Continúa el cobro de la tarifa de peajes durante el Estado de Emergencia

Choferes solicitan que se suspenda el pago durante el tiempo que dure la medida extraordinaria.

El cobro en las garitas de peajes en la ciudad continúa, a pesar de la declaratoria del Estado de Emergencia, medida preventiva que busca evitar la propagación del nuevo coronavirus, el cual ha infectado a más de 100 peruanos, según reporte del Ministerio de Salud (Minsa).

Un equipo de La República pudo comprobar que en las casetas de Rutas de Lima en la vía de Evitamiento, en el distrito de Santa Anita, los choferes que pasan por el peaje deben cancelar la tarifa habitual.

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Uno de los conductores manifestó su incomodidad con que el cobro continúe, a pesar de la medida decretada por el Ejecutivo. “Debería anularlo”, manifestó. La preocupación de muchos es gastar en el peaje durante este tiempo de aislamiento social obligatorio, donde no se encuentran trabajando y solo pueden movilizarse para casos de salud, ir a las farmacias o para comprar alimentos.

Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de Rutas de Lima ni la Municipalidad de Lima sobre la continuidad de este cobro, tampoco existe una medida que avale que las garitas del peaje sigan funcionando.

De acuerdo al Decreto de Urgencia, durante el Estado de Emergencia se restringe el funcionamiento de todos los negocios, a excepción de los bancos, grifos, farmacias y lugares de venta de alimentos.

Asimismo, se permite la circulación en la vía pública solo a las personas para que presten o accedan a los siguientes servicios esenciales:

-Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.

-Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad.

-Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en casos de emergencias.

-Retorno al lugar de residencia habitual.

-Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad.

-Entidades ­financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.

-Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible.

-Medios de comunicación y centrales de atención telefónica.

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