Niñas, adolescentes y mujeres corren más riesgo de ser víctimas de trata de personas, según ONG

Cifras preocupantes. La organización CHS Alternativo alertó sobre la urgencia de atender el delito de trata de personas, que afecta de manera diferenciada a niñas, adolescentes y mujeres. De acuerdo a cifras del Ministerio Público, hasta octubre de 2021, se registraron 649 casos de víctimas de este delito a nivel nacional, de los cuales 582 fueron mujeres.

El 29% de las víctimas fueron captadas por una falsa propuesta laboral, especialmente en las regiones de Lima, Madre de Dios y Puno. Asimismo, la forma de captación de poco más de la mitad de los casos registrados (55%) sigue en investigación.

Otro dato inquietante es la cifra de casos de menores de edad víctimas de este delito, pues aproximadamente el 45% de las víctimas corresponden a adolescentes mujeres de entre 13 y 17 años, y el 50% son mujeres mayores de 18 años.

En este panorama, debemos considerar el impacto diferenciado que trajo la pandemia. “Perú evidenció un notable incremento de casos de violencia de género al interior del hogar durante el confinamiento, cuyas víctimas principalmente eran adolescentes y mujeres; si a eso se le suma el impacto económico, que generó mayor pobreza en las mujeres, ellas quedan en mayor riesgo de caer en manos de tratantes”, advirtió Karina Dianderas, coordinadora del proyecto Servicios de Atención a Víctimas de Trata de Personas de la Región Puno y Madre de Dios de CHS Alternativo.

Uno de los principales fines de este delito es la explotación sexual, de acuerdo al informe “La política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación sexual al 2030″, publicado por el Ministerio del Interior en 2021. El documento también revela que aumentó la cantidad de personas vulnerables durante el confinamiento por COVID-19, puesto que, a menor empleo, hay un aumento considerable de pobreza y, con ello, se somete a esta población vulnerable a mayor riesgo de ser víctimas.

Además, destaca, entre las causas de esta problemática, la limitada vigilancia preventiva de este delito en un contexto de vulnerabilidad. En esa línea, agrega otros factores, como que las potenciales víctimas no cuentan con información para prevenir el riesgo, que las instituciones públicas carecen de información de calidad sobre los espacios, lugares y zonas de victimización y que las acciones de prevención no se han focalizado en las principales zonas de riesgo.

También anota los limitados e inadecuados controles en las fronteras, la persistencia de espacios de trabajo de oferta informal y la ineficaz fiscalización de espacios y actividades ilegales en zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral.

Poca evidencia sobre la trata de personas

CHS Alternativo, organización que realiza constantes monitoreos de registro de información sobre situaciones de trata de personas, manifiesta su preocupación ante la inexistencia de un sistema centralizado del registro de este delito.

Instituciones como la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables muestran registros estadísticos sobre la trata de personas diferentes entre sí, lo que es una desventaja para el establecimiento de políticas públicas de carácter integral que generen mecanismos de prevención, atención y reinserción a las víctimas, sobre todo en regiones con mayor incidencia de victimización y riesgo, como Madre de Dios y Puno.

Otro punto alarmante es la ausencia de un registro de casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (Esnna), cuya sanción penal es distinta a la trata de personas con fines de explotación sexual y cuyas víctimas son menores de edad. Esta es una problemática en aumento, sobre todo en espacios digitales ante el traslado de las clases escolares a la virtualidad a causa del confinamiento por el COVID-19.