Lambayeque: exfuncionarios de la gestión de Acuña se salvan de investigación en el gobierno regional

Siete exfuncionarios del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) se salvaron de una sanción administrativa, pese a que la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que habrían dado conformidad y dispuesto el pago a una obra con serias deficiencias estructurales generando un perjuicio económico al Estado de S/1 354 820.

A través de la Resolución Gerencial Regional n.° 000083-2020, firmada por la gerenta general María Castro Grosso, se declaró de oficio la prescripción para el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario contra los servidores de la gestión del exgobernador y actual congresista Humberto Acuña Peralta, debido a que venció el plazo para investigarlos.

Hechos

En diciembre de 2019, el Órgano de Control Institucional (OCI) comunicó al GRL sobre el informe de auditoría de cumplimiento n.° 044-2019-2-5343-AC realizada a la obra “Creación del pavimento de la av. México tramo cuadras 21 al 31 (...) en el distrito de José Leonardo Ortiz”, la cual fue ejecutada entre setiembre de 2015 y el 30 de noviembre de 2016.

La Contraloría detectó que los funcionarios encargados de dirigir y supervisar la ejecución no cautelaron que el proceso constructivo se lleve a cabo conforme a las especificaciones técnicas, no verificaron el fiel cumplimiento de los planos ni observaron la liquidación del contrato, pese a que habrían contado con evidencias de estas fallas.

“Dieron conformidad, aprobaron y autorizaron el pago de las valorizaciones; recepcionaron la obra y liquidaron el contrato, a pesar que el Consorcio México no acreditó haber realizado el número de ensayos de granulometría, CBR y grado de compactación para verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos”, se lee en el documento.

Tras revisar toda la documentación, el órgano de control determinó que no se siguieron las especificaciones técnicas, lo que ocasionó la disminución de la capacidad de resistencia de soporte de carga del pavimento en toda la extensión de la obra. Es decir, la volvió vulnerable a deformaciones ocasionando que la vida útil prevista para 15 años se redujera a tan solo cuatro, pues durante las verificaciones se encontraron fisuras y desprendimientos del pavimento.

Implicados

En dicho informe, el OCI recomendó al actual gobernador Anselmo Lozano disponer el inicio de acciones administrativas y judiciales que correspondan contra los siguientes funcionarios implicados: Fidel Ortiz Zapata (ex gerente regional de Infraestructura), Jorge Nizama Paz (ex director de obras), Ángel Liza Chafloque (ex director de supervisión y liquidación), César Jacinto Purizaca (inspector de obra), José Sono Cabrera (comité de recepción de obra), Estuardo Díaz Alvarado (comité de recepción de obra) y Eduardo Zapata Villamonte (comité de recepción de obra).

Sin embargo, tal como advierte la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (STPAD), los hechos ocurrieron en el 2016 y —de acuerdo a la Ley de Servicio Civil— en este tipo de casos solo se puede abrir proceso hasta un año después de cometida la presunta falta. Por lo tanto, se declaró de oficio la prescripción.

No obstante, sí se dispuso que la STPAD inicie la investigación para determinar la existencia de responsabilidades de algunos funcionarios por haber permitido esta prescripción.