Fiscalía archiva investigación por esterilizaciones forzadas aplicando ley de prescripción promovida por Fuerza Popular
La investigación apuntaba a 52 personas, entre las cuales se encuentra el senador fujimorista Alejandro Aguinaga. La resolución de la Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos reconoce que hubo casos de esterilización sin con consentimiento libre e informado.
La República en GoogleLa Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos archivó la investigación por las esterilizaciones forzadas cometidas durante el Gobierno de Alberto Fujimori aplicando la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.
Son 52 personas las que se encontraban comprendidas en la investigación, entre las cuales se encontraba el exministro de Salud y actual senador fujimorista Alejandro Aguinaga.
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Fiscalía reconoce que hubo esterilizaciones forzadas y se trata de un crimen de lesa humanidad
La resolución, firmada por el fiscal Jesús Víctor Dávila Rojas y fechada el 22 de octubre último, admite que las esterilizaciones se realizaron sin el consentimiento libre e informado de las personas.
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El documento menciona que existen evidencias para afirmar que los hechos vinculados al denominado caso esterilizaciones forzadas, ocurridos entre el 28 de julio de 1990 y el 22 de noviembre de 2000 se clasifican en “los delitos de lesiones graves y de lesiones graves seguidas de muerte”.
Precisa que las intervenciones quirúrgicas se practicaron “sin el consentimiento libre, previo, pleno e informado de las agraviadas”, por lo que se trató de “esterilizaciones forzadas”.
Por estas características, y siguiendo el derecho penal internacional, se trata de un "crimen de lesa humanidad”, indicó el fiscal Dávila.
“Al haberse cometido como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra un sector de la población civil, en ejecución de una política de Estado y con conocimiento de dicho ataque por parte de los autores”, se lee en la resolución.
El documento también detalla cómo ejecutó el plan de esterilizaciones forzadas el régimen fujimorista. Para esto, se menciona el rol del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
Según la reconstrucción, en 1996 el Ministerio de Salud fijó cuotas de operaciones quirúrgicas para distintas regiones y promovió jornadas denominadas “Festivales de la Salud”. En ese sentido, de acuerdo a testimonios reunidos en la investigación, presuntamente hubo estímulos y reconocimientos al personal médico y sanitario para incrementar la cantidad de ligaduras de trompas y vasectomías realizadas.
La Fiscalía presenta documentos en los cuales se evidencia que el seguimiento de estas intervenciones llegaba hasta la Presidencia de la República. En 1997, el entonces ministro de Salud, Marino Costa Bauer, enviaba informes a Fujimori sobre el avance del programa. Uno de ellos reportaba 38.624 intervenciones hasta mayo de ese año.
En total, en la investigación se identifica a 4.172 personas agraviadas por lesiones graves y cinco mujeres por lesiones graves seguidas de muerte (Celia Edith Ramos Durand, María Mamérita Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Auccapiña, Reynalda Betalleluz Aguilar y María Genoveva Espínola Otiniano).
