En el Día de los Océanos, el Perú solo protege el 0.5% de su territorio marítimo
El país aún está muy lejos de alcanzar la meta. La Organización de las Naciones Unidas establece que la protección del territorio marítimo debe ser por lo menos del 10%.
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A los cinco años de haber asumido el compromiso de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, que incluye la protección de por lo menos del 10% del territorio marítimo, el Perú está muy lejos de alcanzar la meta.
Pero el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus representa una oportunidad para avanzar en la ejecución del plan de acción de 14 puntos relacionados con la vida marina, como gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros.
Con motivo de la celebración del Día de los Océanos, los expertos señalan que la situación de emergencia que vive el mundo por el nuevo coronavirus, es una ocasión en la que se deben generar las mínimas condiciones para crear un futuro más equitativo y garantizar la sostenibilidad de los recursos en el tiempo.
Para alcanzar los ODS, Oceana, la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a la conservación de los océanos, plantea como medidas urgentes en pesca y conservación marina en el país: la creación de la Reserva Mar Tropical de Grau, en el ámbito marítimo de Tumbes y Piura, y la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, una cadena de montes submarinos ubicada mar adentro a poco más de 100 kilómetros, frente a la costa de Ica.
Con la creación de ambas reservas, Perú llegaría a proteger casi un 8% de su mar, y estaría muy cerca de la meta de 10%.
“Actualmente, el gobierno peruano tiene dos propuestas de creación de Áreas Marinas Protegidas, que serían las primeras en preservar espacios exclusivamente marinos en el país. Una propuesta es la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, una cadena de montes submarinos que tiene una superficie de 62 mil 392.05 km2, un área casi tan grande como los departamentos de Lima y La Libertad juntos. Esta nueva reserva es clave porque va a aumentar la representatividad y cuidado de los ecosistemas de aguas profundas en el Océano Pacífico”, explicó Majluf.
La experta también mencionó el impacto de lo que sería la creación de la Reserva Mar Tropical de Grau.
“Dicha reserva está compuesta por Isla Foca, El Ñuro, los Arrecifes de Punta Sal, y el banco de Máncora, este último localizado lejos de la costa. Esta parte de la costa norte es importante por ser el sustento alimenticio que provee a todo el país; más de la mitad de la pesca de consumo humano directo”, precisó.
Ahora o nunca
Otra herramienta indispensable para la conservación de la vida marina es el combate a la pesca ilegal. En 2018, el Perú ratificó el mayor tratado global contra dicho tipo de delito, el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector en el Puerto, que promueve la FAO.
El acuerdo exige que los navíos foráneos reporten sobre sus operaciones y capturas antes de ingresar en los puertos peruanos y acogerse a las inspecciones.
Sin embargo, queda pendiente establecer un sistema de trazabilidad para el control de los recursos pesqueros en la cadena de comercialización e imponer sanciones efectivas para los que cometen faltas, lo que se podría conseguir incluyendo en los alcances de la Ley Contra el Crimen Organizado a los delitos contra la flora y fauna, como las especies marinas. Esta es una tarea pendiente del actual Congreso de la República, que permitiría aplicar medidas legales como el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria.
Perú ha sido uno de los primeros países en publicar la información de seguimiento satelital de sus embarcaciones pesqueras, pero la transparencia en el sector recién comienza. En esta línea, representará un gran avance que el Congreso ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú. El instrumento ayudará a garantizar el acceso a información actualizada sobre los recursos y la actividad pesquera, así como establecer mecanismos institucionalizados de participación para la toma de decisiones.
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