Los fracasos de la Municipalidad de Chiclayo en el mercado Modelo
Sin resultado. Desde el 2013 al 2019 se realizaron tres desalojos en igual número de gestiones, pero no fueron sostenibles.
La República en GoogleLa Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) desde el 2013 a la fecha realizó tres operativos para desalojar a miles de ambulantes del mercado Modelo.
Las gestiones de los exalcaldes Roberto Torres Gonzales, David Cornejo Chinguel y del actual burgomaestre Marcos Gasco Arrobas no consolidaron la sentencia emitida por el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo.
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La intervención de más de 250 agentes policiales en cada diligencia y los gastos operativos que realizó la comuna no consiguieron que las disposiciones del fallo judicial sean sostenibles en el tiempo, pues más de cuatro mil informales entre peruanos y extranjeros (venezolanos y colombianos) invaden el interior y las calles adyacentes al principal centro de abasto de la ciudad de Chiclayo.
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Gasco Arrobas reveló un nuevo plan estratégico para recuperar el Modelo con el pago de los días de franco de los agentes del orden, una estrategia que también aplicó la exadministración de Torres, y que no logró mitigar el problema.
Es por eso que el regidor Orlando Puell señaló que los operativos han sido flor de un día por la falta de planificación. En la lista figura la intervención policial y fiscal de mayo de 2013, febrero de 2016 y setiembre de 2019.
La liberación de espacios en el caso de los dos primeros solo se prolongó por dos semanas, mientras el último operativo hasta antes de las fiestas de fin de año.
“Falta un trabajo planificado en la comuna, en razón que el comercio ambulatorio tiene connotación social”, enfatizó Puell.
Orden judicial
El 22 de marzo del 2013, la Segunda Sala Civil, presidida por José Rodríguez Tanta, confirmó la sentencia del Segundo Juzgado Civil Chiclayo del 21 de noviembre del 2011 que declara fundada la demanda del Ministerio Público y ordena a la comuna cumplir con ejecutar las recomendaciones de Indeci que califica al Modelo como una “bomba de tiempo”.
Esta decisión fue tomada en el contexto de un proceso contencioso administrativo interpuesto –en su momento– por la fiscal Narda Aguilar Mendoza.
No obstante, el Modelo sigue rodeado por informales que incluso amenazan a las autoridades.
