Caso Manta: a 3 años de iniciado el segundo juicio, sobrevivientes aún esperan justicia

Por Johana Perleche

Hace 38 años, el Ejército peruano instaló una base militar en Manta, Huancavelica, en el contexto del conflicto armado interno (CAI) que se vivía en el país. El objetivo era “proteger” a la ciudadanía del accionar terrorista del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Sin embargo, durante esta época se registraron distintos delitos de lesa humanidad por parte de las Fuerzas Armadas, como reveló mucho después el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

De acuerdo al Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el Perú se presentaron aproximadamente 5.000 casos de violación sexual en las que niñas, adolescentes y adultas resultaron afectadas, aunque esta cifra podría ser mayor.

Niñas que no solo fueron violentadas, sino que al quedar embarazadas producto del abuso fueron obligadas a ser madres. Ese fue el caso de una de las sobrevivientes, quien a los 16 años tuvo un embarazo forzado tras haber sido agredida sexualmente por los soldados en Manta.

Sus vidas se vieron truncadas por el hecho de vivir durante un periodo de violencia y porque quienes llegaron supuestamente a cuidar a la población, abusaron de su poder en acciones sistemáticas de violaciones sexuales.

Único caso en el que se juzga a militares por violaciones sexuales durante el CAI

Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, acompaña el caso y a sus tres patrocinadas desde el 2007, cuando se dio la denuncia en la que por primera vez en la historia del Perú se buscaba investigar a un grupo de 13 militares exclusivamente por haber violado a 9 mujeres durante el conflicto armado interno.

En 2016 inició el primer juicio oral, pero se interrumpió al verificarse que no había imparcialidad. Además, existía el riesgo de que hubiera corrupción, pues la presidenta de la Sala estaba involucrada en la red Los Cuellos Blancos del Puerto.

Luego, un 13 de marzo de 2019 inició el segundo juicio oral, que acaba de cumplir 3 años este domingo.

“El caso es particularmente relevante por lo que implica estar en una sociedad post conflicto como la nuestra. Si bien es cierto el conflicto armado concluyó aparentemente en el 2000, no son menos importantes las consecuencias, las secuelas de ese proceso doloroso que sufrió el país, que todavía están muy vivas, latentes. (...) Hay heridas que están abiertas porque hay muchísimos casos que han quedado en la total y absoluta impunidad en tanto no pudieron ser llevados a juicio”, explica Víctor Álvarez, abogado por Demus para el caso Manta.

Si actualmente las sobrevivientes de violencia sexual ven difícil el acceso a la justicia, para las niñas, adolescentes y mujeres que vivieron durante el conflicto armado interno en nuestro país, donde la autoridad máxima eran los militares, alzar su voz para denunciar era casi imposible.

En un alegato violento, la defensa de los militares plantea —a través de interrogatorios revictimizadores— que sí hubo consentimiento. Ello para desestimar que se trataron de violaciones sexuales y que los acusados abusaron de la posición de poder en la que se encontraban entonces. No obstante, no se considera que el consentimiento en un contexto de violencia es nulo.

“Ese es el esquema más o menos de la defensa: negar que hubo un patrón, un accionar sistemático de estos miembros de este cuartel, violaciones consentidas y hasta autorizadas por los que estaban al mando en esos momentos”, explica Álvarez.

Audiencias revictimizadoras

Adriana Fernández, psicóloga comunitaria que también acompaña a las sobrevivientes del caso, detalla que “el juicio se convierte también en un espacio que reabre estas heridas, que en algún sentido las revictimiza porque las obliga a recordar lo que les ha ocurrido y además las obliga a ponerse en una posición en la cual tienen que defender su verdad frente a los abogados de los 13 militares acusados”.

Pero no solo son heridas del pasado con las que tienen que lidiar las sobrevivientes, sino también nuevas que surgen tras el interrogatorio.

“Los abogados de los imputados buscan escudriñar en la vida sexual y social pasada de las víctimas diciéndoles que han tenido parejas anteriores a la experiencia traumática de la violación sexual que han vivido”, manifiesta Cynthia Silva, abogada feminista y directora de Demus.

Pese a que se ha pedido que este juicio, en el que se trata de delitos de lesa humanidad, sea llevado de una manera distinta a la habitual para que no se vulneren los derechos de las sobrevivientes, no se llega a cumplir con las medidas necesarias.

“Vemos que no se comprende del todo en la sala, en el colegiado que si bien tiene un discurso de respeto de los derechos de las víctimas por consideración de la situación que han vivido, no termina de garantizar que las reglas del interrogatorio sean realmente respetuosas de los derechos de las víctimas y logren evitar la revictimización. No tienen por qué pasar ellas por un interrogatorio tan cuestionador”, sostiene Silva.

En esa línea, la psicóloga Fernández añade que el tipo de interrogatorio destructivo es una estrategia reconocida para procesos penales, pero en este caso no debería de ser considerado.

