Alejandro Toledo: los delitos y las pruebas de la sentencia del caso Odebrecht
La sentencia ya está lista. Los jueces están en camino a la Diores. La fiscalía ha pedido nueve años de prisión por colusión agravada y once años y seis meses por lavado de activos, que suman un total de 20 años y seis meses de prisión efectiva.
El expresidente Alejandro Toledo enfrenta está tarde su primer sentencia por delitos de corrupción y lavado de activos. El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del caso Lava Jato, pide que se le imponga una pena de 20 años y seis meses de prisión efectiva. En tanto, la procuradora ad hoc Silvana Carrión requiere el pago de una reparación civil de 1,375 millones de soles y 463 millones de dólares, en forma solidaria.
Si los jueces del Segundo Juzgado Penal Colegiado, Zaida Pérez, Inés Rojas y Richarth Quispe dan por probados los dos cargos que se le atribuye, como asegura el fiscal, le impondrá la pena que solicita la fiscalía. En cambio será menor si se acredita solo un delito: José Domingo Pérez pidió nueve años de pena por el delito de colusión agravada y once años y seis meses por el delito de lavado de activos.
El caso Ecoteva y otras investigaciones
Alejandro Toledo todavía tiene un juicio pendiente por el caso Ecoteva en relación a las empresas off shore que abrió su suegra, Eva Fernenbug y Avraham Dan On en Costa Rica y la repatriación de parte del dinero al Perú para el pago de las hipotecas de su casa de Camacho y Punta Sal, además de la compra de las oficinas de la Torre Omega.
La Oficina de Cooperación Internacional y Extradición de la Fiscalía de la Nación informó el domingo, 20 de octubre, que el Gobierno de los Estados Unidos de América accedió a la solicitud de ampliación de extradición de Alejandro Toledo Manrique, para ser juzgado por el caso Ecoteva por presunto delito de lavado de activos.
Por el caso, Ecoteva la fiscalía ha pedido una pena de 16 años y ocho meses de prisión para Toledo. La fiscalía también ha presentado cargos penales contra el ex presidente por el tramo 4 de la carretera Interoceánica, con un pedido de 35 años de prisión.
Mientras siguen en investigaciones los casos de la Carretera Interoceánica Norte, los proyectos de irrigación Olmos y presuntos aportes ilícitos en la campaña electoral de Perú Posible.
Los delitos: colusión agravada y lavado de activos
En el juicio cuyo desenlace veremos esta tarde, a partir de las 2:00 pm, Toledo solo responde por haberse concertado con el ex superintendente de Odebrecht, Jorge Simoes Barata para que la constructora brasileña se adjudique la buena pro de la construcción de la carretera interoceánica, tramo 2 y 3.
El pacto ilícito suponía el pago de 35 millones de dólares, a través de cuentas del fallecido empresario de origen israeli, Josef Maiman. Sin embargo, Odebrecht pagó solo unos 21 millones de dólares. El movimiento en transferencias bancarias de ese dinero, hasta que los fondos ingresan las cuentas de la offshore Ecoteva Consulting Group en Costa Rica, es lo genera la acusación por lavado de activos.
Las pruebas de la fiscalía
Para sustentar los cargos la fiscalía ha presentado la declaración en colaboración eficaz de Jorge Barata, Josef Maiman, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña. Además, los testimonios de los exdirectivos de Odebrecht del sector de operaciones estructuradas, conocida como la caja dos, que se encargaron de realizar los pagos ilícitos.
Igualmente, los registros de los servidores My Web Day y Drousys de los montos transferidos a las cuentas de Maiman y el levantamiento del secreto bancario que acreditan el movimiento del dinero.
Toledo se defiende de este cúmulo de pruebas negando el acuerdo con Jorge Barata a la vez que sostiene que Josef Maiman tenía sus negocios con Odebrecht en el Perú y otros países y que lo estarían utilizando para encubrir la verdad. Enfatiza que no tuvo ninguna participación en el movimiento del dinero desde que fue entregado por Odebrecht hasta que llegó a Costa Rica.
La responsabilidad de Proinversión
La sentencia también resolverá la situación jurídica de los ex miembros del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, Alberto Pasco-Font Quevedo y Sergio Bravo Orellana y del fallecido Patrick Barclay Méndez, a quienes la fiscalía los acusa de ser cómplices de Toledo.
En el caso de Barclay Méndez al haber fallecido no le alcanzará ninguna responsabilidad personal, pero si los jueces establecen la responsabilidad del Comité de Proinversión, los bienes que dejó en herencia serán embargados y decomisados para el pago de la reparación civil.
Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo aseguran que fueron ajenos a cualquier pacto ilícito entre el ex presidente Toledo y la constructora Brasileña y que cumplieron sus funciones dentro de la normatividad legal vigente sin favorecer a ninguno de los postores o participantes en la buena pro.
El jefe de seguridad de Palacio de Gobierno
La sentencia también alcanzará al ex asesor de seguridad de Palacio de Gobierno, durante la administración de Alejandro Toledo, Avraham Dan On. La fiscalía lo acusa de ser cómplice de Toledo para el pacto ilícito con Barata y en el movimiento internacional del dinero.
Dan On, que participó en el juicio mediante videoconferencia desde Israel, también se declaró ajeno a los acuerdos de Toledo, Odebrecht y Maiman. Si es encontrado culpable y se le impone una pena de cárcel, las autoridades deberán promover y tramitar su extradición desde Israel.
Los empresarios de la construcción
La sentencia que se dicte esta tarde también será relevante para Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone de JJC Contratistas Generales y José Fernando Castillo Dibós de ICCGSA. Camet Piccone se encuentra en España, pendiente de un proceso de extradición.
Castillo Dibós sí participó en el juicio, pero tiene pendiente de aprobación un acuerdo de colaboración eficaz, en el que espera ser exculpado de cualquier responsabilidad penal por el caso de la Interoceánica Sur, tramo 2 y 3.
De la reparación civil
La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión pide que Toledo y los demás acusados, en caso sean encontrados culpables, paguen una reparación civil de S/ 1,375 millones y US$ 463 millones , en forma solidaria.
El pago de la reparación civil también alcanzaría a los consorcios “Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A.”, “Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.” y las empresas consorciadas: Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA.
La lectura de un adelanto de la sentencia
A esta hora el veredicto de los jueces ya está listo, luego de un año de audiencias continuadas que comenzaron el 16 de octubre de 2023. A partir de las 2:00 de la tarde, los jueces dispondrán la lectura de un resumen de las partes principales del veredicto que resuelve la responsabilidad o inocencia de Alejandro Toledo y los demás acusados, la pena que le impondrá y la reparación civil.
La fiscalía o alguna de las partes que no este conforme con el veredicto podrá apelar, para que la decisión sea revisa por una Sala Penal de Apelaciones Nacional. Toledo continuará detenido en el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva, aunque cuando sea absuelto, algo que se considera poco probable, pero técnicamente es una de las posibilidades.
Los acusados que participaron en el juicio estando en libertad, aun si son encontrados culpables, seguirán libres hasta que el veredicto sea confirmado. El integro de la sentencia se leerá en una audiencia pública, en el transcurso de la próxima semana.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Jueves 21 de Noviembre del 2024