Salas Penales de Apelaciones reinician audiencias

Para resolver aquellas apelaciones que quedaron pendientes de trámite, audiencia y emisión de resolución pertinente y así evitar retardo procesal existente durante la pandemia del COVID-19, los magistrados que conforman las tres salas penales de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) reiniciaron sus labores mediante la plataforma Hangouts Meet de Google.

Es así que, en su primera semana, los jueces Víctor Burgos Mariños, Norma Carbajal Chávez y Manuel Loyola Florián, que integran la Primera Sala Penal de Apelaciones, iniciaron con las audiencias vía videoconferencia, realizando un total de cinco.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Mientras tanto la Segunda Sala Penal de Apelaciones conformada por los magistrados Cecilia León Velásquez, Jorge Colmenares Cavero y Manuel Sosaya López desarrollaron otras cinco audiencias.

• Gobierno declara días no laborables compensables por la visita del papa León XIV a Perú
• Chantal Toledo, hija de Alejandro Toledo, regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez a su padre en prisión

También se dio a conocer que los jueces Sara Pajares Bazán, Carlos Merino Salazar y Eliseo Taboada Pilco de la Tercera Sala Penal de Apelaciones también se unirán a este mecanismo virtual a partir del 11 de mayo, en la que llevarán a cabo 13 audiencias. Lo mismo ocurrió con la primera que programó siete mientras que la segunda sala realizará la audiencia de la banda “Los nuevos justicieros”.

Todo ello se impulsó gracias a la solicitud planteada por el juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Víctor Burgos Mariños, quien indicó al titular de la Corte liberteña, Oscar Alarcón Montoya, la necesidad de atender no solo materias urgentes sino también de procedimientos de beneficios penitenciarios, conversión de penas y apelaciones de sentencia de reos en cárcel que quedaron pendientes por la medida de aislamiento social obligatorio; siempre y cuando no implique el traslado innecesario del personal de los órganos jurisdiccionales.