Local operaba sin licencia y municipio no lo fiscalizaba
Desde enero pasado. Alcalde de Los Olivos justifica deficiente control con la falta de recursos. Dice que su responsabilidad es "emocional". Mininter revisa protocolos de intervención de la PNP.
El local donde operaba la discoteca Thomas Restobar, en Los Olivos, no tenía licencia de funcionamiento desde el pasado 24 de enero. Sin embargo, continuó abierto hasta convertirse en el escenario de la muerte de trece jóvenes el último sábado.
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Esto se dio a conocer ayer durante la sesión de la comisión de Defensa Nacional del Congreso, en la que el alcalde distrital, Felipe Castillo, quien lleva 20 años en ese cargo, justificó la deficiente fiscalización con la falta de recursos para contratar más serenos y fiscalizadores. “Cumplimos en esa labor en la medida de nuestras posibilidades. Nuestro personal está diezmado por efectos del Covid-19”.
Incluso, más temprano, afirmó que su responsabilidad en esta tragedia era “estrictamente emocional y sentimental”. “Si hay responsabilidad con funcionarios, el ente a cargo es el Ministerio Público”, sostuvo.
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Según Castillo Alfaro, este local con giro de restaurante fue clausurado en junio del 2019, cuando el gerente de seguridad ciudadana era el ahora congresista Daniel Urresti, quien asegura que funcionaba como cantina y burdel clandestino. Sin embargo, fue reabierto mes y medio después de que su administrador levantara las observaciones. “Se reabrió con giro de restaurante. El 2018, una norma anuló los certificados de inspección técnica indefinidos y tuvo vigencia hasta el 24 de enero. Desde ahí no tiene licencia para restaurante ni para nada”.
Pese a que las fiestas en esta discoteca se promocionaban por redes sociales, había avisos en el frontis y quejas de los vecinos, el burgomaestre aseguró que "no hay evidencia de reclamos formales o visibles" por este tipo de actividades.
Cambios en protocolos
En la sesión de la Comisión de Defensa Nacional también participó el ministro del Interior. Jorge Montoya, quien aseguró que la intervención al local “cumplió con todos los protocolos” establecidos en los planes Covid-19, Fortaleza 2020 y el decreto de urgencia 044, que declara el estado de emergencia.
Sin embargo, han iniciado un proceso de revisión de dichos documentos "a fin de actualizarlos y mejorarlos para salvaguardar la integridad en situaciones como las del sábado".
Y es que tras la tragedia han surgido cuestionamientos sobre el accionar de la Policía. Para el investigador de IDL, Aldo Pecho, si bien hay responsabilidad del municipio y empresarios, también hubo fallas en el operativo. “Una intervención exitosa no tiene trece muertos”.
Montoya Pérez insistió que la Policía no utilizó bombas lacrimógenas ni armas de fuego. Añadió que tras esta operación en flagrancia, una mujer falleció en el lugar, y el resto en clínicas. En relación a los policías, informó que han sido trasladados a la escuela de Puente Piedra, donde pasarán por un tamizaje, y la Inspectoría investigará los procedimientos operacionales.
Aseguró que se revisan planes de inteligencia para “actuar preventivamente y en coordinación con municipios”. Sobre esto, el alcalde Felipe Castillo dijo que espera que se arme un “pequeño equipo de inteligencia para tener registro de locales que cometen actos ilegales”.
Déficit
Carencia. En Lima hay un déficit de 6 mil policías. En total, hay destinados 22 mil policías, pero en los turnos operan realmente 7 mil, dijo el ministro Montoya.
Recursos. El alcalde Felipe Castillo solicitó más recursos al MEF. Sin embargo, a la fecha, solo ha ejecutado el 37% de todo su presupuesto.
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