

—Vivir en un sistema de violencia, exclusión, en el marco del no reconocimiento de derechos humanos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Miluska Luzquiños, directora ejecutiva de Trans Organización Feminista y defensora de Derechos Humanos, cuenta que cada mes se actualizan las cifras de discriminación y violencia que viven, en medio de un Estado ausente.

Un caso que evidencia esta situación es el de Rodrigo Ventocilla, el ciudadano peruano que murió en Indonesia tras ser detenido en el aeropuerto de Bali en un aparente acto de transfobia.

El economista había viajado a la isla para pasar su luna de miel con su esposo Sebastián Marallano; no obstante, cuando la Policía vio que los datos personales consignados en su pasaporte no concordaban con su aspecto físico, empezaron los problemas, según denunciaron sus abogados y familia. También han indicado que el cónsul de Perú en Indonesia, Julio Tenorio, no atendió el caso con celeridad, pese a que fue informado de lo que sucedía.

Rodrigo no tuvo acceso a un derecho básico, como el de la identidad, a pesar de que existe una iniciativa legislativa que atiende esta problemática y que desde hace casi seis años espera ser aprobada en el Congreso.

En el 2016, luego de haber consultado con organizaciones, activistas y defensores de derechos humanos, se presentó el proyecto de Ley de Identidad de Género, que busca reconocer los derechos de las personas trans. Desde entonces, recién en marzo del año pasado, la Comisión de la Mujer aprobó su dictamen, pero aún requiere pasar por la Comisión de Constitución y, finalmente, ser debatido en el Pleno.

Sin embargo, la lentitud con la que se marcha sería, sobre todo, por falta de voluntad política. “Acá el tema es que los congresistas no quieren”, sostiene Susel Paredes, quien solicita que la comisión a cargo agende pronto el proyecto n° 790/2016.

En esa línea, Marisa Glave, socióloga y una de las autoras de la iniciativa, refiere que ‘’acá lo que hay es el prejuicio y temor de un sector que, desde una lógica conservadora, quiere negar un derecho fundamental a una comunidad’'.

Sumado a ello, explica que la propuesta no tendría por qué ir a la Comisión de Constitución, sino a la de Justicia porque no se requieren cambios constitucionales y se trata más bien de un tema de derechos humanos. ‘”La Constitución habla claramente del derecho de las personas a su identidad. No habla de mujeres u hombres biológicamente ni hace una diferenciación alrededor de las personas trans”.

Por ello, la propuesta busca que el cambio de imagen, nombre y sexo en el DNI sea un procedimiento administrativo en el Reniec y no judicial, como lo es hasta ahora en Perú. Glave señala que “los procesos judiciales son estigmatizadores, demoran mucho tiempo y están cargados con un conjunto de prejuicios”.

No acceden ni a vacunas

Ahora bien, Miluska Luzquiños hace énfasis en que no contar con una ley de identidad de género conlleva a una vulneración de distintos derechos fundamentales, como el de la salud, libre tránsito, trabajo, educación, vivienda y más. Por ejemplo, detalla, existe un número importante de mujeres trans que nunca han tenido DNI y, por lo tanto, no han accedido a la vacuna contra el COVID-19.

“Todos los meses tenemos casos de violencia y discriminación (…). La Ley de Identidad de Género sería un marco de protección bastante regular que nos permitirá, por lo menos, acceder al sistema de protección legal’'. Además, el no contar con esta ley tampoco faculta tener cifras oficiales sobre cuántas personas trans hay y en qué condiciones viven, señala Luzquiños.

Incluso, para sufragar puede haber múltiples problemas, advierte Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

Añade que han recomendado al Congreso aprobar la ley en varias ocasiones. Adicional a esto, la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante para los países de Latinoamérica y el Caribe, expresa que el reconocimiento de la identidad de género por parte del Estado “resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero”.

Ejemplos cercanos

En tanto, y sin ir muy lejos, países vecinos como Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay ya tienen leyes que permiten acceder al derecho a la identidad.

En tal sentido, urge que la iniciativa sea discutida en el Perú, pues la afectación a los derechos de las personas trans incrementa día a día mientras no puedan actualizar los datos de su DNI, según un informe de la Comisión Nacional contra la Discriminación del 2019. Está en manos del Congreso y el Ejecutivo.

“Comunicado de Cancillería fue falaz”

El abogado Julio Arbizu, representante legal de la familia de Rodrigo, calificó el comunicado de la Cancillería (24 de agosto) como “falaz y lleno de medias verdades”. Recordó que el documento no dio el pésame a la familia, no mencionó la extorsión que hubo ni los maltratos que se denunciaron.

La Cancillería dijo en un inicio que la detención no fue por racismo o transfobia. Más bien, indicó que habría sido por lo hallado entre las pertenencias: pastillas con prescripción médica y restos de cannabis.

A su vez, Luzmo Henríquez, vocero de la familia, comentó a este medio que ayer se estaba realizando la necropsia y que era probable que mañana haya una conferencia.

La palabra

Percy Castillo, adjunto de la Defensoría

“Lo que se requiere es voluntad política para llevar el proyecto adelante (...), pero no solo desde el Congreso, sino también voluntad política expresada por el Poder Ejecutivo. Su respaldo haría plausible que se apruebe en el Congreso”.