Trece vidas perdidas y una serie de responsables por castigar

Por: Melina Ccoillo, Jesica Merino, Vanessa Trebejo, Karla Cruz y Johann Klug.

La noche de la tragedia en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos, Juan Antonio “Juancho” Peña Arias, también conocido como “la voz de oro”, ofrecía un concierto en el local, pese a que estos espectáculos están prohibidos para evitar el contagio del Covid-19.

Ningún testigo ha negado la presencia del cantante en el establecimiento. Tampoco lo hizo Carmen, quien se identificó como su hermana, desde su vivienda en El Agustino. “Mi hermano ese día salió a cantar como es usual en su trabajo”, declaró para La República, y agregó: lo hizo por “necesidad”.

Pero Juan Peña no solo habría ido a cantar, pues un grupo de madres de familia, en un programa televisivo, acusó al cantante de ser el organizador del evento realizado la noche del 22 de agosto, donde murieron 13 personas asfixiadas. Según ellas, no sería la primera vez que promocionaba estas fiestas, a través de grupos cerrados de WhatsApp y Facebook, por las que cobraba entre 10 y 30 soles por el ingreso al local.

Para Carmen, esto no fue así y “en su momento, mi hermano saldrá a aclarar. No se presenta porque no hay garantías”.

Hasta el cierre de esta nota, Juan Peña, quien no cuenta con procesos penales pendientes, se hallaba no habido, aunque tampoco se ha dictado una orden de captura en su contra. Según Carmen, el hombre ahora está “afectado emocionalmente porque sufre del corazón”.

Varios culpables

Hasta el momento, al menos cinco nombres son los que figuran como presuntos responsables de la tragedia: Leandro Montoya y su esposa Irene Díaz, los dueños del inmueble, quienes permanecieron ayer por la mañana en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en la avenida España, para rendir su manifestación sobre los hechos.

También está Ruth Baustista Ayala, quien fue capturada la tarde del último domingo en la Calle 2 de la Asociación Virgen del Rosario de Comas. La mujer de 29 años es sindicada como la administradora del local de Los Olivos, aunque, en un programa televisivo, cuando apenas habían pasado minutos de ocurrida la tragedia, ella se presentó como una empleada de limpieza y negó conocer a los dueños del recinto.

Ruth también es hermana de Job Luque Ayala, quien según la abogada de Leandro Montoya, es el hombre que alquiló el local y hay un contrato vigente que lo demuestra. Este documento tiene validez hasta diciembre de este año. Luque no trabajaba solo. Su pareja Yudith Ortega también contrató el local de Los Olivos el año pasado.

Sin embargo, Job y Yudith habrían pedido el permiso municipal para el funcionamiento de un restaurante y bar, mas no para la organización de fiestas.

Así lo precisó Marcelo Vilela, abogado de Luque, quien también culpó a Juan Peña “Juancho” de ser el organizador del evento ilegal y dijo que la relación del cantante con su patrocinado era de amistad.

Anoche, el Ministerio Público dispuso la detención preliminar para Job Luque y su esposa Yudith Ortega por el presunto delito de homicidio simple en agravio de las 13 personas fallecidas en la discoteca Thomas Restobar.

Para la policía, Luque es administrador y uno de los promotores del evento del fatídico 22 de agosto. Él fue trasladado anoche a Medicina Legal.

Historias

A la sede de la morgue de Lima llegó ayer Eduardo Huamán Carlos, tío materno de Lyz Yoselyn Melosevich Huanca (28), una de las víctimas. “Nos enteramos a las 10 u 11 de la noche mediante una amiga. No sabíamos que iba a ir a una fiesta. Nadie sabía”, cuenta.

Lyz era una joven dedicada a trabajar de manera independiente. No vivía al lado de sus padres, pues su progenitor está en Estados Unidos y su madre en Argentina.

“La niña está en mi poder. Se ha estado haciendo los trámites (para que sus padres regresen), pero por la pandemia, la niña no ha podido viajar donde su abuelo”, dijo su tío sobre la hija de cuatro años de la fallecida.

Eduardo aseguró que su sobrina será enterrada en un cementerio de Puente Piedra.

Más temprano que Eduardo, Raquel Osco ya esperaba los restos de su hija Sandra Peña (24), otra de las fallecidas en la discoteca Thomas Restobar. “Mataron a mi hija”, dijo ella.

Según Raquel, Sandra le dijo que iría al cumpleaños de una amiga y “que iba a venir rápido, pero a las 10:30 p.m. me llaman y me dicen que se estaba ahogando y que le habían echado bombas lacrimógenas los policías”, aseguró.

