Moquegua: inmueble donde funcionaba club nocturno en Ilo ahora es del Estado
A través de un proceso de pérdida de dominio, una Sala especializada dispuso los cambios del local del club Embassy. Su expropietaria cumple condena por trata de personas.
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Luego de años de proceso, finalmente se confirmó la extinción de dominio del local donde funcionaba el club nocturno Embassy, situado en la ciudad de Ilo. La decisión de una sala especializada giró en torno a la tesis de que este lugar -en su momento- fue utilizado para actividades delictivas. Se trata del primer caso registrado en la región Moquegua.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Moquegua, Washington Cruz Cervantes, informó que la Sala Especializada en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó la sentencia que declara fundada la pérdida de dominio del inmueble donde funcionaba el local nocturno, por lo que la titularidad del bien se traslada al Estado.
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Este inmueble se sitúa en la urbanización Ghersi. Tiene 420 metros cuadrados e incluía una edificación.
En junio del 2015, durante un operativo, la Policía Nacional rescató a una menor de 17 años de este club. Ella, de acuerdo a los resultados de las investigaciones posteriores, laboraba y habitaba en el tercer piso del citado local nocturno, como lo comprobaron luego en las diligencias de constatación y que fueron valoradas por el juzgador para emitir su resolución.
Fue en setiembre del 2019 que la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio de Tacna con competencia en Moquegua, incautó el inmueble que era de propiedad de Elva Gloria Tarazona Tucto, actualmente presa por el delito de trata de personas. En aquel momento fue entregado al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
¿Cuándo aplica la pérdida de dominio?
La extinción de dominio se aplica sobre todo al bien patrimonial que constituya objeto, instrumento, traiga efectos o ganancias que tienen relación o que se deriven de actividades ilícitas, o actividades vinculadas a la criminalidad organizada.
Este procedimiento lo inician las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio como una herramienta de política criminal independiente y autónoma del proceso penal.
