Trabajadoras del hogar denuncian abusos laborales y exigen mayor fiscalización de parte del Estado

Según los sindicatos y organizaciones de trabajadoras del hogar del Perú, desde que se declarara la emergencia sanitaria por COVID-19, son miles las mujeres que ejercen este oficio las que han sido despedidas de sus centros de trabajo sin el pago de sus sueldos, ni beneficios sociales. Mientras, otras son obligadas a trabajar sin días de descanso, con sueldos recortados o enfermas.

Es por ello que demandaron que el recientemente publicado Decreto Legislativo N° 1499, el cual establece una serie de medidas para formalizar su trabajo, se complemente con algunos aspectos que no han sido incluidos en la norma. Entre ellos el pago mensual teniendo como base el sueldo mínimo, el respeto irrestricto de las 8 horas de trabajo, el reconocimiento de las horas extras, 30 días de vacaciones, el pago de CTS y beneficios que percibe el resto de empleados del país.

Adelinda Díaz, secretaria general de la Fentrahogarp, demandó una efectiva fiscalización por parte del Estado. “Saludamos la publicación del Decreto Legislativo N° 1499, pero queremos que el Estado realmente haga cumplir las normas porque somos más de 500 mil las trabajadoras del hogar que no tenemos un Estado que nos proteja”, indicó la representante.

Asimismo, Ernestina Ochoa, integrante de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH), señaló que deben implementar políticas de protección y protocolos sanitarios en los centros laborales de las trabajadoras. Esto con el fin de protegerlas de un posible contagio en medio de la pandemia que atravesamos.

“Muchas trabajadoras han sido despedidas y son madres solteras que sostienen sus hogares. A otras que aún trabajan no se les permite descansar los fines de semana y su salud también se ve afectada ya que utilizan grandes cantidades de lejía sin que se les proporcionen mascarillas ni guantes. Los empleadores piensan que no tenemos derechos y que somos menos que el resto”, agregó.

En ese sentido, existe una demanda general de los diferentes colectivos, la cual le solicita al Congreso de la República la aprobación de una nueva norma que elimine los vacíos legales existentes. Esta reemplazaría la Ley Nº 27986 y estaría en concordancia con el Convenio Nº 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).