En el año del Bicentenario se debe impulsar la participación política de la mujer indígena

En el año del Bicentenario, las mujeres indígenas peruanas siguen enfrentando enormes barreras estructurales para participar en la vida política del país. Desigualdad económica, desigualdad en el acceso a educación y salud, violencia y acoso político, estereotipos de género, son algunos de los obstáculos que sortean a diario.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a nivel mundial, buscan asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en todos los niveles de decisión en la vida política, económica y pública. Y es que la falta de representatividad política de las mujeres contribuye a la implementación ineficaz de políticas públicas y acciones para su desarrollo.

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En Perú, el voto femenino fue reconocido en 1955, y se ejerció por primera vez en las elecciones de 1963. En 1979, la Asamblea Constituyente declaró el “voto universal”, que permitió que incluso las personas analfabetas ejerzan su derecho al sufragio, por lo que la mayoría de mujeres indígenas recién pudo votar en las elecciones de 1980. En 2006, la cuota indígena estableció la obligatoriedad de incluir un mínimo de 15% de candidatas indígenas o campesinas en sus listas de candidatos a gobiernos regionales y municipalidades provinciales. Y en junio de 2020, se aprobó la Ley N° 31030, que busca garantizar paridad y alternancia de género en las listas de candidatos.

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Pese a los avances, el ejercicio de los derechos políticos de todas las mujeres sigue notoriamente afectado por la falta de igualdad en la división sexual del trabajo, la jerarquía de los roles de género en la familia y las barreras estructurales que limitan sus oportunidades de participación política.  Y ser mujer e indígena, en un país con dificultades históricas, vuelve más desafiante esta situación.

Según la Defensoría del Pueblo, la vulneración de derechos en mujeres indígenas es mayor que en mujeres no indígenas. Ellas enfrentan una mayor incidencia de maternidad precoz, violencia familiar y sexual, pobreza y extrema pobreza. Sumado a ello, muchas lideresas indígenas no dominan el idioma castellano, base de la gestión pública, lo cual limita su capacidad de sostener una campaña electoral y ejercer sus labores en la gestión pública.

El Estado peruano ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas, el cual señala que los gobiernos son responsables de proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, debiendo establecer los medios para que participen libremente, y a todo nivel, en la toma de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos responsables de políticas y programas que les conciernen.

En Perú habitan 55 pueblos indígenas y, según el último censo nacional, alrededor de seis millones de personas se auto identifican como indígenas. En este grupo, las mujeres representan el 52%, y el 10% del total de la población peruana.  Su participación en la política incide en su desarrollo individual, colectivo o comunal, pues son ellas quienes han mantenido sus lenguas y culturas originarias, así como las prácticas y conocimientos ancestrales de sus pueblos.

Si bien en los últimos cuatro procesos electorales regionales y municipales, el número de candidaturas de mujeres indígenas para los cargos de consejerías y regidurías municipales se quintuplicó, su participación efectiva sigue siendo baja. En las elecciones de 2018, solo 35 mujeres indígenas fueron elegidas para asumir los cargos de consejeras y regidoras, en contraste con 190 hombres indígenas elegidos.

En las elecciones congresales extraordinarias de 2020, un 28 % de candidatos se auto identificaba como parte de un pueblo indígena, y un 3,5% como indígena de la Amazonía. Entre el 2001 y el 2020, de los 740 congresistas de la República elegidos, siete se auto identificaban como parte de un pueblo indígena (seis mujeres y un varón), y solo un congresista se auto identificó como indígena amazónico.

En el año del bicentenario, las mujeres indígenas siguen enfrentando una situación de desigualdad en el reconocimiento y ejercicio adecuado de sus derechos fundamentales.  Aún con el establecimiento de la cuota de género, las candidatas indígenas eran ubicadas en el tercio medio o en una posición inferior en las listas, y con ello, tuvieron menores posibilidades de resultar elegidas.

En ese sentido, con la implementación de la paridad y alternancia, se deben generar mayores oportunidades en el acceso de todas las mujeres a las elecciones populares, desde las elecciones internas de los partidos políticos, y se espera que en 2031 el 50 % de las listas estén integradas por  mujeres u hombres, y que su posicionamiento sea intercalado.

En ese marco, para garantizar la participación política plena y efectiva de las mujeres indígenas, es necesario eliminar las barreras estructurales persistentes, que condicionan su participación en la vida política. Solo así podremos contar con una democracia efectiva y una gobernanza inclusiva.