Caso El Frontón: juicio por la matanza de 133 reclusos se quebró y tendrá que volver a comenzar de cero
Sanción a un juez alarga el proceso contra 35 oficiales y suboficiales de la Marina acusados de un crimen de lesa humanidad que ocurrió hace 38 años. Sin embargo, este reinició les permite invocar ley del Congreso.
El proceso judicial relacionado con la ejecución extrajudicial de 133 prisioneros en la cerrada isla penal El Frontón, que había estado en curso desde septiembre de 2017, se interrumpió debido a la suspensión provisional del juez superior Marco Antonio Angulo Morales.
Por lo cual, los 35 oficiales y suboficiales de la Marina de Guerra del Perú acusados de asesinato con ferocidad y explosión, considerados delitos de lesa humanidad, deberán seguir afrontando el proceso judicial, 38 años después de que ocurrieron los hechos.
La matanza de "El Frontón" ocurrió entre el 18 y 19 de junio de 1986, en el primer gobierno de Alan García, luego que los presos por terrorismo iniciaron un motín coordinado en tres diferentes penales de Lima y el Callao: el pabellón industrial del establecimiento penitenciario de Lurigancho, el de mujeres de Santa Bárbara y en el pabellón Azul de la hoy cerrada isla penal El Frontón, frente a las costas del Callao.
Después de infructuosas negociaciones, el gobierno declaró a los establecimientos penales como "zonas militares restringidas" lo que permitió a la entonces Guardia Republicana, encargada de la seguridad penitenciaria, el Ejército y la Marina de Guerra del Perú, retomar el control de los penales con el uso de la fuerza, lo que terminó con la muerte de 124 reclusos en Lurigancho, dos en Santa Bárbara y 133 en El Frontón.
El inicio del juicio público
La Cuarta Sala Penal Liquidadora Nacional inició el juicio en septiembre de 2017
Los hechos recién se empezaron a investigar el 2005 en ejecución de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sancionó al Perú por la muerte y desaparición de los hermanos Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera en el penal El Frontón. Ambos jóvenes se encontraban detenidos injustamente y una orden judicial para liberarlos no se pudo ejecutar por el motín.
Las investigaciones de la fiscalía establecieron que la Marina utilizó explosivos para demoler el pabellón Azul y que los reclusos que sobrevivieron fueron ejecutados cuando ya se habían rendido y estaban desarmados.
El Tribunal Constitucional ha intervenido en tres oportunidades a favor de cerrar el caso, el 2013, el 2017 y el 2022, pero al no alcanzar los votos suficientes dejaron en manos del Poder Judicial cualquier decisión sobre la prescripción.
De esta manera, el 8 de septiembre de 2017, los jueces Edhin Campos Barranzuela (presidente), Jhonny Hans Contreras Cuzcano y Otto Santiago Verapinto Márquez, integrantes del entonces "Colegiado B" de la Sala Penal Nacional, actualmente Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, iniciaron el juicio público.
La audiencia se desarrollaba una vez por semana, entre una y dos horas por cada fecha, pues con el paso del tiempo los magistrados fueron rotados, integraban otros colegiados y se les complicaba conciliar sus agendas.
Se cambia el primer juez por regreso a la Corte de Ancash
Los 35 oficiales de la Marina seguirán procesados
Posteriormente, el 17 de febrero de 2021, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dio por concluida la designación del magistrado Edhin Campos en la Corte Penal Nacional y dispuso su regreso a la Corte Superior de Justicia de Áncash.
Esto generó el primer y único cambio permitido de un juez durante el desarrollo de un juicio. El tribunal fue reestructurado y quedó integrado por los jueces Jhonny Contreras, como presidente, Otto Verapinto Márquez, como director de debates, y en lugar del juez Campos Barranzuela, ingresó el juez superior Marco Angulo Morales, con lo que el juicio prosiguió sin sobresaltos.
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El 2023, el juez Marco Angulo también dejó la Corte Superior Nacional y se reincorporó a la Corte Superior de Lima Sur, donde fue elegido presidente de la Corte. Eso no impidió que siguiera atendiendo el juicio por la matanza de "El Frontón", pues no puede haber un segundo cambio de magistrado.
Consultas al Consejo Ejecutivo en procura de salvar el juicio
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no respondió las consultas de los jueces
La situación cambió abruptamente el jueves, 21 de noviembre de 2024. Ese día, la Unidad de Sanción y Apelación de la Oficina Central de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial notificó al juez Marco Antonio Angulo que le había impuesto una suspensión preventiva en el ejercicio de toda función en el Poder Judicial.
Ante la inminencia del quiebre del juicio, el doctor Jhonny Contreras y el presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal realizaron una serie de consultas con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Autoridad Nacional de Control que evitarán el quiebre del juicio.
"Estando a la informado por el juez superior Marco Antonio Angulo Morales, tomando en consideración que el presente caso ya no admitía el cambio de magistrado y la especial complejidad del mismo (siete años de juicio oral) el señor juez Jhonny Hans Contreras Cuzcano, en calidad de presidente de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria, cursó oficio al despacho de la presidencia de la Corte Superior Nacional, el 22 de noviembre de 2024, a fin de que, por su intermedio, se ponga en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el estado actual de la presente causa y la situación del citado magistrado", de acuerdo con un documento judicial, al que ha tenido acceso La República.
El oficio indica que la suspensión impuesta al citado magistrado "acarrearía el quiebre del proceso y se debían realizar esfuerzos conjuntos para el avance del caso" y se solicitó que de manera excepcional se habilite al juez Marco Angulo Morales, únicamente para que siga conociendo la causa penal" por el caso El Frontón.
Se quiebra el juicio y todas las audiencias tendrán que volver a repetirse
La Cuarta Sala Penal Liquidadora declaró quebrado el juicio al quedarse con solo dos jueces
El 2 de diciembre se realizó la última audiencia pública. El fiscal superior, los abogados de la parte civil y los abogados de la defensa debatieron ampliamente sobre lo sucedido para llegar a la misma conclusión: el juicio se había quebrado y continuar generarían responsabilidades administrativas y penales para los dos magistrados que quedaban en pie: los jueces superiores Contreras Cuzcano y Verapinto Márquez.
La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial informó que sancionó al juez superior Angulo Morales por "presuntas faltas muy graves en su actuación como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, entre otros actos que son materia de investigación".
Los 35 oficiales y marineros deberán esperar que con el inicio del nuevo año judicial se reestructuren los colegiados de la Corte Superior Penal Nacional y con nuevos integrantes la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria inicie un nuevo juicio, en el cual, la fiscalía deberá reiterar su acusación.
El juicio se encontraba en la etapa de ratificación pericial de los más de 400 protocolos de necropsia de las víctimas, realizadas por diferentes peritos, sobre las causas y circunstancias de la muerte de los 133 reclusos amotinados. La Marina niega haber ejecutado a prisioneros rendidos. Las pericias y la fiscalía dice que sí lo hicieron y pide penas de hasta 35 años de cárcel.
Con el quiebre del juicio, los oficiales y suboficiales de la Marina tendrán una nueva oportunidad de acudir al Tribunal Constitucional y reclamar la aplicación de la nueva ley 32107, que aprobó y promulgó el Congreso el 9 de agosto de 2024, que establece que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra sólo rige en el Perú a partir del año 2002.