Aún con el dolor de perder a su hija, ella ahora se hará cargo del hijo de Sandra, un menor de cuatro años.

Para la psicóloga comunitaria y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Adriana Fernández, “el ser humano es un ser social y para algunos les es más difícil quedarse en casa. Pero tampoco se puede dar más libertad a los hombres que a las mujeres, porque si bien estas víctimas eran madres, a esa discoteca también acudieron hombres que tienen un grado de responsabilidad con sus familias, a quienes pudieron haber contagiado al volver a casa”.

“Lamentablemente, los padres no sabemos lo que hacen los hijos”, dijo, por su parte, Julio Percy Rioja, padre de Daphne Rioja Santos (23), otra de las fallecidas en la discoteca ilegal.

Según el progenitor, su hija era una joven tranquila, que no salía mucho, pero el día de la tragedia recibió la llamada de una de sus amigas de colegio y decidió acudir al local de Los Olivos. Ella trabajaba de forma independiente.

“Nosotros hemos estado trabajando, recibimos la llamada cuando regresamos. Nos enteramos por una de sus amigas. Pero su cuerpo no lo encontramos en el local, sino en la clínica”, detalló.

Jeny Santos, madre de la joven, también exigió que se esclarezcan las responsabilidades que tienen los organizadores del evento y sobre la acción de los policías. Para ella, los agentes del orden sí tiraron bombas lacrimógenas a los asistentes.

Precisamente, una de las asistentes, Geraldine Sánchez Sánchez, respaldó lo dicho por Jeny Santos. “Las chicas se han ahogado por las bombas, no por estar amontonadas'‘.

Lo cierto es que, luego de escuchar “todos al suelo” por parte de la Policía, logró salvarse, pero no ocurrió lo mismo con su hermana Mercedes Mik Su Sánchez Sánchez (24), una joven viuda, que tenía un niño de siete años. “Su esposo falleció hace 3 años en un accidente automovilístico. El niño solo la tenía a ella”, recuerda.

Y es que para Belisario Zanabria, exdecano del Colegio de Psicólogos del Perú, si bien incide en la responsabilidad de los asistentes, asegura que la mayoría de la población peruana tiene una disfunción ejecutiva, ocasionada desde muy pequeños, ya sea en casa o en la escuela. “Papá, mamá debieron incidir mucho en el autoestima, el valor de la vida, la precaución ante la muerte. Y en la escuela, el modelo educativo solo está orientado a desarrollo de conocimientos, mas no en el afecto, en la maduración de las convicciones éticas y morales”, explica.

En tanto, Fernández añade que “tampoco se puede permitir dar un mensaje contradictorio, porque, por un lado, se abren centros comerciales donde también hay acumulación de personas. Muchos pueden pensar que en una discoteca no les va a pasar nada. Hay que sincerarnos y saber que el Perú realmente está en una situación grave”.

Por ello, recomienda que antes de buscar culpas, se debe hallar responsabilidades, y esta tragedia tiene muchas. “Hay múltiples factores para que esta situación se dé de la manera en que se dio. Antes que culpables, deberíamos buscar responsabilidades. Este es el enfoque más constructivo que nos llevaría a no repetir una situación similar en el futuro. Nos quedan muchos meses de cuarentena focalizada. Estas tragedias no deben repetirse”.

El dato

La Fiscalía solicitó la detención preliminar para los dos administradores del local alquilado para restaurante y convertido clandestinamente en discoteca.

Claves

Detenidos. El PJ dispuso tres días de detención preliminar para Job Luque Ayala y su esposa Yudith Ortega, los administradores de la discoteca Thomas Restobar.

Libres. Quince de los 23 detenidos fueron liberados anoche por la policía.

Coronavirus: 54 vecinos dieron positivo

Durante la mañana y la tarde de ayer, el Ministerio de Salud (Minsa) tomó más de 100 pruebas rápidas a los vecinos de la discoteca Thomas Restobar. De esa cifra, 54 de ellos dieron positivo para Covid-19 y ya se encuentran bajo tratamiento. Se estimaba tomar 200 test más.

Esto se dio como medida de prevención, luego de que se confirmara que 15 de los 23 asistentes detenidos por la Policía Nacional tenían el nuevo coronavirus.

Lo lamentable es que por la tarde los otros ocho detenidos que dieron negativo en el descarte de Covid-19 fueron liberados tras permanecer en la sede de la Dirincri.

Se conoció también que los agentes policiales que participaron en la intervención serán sometidos a pruebas de detección de Covid-19 y se mantendrán aislados en la escuela PNP de Puente Piedra.

Newsletter Alerta LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.