Denuncian que pueblos indígenas están en riesgo debido a proyectos viales en la Amazonía

Hoy se realizó el Side Event sobre “Protección de los ecosistemas desde los enfoques de justicia climática, género y grupos vulnerables”, organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Fundación Plurales y Biosfera, en el marco de la COP 26, donde representantes de las comunidades indígenas alertaron sobre los impactos asociados a la expansión de la infraestructura vial en bosques y territorios indígenas de Perú y Colombia, sobre todo porque a cinco años del Acuerdo de París, la deforestación continúa siendo una amenaza en la Amazonía.

Este evento contó con la participación de representantes de varios países, entre ellos Segundo Reynaldo Laureano Gomes, vicepresidente de la Federación Nativa del Rio Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) de Perú, quien habló de los peligros que conlleva la construcción de la carretera que unirá Cusco y Madre de Dios.

“Esto ha impactado a los bosques y a las comunidades que viven ahí. Hay tala ilegal y también puede ingresar el narcotráfico con el tramo entre Boca Manu y Boca Colorado. No tenemos seguridad territorial, porque hemos pedido muchas veces que nos entreguen títulos de propiedad y nada. Pero la carretera si avanza rápido. Esto afectará a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), porque se pueden contagiar de cualquier enfermedad y acabar con su población. Venimos luchando contra esta constante amenaza”, enfatizó Laureano Gomes.

Además, Oscar Daza Gutiérrez, coordinador de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) recalcó que los proyectos deben tener en cuenta una visión ancestral que visibilice sus tradiciones y que no sólo tomen en cuenta la infraestructura vial en la Amazonía.

“La expansión de las carreteras no solo está promoviendo el acceso a los bosques, sino también está permitiendo el ingreso de actividades ilegales y, con ello, la amenaza a nuestros defensores y defensoras que mueren año tras año. Para nosotros, como actores clave de la Amazonía, es irónico que Colombia se comprometa a una meta de deforestación cero para el 2030, sin embargo, no se establecen estrategias efectivas que cuenten con los pueblos indígenas”, concluyó Daza Gutiérrez.

A su turno Rodrigo Botero, representante de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), instó a los gobiernos a mejorar sus estrategias de desarrollo y planificación de proyectos viales en zonas altamente vulnerables como es la Amazonía.

“La falta de planificación en algunos casos, asociadas a las construcciones viales de economías ilegales o de las iniciativas, ya sean comunitarias o de la industria privada, están haciendo un efecto sinérgico muy importante que se está expresando en la apertura de nuevos frentes de deforestación, que se ven consolidados por rápidos procesos de apropiación ilegal de tierras en gran escala”, señaló.

Asimismo, Gabriela Soto Zavaleta, especialista en programa Cambio Climático y Bosques de DAR, reafirmó que el Perú es un país altamente vulnerable y que debemos mantener nuestros bosques para asegurar medios de vida a la población más vulnerable.

“La expansión de infraestructura vial en Perú sin una adecuada planificación y cumplimiento de criterios socio-ambientales podría generar impactos directos e indirectos que representan una amenaza al patrimonio forestal, pero especialmente a la población indígena que la alberga y a sus medios de vida. Es importante una real voluntad política para que los Estados sean consecuentes con los compromisos que asumen y paren de impulsar proyectos e iniciativas que se contrapongan. Pero también es vital la incorporación de propuestas que busquen el abordaje de los impactos de la infraestructura vial en la Amazonía dentro de las políticas climáticas nacionales y que como sociedad civil venimos impulsando”, indicó.

Finalmente, la especialista dio a conocer la propuesta que han venido trabajando desde su organización para reducir no solo la deforestación, sino también la fragmentación de los ecosistemas y con ello lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a estos proyectos de infraestructura.

“Desde DAR hemos venido trabajando en relación a una nueva medida de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que pueda ayudar a reducir los impactos directos e indirectos, acumulativos y sinérgicos que son ocasionados por la expansión de la infraestructura vial. Actualmente hemos compartido esta propuesta con los sectores responsables para que pueda ser evaluada y perfeccionada a través de sus expertos pero también con la participación de gobiernos regionales y actores clave del territorio amazónico con la finalidad de que pueda ser incorporada a la actualización de las siguientes NDC del país”, añadió.

En tanto, Ciro Salazar Valdivia, especialista del programa Gobernanza y Gestión Ambiental de DAR recordó que Perú perdió 203,272 hectáreas de bosques amazónicos solo en 2020, la cifra más alta en los últimos 20 años.

“En la Amazonía peruana se proyecta pavimentar 3,723 km de vías, pero el Estado carece de herramientas para conocer los territorios y las necesidades de las poblaciones, particularmente indígenas. Varias vías proyectadas se sobreponen o colindan con zonas de narcotráfico o cultivos de hoja de coca. En los últimos 5 años 78% de familias recorren más distancias para cazar, 76% para extraer madera, 59% consigue menos peces. Las comunidades indígenas aspiran tener servicios básicos como luz, agua, alcantarillado, colegios, postas médicas, medicinas y comunicación”, enfatizó Salazar.

Para que las declaraciones de los países orientadas a reducir la deforestación en la Amazonía, durante la COP 26, no sean solo “declarativas”, las estrategias, acciones y el financiamiento derivado deben estar orientadas al abordaje de los principales motores de la deforestación. Además, se debe promover el involucramiento de personas e instituciones en el territorio y reafirmar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas como la consulta previa en proyectos de infraestructura a realizarse en sus tierras.

En este evento también participaron representantes de Argentina, Paraguay, Bolivia, entre otros, quienes enfatizaron la importancia del papel que cumplen las defensoras y defensores ambientales cuya situación de amenaza y riesgo se ha agravado en el contexto de la emergencia por el COVID-19 y la crisis climática. Igualmente, los especialistas destacaron la trascendencia del Acuerdo de Escazú, que es una herramienta de gran valor para fortalecer la democracia y justicia ambiental.