“Este es un caso que se está procesando como delitos de lesa humanidad y lo que ocurre con este tipo de interrogatorio destructivo y, en general, con cómo se da el juicio en la audiencia, es una lógica muy patriarcal y muy masculina, en donde se da un escenario parecido a la guerra, en donde hay que ir a matar a, digamos, mi contrincante”.

En este caso, son las sobrevivientes el “enemigo”. “Se les presenta un escenario y una performance en donde la guerra, que es de donde ellas se han escapado, se vuelve a reproducir en su actualidad. Entonces cada audiencia es una situación en donde ellas vuelven a pasar esa experiencia, volver a enfrentarse a alguien que cuestiona y, a partir de estos cuestionamientos, violenta”, observa.

Además, debido a que ahora se dan las audiencias de forma virtual, los militares acusados prenden sus cámaras justo en el momento en el que las sobrevivientes dan sus testimonios. “Imagínense una persona ser víctima de violación sexual y de pronto ver la cara de tu agresor en la pantalla”, cuestiona Fernández.

“Es importante también repensar las estructuras de fondo en lo que son los juicios, tratar de desmantelar las lógicas patriarcales, las lógicas masculinas de si hablo más fuerte, entonces me van a respetar más; o si es que soy agresivo, entonces soy buen abogado; si quiebro a la persona que está dando el interrogatorio, pues entonces gané”.

Los cuerpos de las mujeres como disputa del poder en el conflicto armado interno

Rocío Silva-Santisteban, excongresista feminista que ha podido seguir de cerca los casos de violaciones sexuales durante el conflicto armado interno, explica que a través de estos delitos lo que se trata es de ejercer más poder. El cuerpo de las mujeres son un “trofeo” más de la guerra, un campo de batalla.

“Hay una diferencia entre la violencia sexual ejercida en épocas de no conflicto a la violencia sexual en épocas de conflicto, porque en épocas de conflicto el cuerpo de la mujer se convierte en el espacio de la venganza del enemigo. O sea, el enemigo se venga en el cuerpo de la mujer”, manifiesta.

“Estamos hablando de situaciones muy delicadas que se repiten en el mundo y que tienen que ver, obviamente, con un tema de poder. Ya lo ha dicho la antropóloga argentina Rita Segato: la violación sexual no tiene que ver nada con un tema de deseo sexual, la violación sexual tiene que ver con un tema de poder. Es el poder del violador sobre el cuerpo de la mujer violada; y con eso ejerce una dominación a todo su grupo social”, añade.

Por ello, enfatiza en que el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia y el presidente de la República deberían de tener una posición firme en torno a este tema, “porque como nación tenemos la deuda histórica de no haber hecho justicia hasta este momento”.

¿Cómo reparar a las sobrevivientes de violencia sexual?

Para el abogado Víctor Álvarez, el Estado peruano debe ser claro con el mensaje que quiere dar cuando se logre la sentencia del caso, ya que una reparación monetaria no es suficiente.

“Debe establecer medidas que permitan reparar no solamente en términos económicos, poner el pago de una indemnización monetaria, sino también disponer de otras medidas que puedan de alguna forma, no digo reparar el daño, que es irreparable, pero establecer una guía para estas mujeres que perdieron su vida, perdieron las posibilidades de ser quienes querían ser”, sostiene.

En ese sentido, esperan que el Estado primero pida perdón a estas mujeres y a todas aquellas afectadas. “El Estado debe pedirles perdón a esas mujeres. (...) (Las Fuerzas Armadas) cometieron abusos, crímenes de manera sistemática, bajo un patrón de conducta y eso no puede permitirse nuevamente. Y eso hay que reconocerlo. Sí, pues, esa gente hizo lo que le dio la gana; el Estado lo toleró y nunca debió pasar”.

Además, piden medidas para ellas y sus familias en aspectos como educación y salud para garantizar al menos un nivel de vida medianamente digno.

Otra forma de reparación, señala Alvarez, es que en temas de políticas generales se garantice la no repetición de estos crímenes, “que haya una política de educación al interior de las Fuerzas Armadas, de la PNP con relación a los derechos de las mujeres, con relación a la garantía de su libertad sexual”.

Finalmente, se espera que con una sentencia que reconozca los delitos sexuales cometidos, se consiga una especie de justicia simbólica para las demás niñas, adolescentes y mujeres que pasaron por estas situaciones, pero no pudieron denunciarlas por el contexto en el que vivían.

“Muchas personas sentirán una especie de justicia oblicua. ‘Mi caso no se procesó, yo fui violada, vulneraron mis derechos humanos, mi caso no llegó a juzgarse, pero a esos perpetradores sí los juzgaron y los condenaron; me puedo sentir de alguna manera resarcido con esa justicia oblicua’. Porque no ha sido posible ni va a ser posible procesar todos los casos que ocurrieron”.