Jueza deniega demanda en contra de vacunación COVID-19

Decisión. Magistrada constitucional determinó que no hay violación de derechos, como indicaron demandantes.

Vacunación de cuarta dosis en Perú ya inició desde este sábado 2 de abril. Foto: La República
Vacunación de cuarta dosis en Perú ya inició desde este sábado 2 de abril. Foto: La República

La demanda interpuesta por seis ciudadanos para que se declare inaplicable la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19, fue denegada. La jueza constitucional de la Corte de Arequipa, Karina Apaza del Carpio, declaró improcedente el habeas corpus que interpusieron. El fallo declara igualmente improcedente los extremos que hacen referencia a la vulneración del derecho al trabajo, a no ser víctima de violencia (moral, física, psíquica o física), tortura, tratos humillantes inhumanos, libertad de empresa, de contratación a no ser discriminado en el trabajo o en el acceso al centro de estudios.

Asimismo, se declara infundada la demanda en lo referido a la vulneración de los derechos a la libertad personal, vida, salud e integridad y libertad de tránsito.

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En su resolución la magistrada Apaza del Carpio, sostiene que si bien es cierto, el miedo a la desconocido es parte de la naturaleza humana, la confianza en la ciencia y a una ética solidaria, permiten comprender que la única forma de afrontar una situación tan difícil como la que paralizó al mundo entero desde marzo del 2020, ante la existencia de la COVID-19, es la mutua colaboración y solidaridad entre los seres humanos.

“De esta manera, los poderes del Estado no pueden obstruirse en la consecución del objetivo común de la lucha contra la pandemia”, sostiene la jueza.

Agrega que toca caminar juntos hacia una nueva era, en nombre de aquellos que partieron de este mundo, ansiando la oportunidad de tener acceso a la vacuna.

Los demandantes, interpusieron un Habeas Corpus, buscando el cese de actos discriminatorios y violación a los derechos humanos y por tanto pedían, se declare inaplicables las restricciones tendientes a hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19.

La resolución puede ser apelada ante la Sala Civil.

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