En juicio a Keiko Fujimori por el caso Cócteles se cumple lo que señala la ley 32108, asegura el fiscal Pérez
Crimen organizado. Fiscal José Domingo Pérez pidió el testimonio de Patricia Benavides, Martín Vizcarra, Stefan Lenz y Aldo Mariátegui para, explicó, probar la organización, capacidad operativa, reparto de roles, control de mercado y fines económicos de la cúpula infiltrada en Fuerza Popular.
El fiscal José Domingo Pérez aseguró que en el juicio a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el caso Cócteles se cumplen y podrá probar los nuevos elementos del delito de crimen organizado que señala la ley 32108, publicada el nueve de agosto último.
Domingo Pérez hizo está afirmación al sustentar los motivos por lo que requiere que los jueces del Tercer Juzgado Colegiado Penal Nacional, Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa, escuchen a siete nuevos testigos. Además de los 1,500 ofrecidos con la acusación penal que ya fueron aceptados.
Los nuevos testigos serían la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el expresidente Martín Vizcarra, el ex asesor presidencial Iván Manchego, el exfiscal suizo Stefan Lenz, el periodista Aldo Mariátegui, la presunta aportante Angélica Bautista y Chad Papenfuss, director del Departamento de Justicia de EE.UU.
Jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado
La estructura y objetivos de la organización criminal
“El testigo va a poder demostrar la estructura compleja desarrollada por la organización criminal, la mayor capacidad operativa, el reparto de roles correlacionados entre sí y cómo la organización buscaba tener el control directa o indirectamente en la cadena de valor de un mercado para obtener un beneficio económico”, sustentó José Domingo Pérez.
Lo hizo en referencia al testimonio que pueden ofrecer el expresidente Martín Vizcarra y el exasesor Manchego al haber participado en una reunión “secreta” con Keiko Fujimori donde se habló de la ley de los octógonos, que supuestamente favorecería a grupos empresariales que aportaron en las campañas electorales del 2011 y 2016.
"No cualquier persona, institución o partido política se reune en secreto con un presidente de la República en actividad. Esto permite demostrar los nuevos elementos que exige la ley 32108. Tenemos a Keiko Fujimori que es líder de la organización y a José Chlimper Ackerman que es jefe de la unidad financiera, en un reparto coordinado y concertado de roles, para tener satisfacciones de los objetivos criminales", subrayó el fiscal.
Patricia Benavides y Martha Moyano
Patricia Benavides declararía sobre reunión con Martha Moyano
El fiscal utilizó el mismo argumento, la necesidad de probar los elementos de la nueva ley sobre crimen organizado, para sustentar por qué pide el testimonio de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
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La ex titular del Ministerio Público declararía sobre una reunión con la congresista Martha Moyano, la cuál habría buscado interferir en la investigación a Fujimori y Fuerza Popular, a cambio de darle protección en el Congreso.
"Con la testigo Liz Patricia Benavides Vargas (…) vamos a demostrar que hubieron actos de interferencia al Ministerio Público que son ordenados por la cúpula de la organización criminal con la representante de dicha bancada, el partido político Fuerza Popular de nombre Martha Moyano", indicó el fiscal Pérez.
Agregó que Moyano ha declarado ante la fiscalía "que ha sostenido reuniones con Liz Patricia Benavides Vargas con el objeto de que esta última favorezca al partido Fuerza Popular en las investigaciones que se seguían en contra de dicha agrupación y por ende favorecerla en las denuncias constitucionales a la referida exfiscal de la Nación", apuntó.
El periodista Aldo Mariátegui declararía que desde el 2012 se conocía en el Perú sobre las actividades ilícitas de la constructora Odebrecht. En tanto, Stefan Lenz hablaría de los informes que entregó al Ministerio Público sobre los archivos de la constructora Odebrecht.
Fuera de tiempo y nada nuevo
Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori
Los abogados de los principales acusados en el caso cócteles se opusieron a que el tribunal acepte a los nuevos testigos presentados por el fiscal. Indicaron que los hechos de los que hablarían estos testigos son conocidos desde hace tiempo, por lo que son nuevos y que pudieron ser recogidos durante la etapa de investigación.
Además, señalaron, se trata de hechos posteriores a los eventos de la investigación y que de ninguna manera demuestran los elementos de organización criminal que establece la ley 32108, que deberá debatirse en las siguientes audiencias, a partir de la intervención del fiscal.
La audiencia continuará el 2 de septiembre. Ese día, el Tercer Juzgado Penal Colegiado escuchará la replica del fiscal a la oposición de los abogados defensores, luego de lo cual los jueces decidirán si aceptan o rechazan a los nuevos testigos de la fiscalía.
El abogado de José Chlimper, Gonzalo del Río señaló que la ex fiscal Patricia Benavides declararía sobre hechos que ocurrieron el 2022, en tanto, la investigación del caso Cócteles es sobre hechos que sucedieron el 2011 y 2016. "Si el fiscal lo consideraría debería iniciar una nueva investigación sobre lo sucedido durante la gestión de Benavides pero no traer esos hechos al actual juicio", remarcó.
En tanto, Julio César Espinoza Goyena indicó que la jurisprudencia es clara de lo que significa prueba nueva. "En el caso del ex presidente Martín Vizcarra es sobre una declaración que dio el 21 de diciembre de 2023, con posterioridad al contro de acusación. Lo que en los hechos está sucediendo es que el Ministerio Público sigue produciendo pruebas, a pesar de que la investigación ya concluyó", enfatizó.
No se cumplen los elementos de la nueva Ley de crimen organizado
Abogado Humberto Abanto
Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, indicó que ninguno de los testimonios ofrecidos por el fiscal son nuevos. Además, denunció que el fiscal Pérez ha seguido investigando a la lidera de Fuerza Popular en otra carpeta para seguir gestando medios de pruebas, como la declaración de Martín Vizcarra en la carpeta 43 a cargo del mismo fiscal.
El abogado Humberto Abanto, defensor de Jaime Yoshiyama, indicó que la declaración de Martín Vizcarra no probará lo que establece la nueva Ley 32108 pues esta norma habla de mercado ilegal y el comercio de alimentos no es un mercado ni una economía ilegal. Enfatizó que la intervención del fiscal abre el debate sobre el cumplimiento de la nueva norma sobre crimen organizado, que se deberá discutir en las próximas audiencias.
